Tras un mes de feria, la Justicia retoma mañana la actividad y se reanudan los juicios de corrupción con la definición de algunos de ellos, como el de "La ruta del dinero K", aunque con un ritmo más lento por la pandemia del coronavirus.

La Justicia inicia otro año muy particular, con el objetivo de darle continuidad a su labor, en medio de una pandemia de alcance mundial y la falta de estructura que sorprendió a comienzos de 2020, sumado a la poca voluntad de avanzar con las causas por corrupción en algunos casos.

El denominado juicio por "La ruta del dinero K", que compromete a Lázaro Báez y a sus cuatro hijos por la mega investigación de lavado de dinero que tiene alcances políticos hasta la vicepresidenta Cristina Kirchner, llega a su fin.

Sobre Báez pesa un pedido de condena de hasta 12 años de prisión por varios hechos de lavado de dinero, pero la repercusión política va más allá del caso, ya que también se reanudará el otro debate oral por fraude en la obra pública en el que son juzgados él, Cristina Kirchner, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y otros ex funcionarios kirchneristas.

En el juicio por "La ruta del dinero K" ya hubo alegatos de los acusadores y restan los de algunas defensas, para luego escuchar el veredicto y saber si Báez vuelve a prisión, luego de que el año pasado obtuviera la domiciliaria tras de cuatro años preso con preventiva.

A un ritmo más lento avanza el proceso por fraude en la obra pública, el único que tiene en curso Cristina Kirchner, ya que no tienen fecha de inicio los otros que la tienen como imputada: el de perjuicio al Estado por venta de dólar futuro; el que la acusa de "jefa" de una asociación ilícita en el caso "cuadernos"; los de lavado de dinero por Hotesur y Los Sauces; y el de encubrimiento del atentado a la AMIA por la firma del Memorándum de entendimiento con Irán.

Justamente, en este último caso está por decidirse si se le toma declaración como testigo al ex jefe de Interpol Ronald Noble, ya que las defensas sostienen que con su testimonio quedará en evidencia que con la firma del tratado no se ponían en peligro las órdenes de captura vigentes en el organismo internacional hacia los ex funcionarios iraníes acusados del atentado.

Otro de los juicios que va a tener continuidad es el de la evasión de impuestos por la venta de combustibles, en el que se acusa al empresario Cristóbal López, su socio, Fabián De Sousa, y el ex titular de la AFI Ricardo Echegaray, este último por la falta de control.

En el período 2021 se retomará el proceso por enriquecimiento ilícito contra el ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, preso y condenado por la tragedia ferroviaria de Once, entre otros casos, así como por el presunto pago de sobreprecios y defraudación al Estado con la compra de trenes inutilizables a España y Portugal.

De Vido también aguarda con expectativa que se reanude la feria judicial, pues hace semanas la Cámara Federal de Casación Penal confirmó su condena de cinco años y ocho meses de prisión, y ahora ese mismo Tribunal debe resolver si le concede una eventual apelación que haga el ex funcionario a la Corte.

Si lo rechaza, irá preso, ya que sólo le quedaría la posibilidad de ir en queja a la Corte, pero ese pedido no tiene efecto suspensivo de la condena.

En el arranque de la actividad también se aguarda con expectativa lo que sucederá con el ex vicepresidente Amado Boudou, que se encuentra con prisión domiciliaria pero se debe resolver si vuelve a la cárcel para cumplir con la condena del caso Ciccone Calcográfica a cinco años y diez meses de prisión.

En cuanto a las causas contra el macrismo, se reanuda el trámite por "espionaje ilegal" que tiene en la mira al ex presidente Mauricio Macri y varios de sus ex funcionarios, como los ex jefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

Otros expedientes con cierto grado de avance son el de defraudación por la quita de una gran porción de la deuda que el Correo Argentino mantiene con el Estado Nacional, y el que cuestiona la denominada "mesa judicial" que según el kirchnerismo armaba los casos contra funcionarios de su gestión.

Todo eso en medio de un contexto signado por la tan anunciada reforma judicial en el fuero federal, que por ahora quedó a mitad de camino, ya que se trabó en la Cámara de Diputados, y la mirada puesta en la Corte Suprema con ideas de cambios en cuanto a su funcionamiento y la limitación de su poder.