El 23 de octubre del 2020, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Mendoza, a cargo de Raúl Levrino, adquirió mediante contratación directa 50 cajas de guantes de nitrilo marca Power Crest a 2.480 pesos cada una resultando un total de 124 mil pesos.
No obstante, en el mercado minorista puede adquirirse a 1.640 pesos. Dicho sea de paso, en una búsqueda realizada por Tribuna de Periodistas resultó imposible encontrar un precio tan alto como el abonado por la cartera de Seguridad provincial.
Ello supone un sobreprecio del 51,21%. Pero no es lo único, dicha compra fue hecha a la firma Humberto Dardo Delgado, ex Daniel Horacio Fernández y Ricardo Fernández, quien ya tuvo problemas en el pasado con el Gobierno provincial.
Con fecha 4 de mayo de 2018, el Ministerio de Hacienda y Finanzas resolvió aplicar sanciones a esta última en el marco de la adquisición de 20 resmas de papel continuo por un valor de 4.049,40 pesos.
Es que “el proveedor Fernández José Ricardo no cumplió con la entrega”, por lo que se le aplicó la “suspensión en el Registro Único de Proveedores, por 15 días”.
Cualquier proveedor del Estado debe contemplar en el precio la fecha de entrega y la fecha de pago. Con la inflación que hay y las posibilidades de bicicleta del Estado para pagar, no suena a sobreprecio. Pero en condiciones razonables, también está el hecho de que el Estado sólo le compra a una lista de proveedores preseleccionados y no a cualquier oferente. Las barreras para entrar a esa lista comprenden habilitaciones y libres deuda de todos los impuestos existentes, cosa que permite excluír oferentes casi a voluntad y ser tolerantes con otros también de manera arbitraria. Pero esas son cosas que las Oficinas Anticorrupción nunca van a aaceptar, entre otras cosas porque responden sólo a las recomendaciones y definicipnes de organismos internacionales. La realidad, si lo piensan bien, es que la corrupción nunca empìeza con el soborno sino con el incumplimiento de las funciones por parte del que compra.
LA PLANDEMIA DA PARA TODO.
Hacer una comparación de precios tomando como base el precio minorista y el precio de una licitación sin conocer las exigencias del pliego siempre es riesgoso. Como bien dice G_, primero hay que conocer las condiciones de entrega, de pago y las condiciones para participar. Por ejemplo, si el pago es a 90 días, el proveedor debe prever la financiación, el pago de impuestos una vez entregada la mercadería y la factura (por ejemplo, el IVA), que previamente tuvo que comprar el pliego y hacer una propuesta, que por sencilla que sea conlleva trabajo y gastos de presentación, así sea por correo electrónico o similar. Además, cualquier proveedor del estado debe estar registrado en alguna lista, mantener todos los impuestos al día, y tener al personal registrado en ANSeS y demás. Si el sobreprecio es del 50% repecto del precio minorista, diría que está siendo barato. Sin haber participado en serio en un proceso licitatorio del estado se suele caer en errores de concepto muy interesantes (y groseros); total, opinar siempre es gratis.