Mientras el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata inició en los últimos días el llamado a licitación para realizar un nuevo dragado de mantenimiento de la terminal portuaria, que contará con un aporte financiero del Gobierno nacional de 200 millones de pesos -aunque también se mencionó más del doble, $450 millones- , la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), manejada por la aspirante a Intendenta local por el kirchnerismo Fernanda Raverta, anunció que invertirá $ 100 mil millones para ampliar el puerto marplatense a través de la construcción de un nuevo espigón en el sector pesquero.

En este contexto, es necesario recordar el complejo y oscuro entramado que envolvió a los distintos dragados que se hicieron en el principal puerto pesquero del país a lo largo, al menos, de los últimos 10 años. Una historia repleta de irregularidades, desde sobreprecios y obscenas erogaciones millonarias, hasta denuncias por contaminación y adulteración relativas a un irreversible daño ambiental, donde los involucrados son desde el propio Consorcio, cuyo Presidente depende del Gobierno bonaerense, hasta la OPDS (Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible) y algunos Fiscales Federales de la ciudad.

El actual titular del Consorcio es Gabriel Felizia, quien asumió sus funciones en abril de 2020. Sus antecesores inmediatos fueron Martín Merlini (2016-2020) y Jorge Hidalgo (2014-2016).

El marino mercante Roberto Maturana -un experto en cuestiones vinculadas a actos de corrupción en la terminal portuaria marplatense- ha venido batallando incansablemente, desde el año 2005 hasta la fecha, para intentar erradicar lo que considera “uno de los hechos de corrupción y desastre ambiental más graves de la historia”. Fue a partir de la sanción de la Ley 23.618 -publicada en el Boletín Oficial en fecha 13 de diciembre de 2007, esto es, tres días después de los comienzos de los mandatos de Cristina Kirchner en la Nación, Daniel Scioli en Buenos Aires y Gustavo Pulti en Gral Pueyrredón, que declara al puerto de Mar del Plata en ‘emergencia’-, que la situación tendió a agravarse, en conformidad con las acusaciones del denunciante. La citada legislación dispone la reasignación de una partida presupuestaria para el inmediato dragado del puerto en cuestión. Un dragado es, lisa y llanamente, una acción tendiente a facilitar el acceso a una terminal portuaria a los efectos de que puedan ingresar barcos de gran porte, como ser buques portacontenedores y cruceros., consistente en la limpieza y el ahondamiento de un cuerpo de agua, a partir de la remoción de rocas y sedimentos.

La problemática en cuestión la explica a la perfección el periodista especializado en temas portuarios Roberto Garrone en un artículo en el diario “La Nación”: “Por la ubicación de la Escollera Sur, los sedimentos que arrastra la corriente marina, en dirección sur – norte, se acumulan en su extremo y forman un banco de arena que termina volcando material a los canales de acceso al puerto y es necesario un dragado periódico para mantener operativas sus vías navegables. Hay una la colección de dragas que en los últimos 30 años han pasado por la boca principal del puerto y han succionado cientos de millones de dólares de las arcas públicas sin que el problema de fondo se resuelva”.

Desde la primera draga Mendoza, propiedad del Estado Nacional, que arribó en 2009, hasta la llegada del buque de bandera china Xin Hai Beng en 2014, se calcula que se gastaron aproximadamente más de US$ 25 millones. El valor de referencia mundial es de casi u$s3 por metro cúbico de dragado. Es decir que, de acuerdo a estas cifras, el resultado de la draga debió devolver como resultado un aproximado de 8.300.000 metros cúbicos. A efectos de ser claros, esto ‘equivale a dragar cuatro años el puerto de Buenos Aires’, afirma Maturana. Para tener una idea de la desproporción, el nuevo dragado se propone remover 560.000 mts3 de sedimentos acumulados.

