Luego de las complicaciones de la pandemia, la incertidumbre en el plan de vacunación contra el Covid-19 y el desmadre de los precios, el presidente Alberto Fernández apuesta a un Pacto Social para recuperar terreno y ganar las elecciones legislativas de octubre próximo. Ese pacto debería tomar forma con la demorada conformación de un Consejo Económico y Social, por ley, que podría ser presidido por el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz.

En el medio, el Presidente quiere activar el acuerdo de precios y salarios entre el Gobierno, los empresarios y los sindicatos, cuyos detalles no están definido. “Tiene que haber un acuerdo”, aseguró a A24.com un funcionario de la intimidad del Presidente.

El temor a perder las elecciones de medio término está muy presente en la Casa Rosada. El ministro de Economía, Martín Guzmán, quiere fijar un piso de aumento salarial de 31%, dos puntos por encima de la pauta de inflación del Presupuesto 2021, 29%. Pero una gran preocupación del gabinete económico es que el índice de precios al consumidor de enero podría alcanzar el 4%, lo que condiciona la proyección anual y la ubica en el 50%. “Desconozco cuándo lo anunciarán el Pacto Social, pero lo deberá capitalizar Alberto”, señalan en Balcarce 50.

“Guzmán espera que los salarios promedio estén 2 puntos por encima de la inflación prevista, que es de 29%”, agregó otra fuente oficial. “Los salarios le tienen que ganar a la inflación”, dicen cerca de Matías Kulfas, ministro de Desarrollo Productivo, clave en el gabinete económico.

Sobre el acuerdo de precios no hay detalles. Pero un modelo será el acuerdo con el sector de la carne, que fijó precios topes para 10 cortes de carne en los supermercados. Tal como anticipó A24.com en Navidad, Alberto Fernández tiene una obsesión por los precios de la carne, del trigo y del maíz. La carne tuvo su acuerdo. La prohibición de exportar maíz fracasó. Se buscan soluciones para el trigo y los demás alimentos.

“Todavía no hemos recibido ningún llamado del Gobierno, esperemos que la verbalicen”, contestaron en la Coordinadora de Industrias de Productos Alimenticios (Copal), que preside Daniel Funes de Rioja. En la Unión Industrial Argentina (UIA), altos directivos confiaron que “todavía no hicieron ninguna propuesta oficialmente, la semana que viene empezamos y nos llamarán”. La Sociedad Rural Argentina tampoco recibió señales, pero algunas federaciones de Coninagro fueron sondeadas.

En el bloque del Frente de Todos en el Congreso aseguraron que el Pacto Social pasó a ser uno de los temas principales de las reuniones preliminares del año parlamentario porque el aumento de los precios es la preocupación central del Presidente. Será clave en la agenda mediante algún proyecto de ley, que todavía no emergió.

Esta obsesión de Alberto Fernández se originó en el discurso de la vicepresidenta Cristina Kirchner en La Plata, en diciembre último, cuando dijo que no quería que el crecimiento de la economía previsto para 2021 se “lo llevaran tres o cuatro vivos” y marcó la cancha: “Debe haber un alineamiento entre precios, tarifas, salarios y jubilaciones”. Alberto lo está intentando. En este punto, como en otros, Cristina marcó el rumbo.

“Hace 15 días Alberto dijo que Beliz será el presidente del Consejo Económico y Social”, confió un ladero del jefe del Estado. Beliz ya lo conversó con otros incondicionales de Alberto.

El Consejo Económico y Social serviría para los grandes acuerdos de mediano plazo entre el Gobierno, los principales empresarios, los sindicatos y los movimientos sociales. El jefe del Gabinete, Santiago Cafiero, podría convocar a todos los sectores en los próximos días y en base a ello articular un proyecto de ley. “Pero hoy los aumentos de precios son la preocupación principal. Si acordamos salarios con la pauta inflacionaria del 29% para 2021 y en enero la inflación es de 4%, se descalabra todo el plan”, dijo un funcionario K del Congreso. Las consultoras privadas estiman que la inflación será este año del 50%.

Según pudo saber A24.com, el nombre de Beliz también se baraja para un eventual recambio, en marzo, del canciller Felipe Solá. Aunque hay otros candidatos en danza: Jorge Argüello, embajador en Estados Unidos, y Daniel Scioli, embajador en Brasil. Solá podría migrar a otro ministerio, al igual que otros ministros. Otra alternativa es que podrían ir de candidatos con miras a la campaña electoral para las legislativas de octubre.

