Un aspecto poco estudiado de la deuda pública nacional la integran los fallos adversos que el Estado nacional suele acumular en organismos internacionales ante la falta de cumplimiento con compañías multinacionales y por conflictos comerciales de crédito o inversión. La tendencia de los gobiernos de nuestro país, en particular desde el 2001 hasta la fecha, para cambiar reglas, romper o alterar contratos con el sector privado o incumplir créditos, ha posibilitado que la Argentina se encarame a los más alto de la tabla de conflictos en el Centro Internacional de Arreglos de Diferencias relativas a inversiones (CIADI) que pertenece al Banco Mundial y posee su sede en la ciudad de Washington.

No es el único tribunal donde la Argentina suele perder juicios relativos a inversiones o concesiones también los sigue perdiendo en tribunales de justicia estadounidenses, basta recordar la saga del fallecido juez del distrito sur de Nueva York Thomas Griesa y los juicios de deuda y la insólita medida de retención de la Fragata Libertad en el puerto de Tema en Ghana en el año 2012, o en la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

Pero el caso que más preocupa al Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, jefe de los abogados del Estado nacional, y por extensión a los dirigentes del Instituto Patria, es el del CIADI, donde el país muestra su peor rostro a la hora de intentar atraer inversiones extranjeras directas.

La vicepresidente Cristina Fernández tiene memoria de los momentos difíciles de los gobiernos que la tuvo como protagonista y no olvida que durante la presidencia de Néstor Kirchner, en el año 2005, el organismo falló en contra del Estado por primera vez y fue allí cuando se planteó la necesidad de terminar con la jurisdicción del CIADI para arreglar diferencias.

Sin embargo, Néstor Kirchner no terminó con la tradición heredada de los gobiernos de Carlos Menem en los 90s y decidió no renunciar al foro del Banco Mundial. Si lo hubiera hecho cuando asumió en 2003, en 2013, la jurisdicción del CIADI habría caducado.

Prefirió desconocer los fallos que se fueron acumulando en forma adversa para los intereses de la Nación y rechazó pagar los laudos contrarios al Estado bajo el argumento que las empresas multinacionales deberían concurrir a los tribunales argentinos para dirimir las diferencias económicas y financieras. El discurso oficial ayer, al igual que hoy, habla de pérdida de soberanía, a pesar que Cristina Fernández, a fines de su segunda presidencia en 2015, alcanzó un acuerdo con cinco compañías por un total de 506 millones de dólares, que se saldaron con una nueva emisión de bonos en moneda extranjera.

El llamado de atención del amigo americano

En medio de muchas tribulaciones acerca de su continuidad en el Gabinete nacional el canciller Felipe Solá exhibe un punto de aprobación en el Instituto Patria por su esfuerzo, por ahora declamatorio, de revisar los acuerdos de protección de inversiones que se firmaron desde 1995, donde se incluye el compromiso de recurrir al tribunal del CIADI ante diferencias que puedan ocurrir.

En ese sentido, el pasado viernes 15, Zannini se reunió en el Palacio San Martín con el cuestionado canciller para avanzar en una estrategia en conjunto que permita revisar los 59 acuerdos bilaterales de inversión firmados desde las administraciones menemistas hasta la actualidad.

Una negociación ardua y lenta porque deberán discutirse con los funcionarios comerciales de cada nación con las que la Argentina firmó acuerdos.

Un caso testigo es Chile. En la semana que Alberto Fernández visita a Sebastián Piñera en Santiago para profundizar el Acuerdo de Complementación Económica (ACE), que se ha convertido en política de Estado puesto que las negociaciones incluyeron a la gestión de Jorge Faurie durante el gobierno de Cambiemos, los funcionarios de Cancillería analizan que el cambio de jurisdicción para arreglar diferencias pactado con Chile puede convertirse en el modelo a seguir con otras naciones.

Las razones que se aducen para cambiar acuerdos es el desarrollo de la cuarta revolución industrial que ya es una realidad a diferencia de lo que sucedía a fines del siglo pasado. Temas como el e-commerce; las patentes; logística y la irrupción de las compañías de servicios, pueden servir como acicate para retocar los compromisos asumidos.

Pero, en los últimos días, la administración de Alberto Fernández ha tomado nota de los primeros decretos publicados por el nuevo presidente estadounidense Joe Biden. Decretos que van, en casi su totalidad, en la dirección opuesta a su predecesor, Donald Trump, en la mayoría de las cuestiones pero, fundamentalmente, en el armado de la gobernanza mundial.

Estados Unidos está de vuelta en casi todos los organismos internacionales de los que Trump había desafectado a su nación, incluida la OMS (Organización Mundial de la Salud) sospechada por su gestión de la crisis de coronavirus, y tendrá una gran incidencia en las decisiones que se tomen en el Fondo Monetario Internacional (FMI); Banco Mundial (BM); Banco Interamericano de Desarrollo (BID); y Organización Mundial del Comercio (OMC). Este último organismo no es menor en la estrategia de los demócratas puesto que Trump se las ingenió para paralizar las actividades de la OMC.

En un momento global en el que se buscará cooperación para terminar con la crisis producida por el Covid-19 los funcionarios de la Casa Rosada, entre los que se cuenta el Secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Beliz, comienzan a recalcular acerca de las reales posibilidades de cambiar los tratados firmados con otros países que permitan trasladar los tribunales del exterior a nuestra jurisdicción.

La necesidad de seguir el tema radica en el impacto que podría tener continuar acumulando fallos en contra para la recesiva economía de la Argentina. El analista Sebastián Maril de la firma Fin Gurú reseñó en su blog que la Argentina tiene seis casos con sentencia adversa pendiente de resolución en el CIADI por un total de 804 millones de dólares y enfrenta demandas por 1600 millones de dólares en cinco casos en curso.

Usualmente nuestro país pierde estos juicios, como sucedió en los casos del Grupo Marsans por la estatización de Aerolíneas o como sucede con un diferendo que preocupa a la canciller de Alemania, Angela Merkel, por la constructora teutona Hochtief, que tiene un conflicto abierto desde el año 2007 con la Argentina, por la construcción y mantenimiento de un puente que une las ciudades de Rosario y Victoria. Cada vez que la Argentina pierde un juicio se ve obligada a emitir deuda nominada en moneda extranjera para pagar. Dólares que sobran en el mundo y escasean en el país.