No obstante, desde el año 2009 se sucedieron dragas de corte, de succión y grúas -pero los trabajos jamás se completaron. A todas luces, los resultados se alejan de todo parámetro de normalidad. “Pagamos la obra más cara de la historia y, encima, las batimetrías (medición y control del dragado) las realiza la misma empresa. Es una locura”, consignaRobertoMaturana.

La draga Victory I

Promediando el año 2015, arriba una nueva draga a la ciudad: la Victory I, que estuvo prácticamente un año sin funciones. Pero antes de ello, apenas comenzada sus acciones, se produjo un gravísimo hecho.

El 22 de junio de aquel año, socios del club Náutico denunciaron la presencia de un líquido negro que brotaba de unas cañerías y era vertido en el agua de una bahía que es normalmente utilizada para que los jóvenes practiquen deportes de vela. Dichas cañerías eran parte de los trabajos de dragado para que ingresen los buques portacontenedores y son responsabilidad del Consorcio Portuario. Un video de aquello se viralizó. Desde el club Náutico se mostraron preocupados porque el lugar afectado “es una bahía acotada, sin movimiento de agua, utilizada para que los chicos aprendan a utilizar los barcos con vela”.

Apenas un día después, el 23 de junio de 2015, Roberto Maturana presenta una denuncia, con el patrocinio de la Dra. María Carpineto, por ante la Fiscalía Federal 2 por entonces a cargo del subrogante Pablo Larriera, hoy camarista en Bahía Blanca. Luego de la presentación judicial, las autoridades portuarias ‘deciden tirar los vertidos contaminantes obtenidos del dragado en un predio del Estado Nacional, sin la debida autorización‘, refuerza Maturana. Dicho predio se encontraba detrás de los famosos silos lindantes con la terminal portuaria, formándose unos ‘piletones desbordantes de aguas y lodos contaminados escurriendo al mar y a las napas‘, reza la denuncia.

La presentación subraya un hecho primordial: la carencia absoluta de Estudios de Impacto Ambiental (EsIA), necesarios en cualquier obra pero un documento fundamental para iniciar un dragado, una acción contaminante en sí misma, para evitar un posible daño ambiental:  “Los vertidos ilegales de las obras de dragado se  han hecho sin el más mínimo resguardo ambiental, sin Estudio de Impacto Ambiental, ni Plan de Gestión Ambiental, ni Protocolo de Contingencias, ni Programa de Monitoreo de la calidad del agua, sin cumplir con lo establecido por la Ley 24.051″, explicita la denuncia. Dicha Ley, que tipifica sobre el tratamiento de ‘residuos peligrosos’, abarca a la generación, manipulación, transporte, tratamiento, y disposición final de ese pernicioso subproducto.

 En concreto, se dejaron de tirar los contaminantes en la Playa del Club Náutico, pero los empezaron a arrojar en un predio entonces perteneciente a Nación ubicado en el Espigón 3 del Puerto. “Denuncio que se tiran ilegalmente en ese lugar sin Estudios de Impacto Ambiental a un piletón que a través de una compuerta devuelve todo al mar”, cuenta Maturana. “Es decir, cuando te metes en el mar, te bañas en aguas contaminadas”, explicita el denunciante. Ese “piletón” es en realidad una “planta de disposición final ilegal de tóxicos altamente peligrosos”.

La Fiscalía Federal N°2 toma la denuncia, pero no manda a tomar muestras, ni ordena registros fílmicos ni recabar testimonios, y ni siquiera incorpora el video viralizado. Por oficio ordena que el Consorcio Portuario Regional Mar del Plata (CPRMDP) remita los EsIA a la Fiscalía. Los mismos nunca llegaron.

Recién el 16 de mayo de 2016, es decir casi 1 año después de la presentación judicial, cuando “la draga Victory I ya había terminado de desparramar contaminantes en el mar (zonas de pesca), napas (Espigón 3), playas (zonas de recreación), lagunas, atmosfera, dejando un páramo yermo de evidencia silenciosa”, afirma un amparo ambiental presentado por Maturana el 16 de octubre de 2018 donde solicita la suspensión de las obras, se forma causa penal, calificando a los hechos denunciados como ‘contaminación culposa‘. Es decir que, ‘para la Fiscalía, los responsables tiraban contaminantes al mar sin darse cuenta’, afirma el denunciante. El mismo puntualiza: ‘La demora en la formación de la causa penal permite a los denunciados continuar con su plan criminal’. Ya para ese entonces, el Fiscal era Nicolás Czizik, quien reemplazó a Larriera en agosto de 2015.

