La ambigüedad y la confusión son dos marcas de fábrica de la gestión que encabeza Alberto Fernández. Ellas se extienden como una mancha de aceite sobre los problemas que componen su nutrida agenda, agravándolos mientras va tratando de zafar de ellos.

Se puede observar su efecto en la gestión económica, donde por un lado se practica un duro ajuste de gastos (sobre todo los ligados a la emergencia sanitaria, como si ella hubiera terminado), suba de impuestos y algunos precios, como combustibles, mientras por otra ventanilla se aumentan subsidios indiscriminados, transferencias a los distritos más afines, sobre todo a la electoralmente estratégica provincia de Buenos Aires, y se siguen pisando otros precios y tarifas.

El panorama no es muy distinto en el terreno sanitario, en el que el gobierno nacional apostó a un programa de vacunación que se quedó sin vacunas, y mantiene el marketing del distanciamiento social sin hacer mayores esfuerzos por convertirlo en una política efectiva, no vaya a ser que afecte la tibia recuperación económica en curso.

El manejo de esos asuntos, en consecuencia, se va volviendo más y más complicado. Y esas complicaciones se realimentan entre sí: como la política económica es inconsistente, la economía no mejora, y como la economía no mejora atender más seriamente la pandemia también se vuelve más difícil, con lo cual la tasa de contagios sigue alta, con lo cual la economía se resiente aún más y así sucesivamente.

Grieta educativa

Donde más problemas nos puede traer próximamente esta combinación de confusión e indefiniciones, que se estiran en el tiempo y realimentan entre sí, es en el delicado manejo del regreso a clases.

En este terreno, el gobierno nacional quedó atrapado hace tiempo ya entre dos posiciones difíciles de conciliar: una amplia mayoría social, que según las encuestas que se consideren reúne en torno a 3 de cada 4 argentinos, y quiere una pronta y amplia reapertura de las escuelas primarias y secundarias, y de los jardines de infantes, de un lado; y la mayoría de los gremios, que se opone a volver a la “presencialidad”, o al menos arrastra los pies, exigiendo condiciones difíciles de cumplir, como por ejemplo que primero se vacune a todos los docentes, lo que vaya a saber uno cuándo se podrá hacer.

Ante esta nueva “grieta educativa”, los funcionarios del área, encabezados por el ministro Trotta, quisieron repetir lo que hace muy habitualmente el gobierno, quedar bien con dios y con el diablo: empezaron a admitir que las clases presenciales eran una prioridad, pero les pusieron condiciones y límites.

El problema es que las semanas pasan, la fecha de eventual reinicio de clases se acerca, y no se avanza ni aclara nada sobre esas condiciones y límites. El ministro se resiste a ejercer presión sobre los gremios, como la que supondría declarar a la educación un servicio esencial, para lo cual legisladores de oposición han presentado un proyecto de ley. E incluso en los distritos administrados por opositores les da soga a las resistencias gremiales, no vaya a ser que ahí las clases empiecen antes y con una buena organización. Pero tampoco ayuda mucho a los demás distritos para que avancen en algún plan más o menos coherente y viable.

Ha prometido un protocolo que brilla por su ausencia (al menos podría copiar el de la ciudad, que está avanzado y en trámite de conciliarse con las exigencias gremiales). Y la sospecha es que finalmente va a dejar que cada provincia se arregle como pueda. Lo que más que una muestra de federalismo va a ser la enésima demostración de que ese Ministerio no tiene función efectiva alguna, está ahí para simular que hay una política de educación de alcance nacional. Nada más.

Sin colaboración docente ni gremial, para cuya movilización el Ejecutivo nacional estaría en buenas condiciones de utilizar, con un fin noble y socialmente valorado, los vínculos políticos que habitualmente usa para jorobar a los demás, sin un plan y una organización bien precisa que administre los recursos edilicios, el transporte y la logística escolar, y sin horarios discriminados y bien planificados, que se transmitan con antelación a los padres y alumnos, reabrir las escuelas puede terminar siendo una repetición ampliada del caos en que derivó al comienzo de la pandemia la reapertura de los bancos para pagar las jubilaciones.

Trotta ya perdió bastante tiempo. Lo sigue haciendo cada vez que habla en los medios desparramando imprecisiones, hablando de vacunas que no existen, de “tres días por semana, por lo menos” y cosas por el estilo. Es cierto que un aparato estatal tan desmadrado como el que tenemos no lo ayuda, así que repetir consignas vacías como “el Estado te cuida” no va a ser conveniente ni oportuno. Y necesita urgente un equipo de trabajo bien coordinado para organizar una muy compleja operación que va a involucrar a miles de docentes y millones de alumnos, en poco menos de un mes. Si no se puso ya a trabajar en eso sería bueno que lo haga.