Esta semana, un debate que parecía haber quedado sepultado, reapareció: la posibilidad de suspender las Primarias, Abierto, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En el marco de una reunión del flamante Consejo Regional Argentino Norte Grande, que reúne a las provincias del noroeste (NOA) y el noreste (NEA), los gobernadores le pidieron al gobierno nacional la suspensión de las primarias por motivos sanitarios y económicos.

Diez provincias participaron del encuentro con el presidente Alberto Fernández en Chilecito (La Rioja), ocho lideradas por el peronismo o sus aliados (La Rioja, Chaco, Tucumán, Catamarca, Formosa, Salta, Misiones y Santiago del Estero) y dos en manos de Juntos por el Cambio (Jujuy y Corrientes), aunque la voz cantante de la solicitud estuvo a cargo del anfitrión Ricardo Quintela y de Jorge Capitanich.

Sin embargo, este pedido vuelve a chocar con los intereses del kirchnerismo, que aspira a utilizar las PASO como mecanismo para disputarle el poder a algunos caciques provinciales y municipales al interior del Frente de Todos. Además, al margen de la posición que puedan tener Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), la cúpula de Juntos por el Cambio (incluyendo al jefe de gobierno, Horacio Rodríguez Larreta) tampoco está de acuerdo en suspender las primarias, y modificar las reglas de juego a meses de la elección sin un acuerdo amplio con la oposición parece descabellado.

En este marco, en el que el gobierno nacional parece haber hecho oídos sordos frente al pedido de las provincias del norte, algunos gobernadores comienzan a mover sus fichas, definiendo su estrategia política unilateralmente y organizando, en función de esta, su propio calendario electoral. Quien “primereó” al gobierno nacional fue el salteño Gustavo Sáenz (que llegó al poder aliado al macrismo, pero es cercano a Sergio Massa) quien convocó a elecciones provinciales para el 4 de julio.

Sáenz fue el primero, pero varios gobernadores podrían seguir sus pasos y desdoblar las elecciones. Algunos podrán ampararse en que sus constituciones los obligan a desdoblar, otros aducen que en agosto se encontraran en pleno invierno, en el medio de la campaña de vacunación y, posiblemente, atravesando los efectos de la segunda ola. Más allá de que estos argumentos resultan válidos, se entrecruzan también razones políticas que justifican adelantar los comicios. Desde el punto de vista constitucional, las provincias están facultadas para decidir la fecha en la que deben elegirse sus autoridades, sin intervención del gobierno nacional.

Los gobernadores comienzan a percibir la erosión sufrida por el gobierno nacional, luego de una dramática recesión económica y de lo que hasta ahora resultó un manejo poco efectivo de la pandemia. Argentina está entre los países de la región que más sufrió el shock económico provocado por el Covid-19. Como consecuencia,el desempleo se disparó y la pobreza alcanza al 44% de la población (según cifras de la UCA).

Además, la velocidad de recuperación, con la cuarentena concluida, no es la que se esperaba. A pesar de las restricciones que se adoptaron, en términos sanitarios los resultados tampoco son favorables: han fallecido más de 46 mil personas a causa del virus. Este cuadro de situación provoca el debilitamiento del gobierno nacional, lo cual podría verse reflejado en términos electorales. Por eso, en silencio los gobernadores prefieren soltarle la mano a la Casa Rosada, desdoblar sus comicios y evitar el arrastre negativo, focalizando la discusión en cuestiones provinciales.

En definitiva, la situación actual es adversa, pero los gobernadores interpretan que no resulta decisiva electoralmente y, en todo caso, si lo creen conveniente aún están a tiempo de despegarse del gobierno nacional. En cambio, a futuro los riesgos son múltiples: un fogonazo inflacionario, una devaluación caótica, negociaciones frustradas con el FMI, retraso en la provisión de vacunas, segunda y/o tercera ola de Covid-19… cualquiera de estos riesgos potenciales podrían terminar por configurar un escenario peor al actual y generar un efecto tóxico que afecte a todo el sistema político. Para los gobernadores, más vale malo conocido que bueno por conocer.