“La Fiscalía revela que ningún interés tiene por investigar a los responsables de un daño ambiental escalofriante, como resulta verter tóxicos altamente peligrosos CLASE 4 según Lista Holandesa (disposición confinada, manipulación especial) y Categoría III b según CEDEX (recintos con paredes impermeables), incluidos en los anexos de la ley 24.051”, resume el amparo presentado.

La norma holandesa aludida se denomina “Normativa de Holanda: Evaluación de la Calidad del Agua”, que establece que los sedimentos catalogados “Clase 4”, se encuentran por encima del valor de intervención, por lo que “deben confinarse aisladamente en pozos profundos o en tierra para minimizar su influencia sobre los alrededores”. Maturana asevera que “en Europa se trata de un delito gravísimo. Además de ir preso, te ponen una multa descomunal. Acá es una joda”.

Respecto al desinterés acusado por el denunciante sobre el rol de las Fiscalías, aclara: “Digo ningún interés y lo demuestro: de la documentación recibida un año antes de (la Subsecretaría de) Vías Navegables de Nación, surge el fraude ambiental al licitar una obra sin estudios de impacto ambiental ni audiencias públicas ni seguros ambientales, siendo que se contrata en base a la Res. 11/13 de la OPDS que declara ambientalmente apto el dragado de otras zonas y vertidos en el mar, siempre que se realicen muestreos rigurosos en la pluma de sedimentos, con limite de vertido en metros cúbicos (v. fs 154 vta.) y ordena se realicen EsIA para otras zonas y dragado de mantenimiento. La Res. 11/13 y su Anexo I también es remitida por Vías Navegables, con un mapa que acredita mi denuncia ya que delimita las zonas a dragar y las zonas de vertido, TODO SIN EsIA habilitante y NI SIQUIERA AUTORIZACIÓN DE VÍAS NAVEGABLES”.

La Resolución 11/13 de la OPDS-Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable-en verdad se refería a otras obras, y no específicamente a las vinculadas al Puerto de Mar del Plata, pero ya se volverá sobre este punto en la segunda parte del informe.

“Los dragados en cualquier parte del mundo se hacen con estrictos protocolos. Los productos contaminantes de vierten en contenedores o son enterrados en depósitos a tal efecto, con paredes de cemento o suelos impenetrables. Acá no se cumple nada”, advierte Maturana. De hecho, el 26 de diciembre de 2016 se denunció que se iniciaban nuevas obras de dragado y que se estaban removiendo ilegalmente los contaminantes del Espigón 3, y que los residuos contaminados removidos se trasladaban ilegalmente en camiones del Municipio sin ningún tipo de autorización a destino desconocido. Según se supo, el EMVIAL (Ente Municipal de Vialidad) vertió los desechos tóxicos en la periferia de la ciudad durante la gestión del ex Intendente Carlos Arroyo.

En un reconocido estudio del año 2005 realizado por el Departamento de Microbiología de la Universidad de Barcelona, llamado “Efectos sobre la salud de la contaminación de agua y alimentos por virus emergentes humanos”, se afirma: “Las aguas residuales son la principal fuente de microorganismos patógenos que se transmiten a través del ambiente y que llegan a la población especialmente a través de la contaminación del agua”.

“El puerto debe ser dragado, si, pero la profundidad la deben pagar quienes usufructúan con ella, los grandes jugadores del mercado, las empresas privadas que lo utilizan, y no la provincia. Se gastan millones de pesos que se podrían utilizar para escuelas, calles, seguridad, salud”, concluye Roberto Maturana.