“Todavía sigue la idea de un cambio de gabinete para marzo”, señalan en el entorno de Alberto Fernández. “Pero el cambio debería ser para que los ministros salientes se conviertan en candidatos del Frente de Todos. Por ejemplo, María Eugenia Bielsa era una muy buena candidata para Santa Fe, donde no tenemos, pero se la desgastó al sacarla antes de tiempo. Hay que cuidar a los ministros”, señaló, autocrítico, un miembro del entorno.

En el gabinete económico que preside Guzmán se habló el miércoles último de la coordinación de políticas de precios y salarios. Allí se definió la articulación con los distintos sectores económicos para la coordinación de políticas consistentes con los objetivos macroeconómicos. “No puede negociar cada sindicato por su lado, deberá haber coordinación”, señalaron en el ministerio que dirige Kulfas.

Guzmán considera que la inflación es un fenómeno multicausal, una combinación de factores macroeconómicos y pautas de comportamiento y de formación de expectativas. El ministro asegura que dirigirá la política fiscal, la monetaria y la cambiaria de acuerdo a los objetivos definidos en la ley de Presupuesto 2021. En el sector privado desconfían: las necesidades electorales podrían alterar los objetivos fiscales y monetarios.

Desconfían de Cristina en un escenario de caída de las encuestas: ella no tendría reparos en modificar los objetivos de emisión y de gasto. Las elecciones, para ella, están antes que el acuerdo con el Fondo Monetario, que Guzmán espera para mayo. Sin un triunfo electoral, la suerte de todo el Frente de Todos, y la suerte judicial de Cristina y sus ex funcionarios, podría comenzar a verse muy comprometida. La ex presidenta afrontará este año dos juicios orales y necesita votos para amedrentar a los jueces.

Por ese frente judicial, el Presidente apostará todo a sancionar cuanto antes la ley de creación de un Tribunal Intermedio, paralelo a la Corte Suprema, para aliviar de causas al máximo tribunal. Sería otra instancia de apelación para demorar juicios. Descuenta que el Parlamento ya no le ofrecerá los votos para la reforma judicial que había planeado. Pero sí impulsará la urgente designación en el Senado, con los dos tercios, de Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación. En principio, Cristina estaría alineada con esa decisión.

El otro frente es la pandemia por el Covid-19. El plan de vacunación está en serio peligro por las demoras del Instituto Gamaleya para fabricar la vacuna rusa Sputnik V. Esta semana, el Gobierno asumió que no podrá cumplir el objetivo prometido de vacunar a 5 millones de personas en enero y otras 5 millones en febrero. El Fondo de Inversión Ruso advirtió que habrá demoras en la provisión de vacunas de dos a tres semanas. Eso alcanza a prácticamente todo el mes de febrero. No está el cronograma de entregas. Según el contrato original, 5 millones llegarían en enero y 14,7 millones en febrero. Pero está claro que no ocurrirá.

“Estamos esperando el cronograma Sputnik y mientras tanto se avanza en las otras negociaciones con otros laboratorios”, señaló una fuente cercana al ministro de Salud, Ginés González García. Allí asoma con fuerza el protagonismo de Sabino Vaca Narvaja, designado embajador en China en reemplazo de Luis Kreckler. Las gestiones las había iniciado Kreckler y Sabino informó que concretó el envío de dos millones de vacunas de Sinopharm para las próximas semanas. “Tenemos Plan B”, dicen en la Casa Rosada. “Sabino es el único que me devuelve todas las paredes”, dijo Alberto hace dos semanas en lenguaje futbolístico. Le pidió hace 20 días premura para la llegada de la vacuna china.

En media hora, Vaca Narvaja escribió tres cartas en idioma chino para el presidente Xi Jinping, para Sinopharm y para la cancillería de China, todas firmadas por Alberto, Gines y Solá, respectivamente. China se comprometió entonces con dos millones de dosis, aunque en el Gobierno no lo confirman. Las vacunas de Pfizer están en negociaciones, las de AstraZeneca llegarán en marzo o abril y las del Fondo Covax, en febrero con viento a favor. Todavía están por verse las cantidades de cada una de ellas. Ahora en el Gobierno no quieren hacer más promesas.

El otro frente pandémico es Formosa. Las denuncias de violaciones a los derechos humanos al gobierno de Gildo Insfrán son suficientemente graves como para que el Presidente enviara al secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, que informó que no vio ninguna de esas violaciones. Pero las evidencias muestran detenciones desmesuradas para controlar el virus. Si hubieran ocurrido en la Ciudad, Jujuy o Mendoza, con gobiernos opositores, Pietragalla hubiera hecho un escándalo.

En ese contexto, Alberto firmó el decreto de ampliación del Dispo, con la habilitación para el comienzo de clases, un conflicto aún no resuelto con algunos sindicatos K. El Presidente necesita algún triunfo político para salir de la sensación de sucesivos fracasos.