Durante casi un año de pandemia, al cierre de 2020, se documentaron 338 agresiones en perjuicio de defensores de los derechos humanos en Venezuela, un 157% más que en 2019, denunciaron desde Ginebra dos oeneges internacionales, tras haber verificado la información ante la Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas, y afirmaron que la represión prosigue en 2021 con nuevos casos.

Se trata de la Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), que en esta oportunidad coordinaron las indagaciones con la Vicaria de la Iglesia Católica en Venezuela. Detallaron que tal embestida contra activistas durante 2020, tuvo lugar mientras se desarrollaba la emergencia sanitaria por el coronavirus. Significó “una profundización” contra “las expresiones de la sociedad civil organizada en Venezuela”.

Enumeraron que la ofensiva integró detenciones arbitrarias, y añadieron “actos de difamación y estigmatización y los hostigamientos”, mientras se sucedían “ataques contra medios de comunicación social y organizaciones defensoras del derecho a la información, como por ejemplo, Efecto Cocuyo, VPI/ TV, Panorama, Tal Cual, El Pitazo, radio Fé y Alegría y el Sindicato Nacional de la Prensa”.

Un nuevo asalto se produjo el 19 de enero de 2021, con las detenciones arbitrarias de seis miembros de “Azul Positivo”, una oenege que impulsa “campañas de salud e higiene, prevención de enfermedades, talleres de concienciación humana y asistencia material a comunidades socioeconómicamente vulnerables”, en el estado de Zulia. Los acusan de “asociación para delinquir”, y de “otros delitos muy graves relacionados con la ley de financiamiento al terrorismo, que tienen altas penas de prisión”.

La OMCT y la FIDH estiman que estos acontecimientos demuestran la vigencia de “patrones”, pues “no constituyen hechos aislados, sino que parecen confirmar la existencia de una política de Estado de persecución a las organizaciones de derechos humanos”. Sostienen que las autoridades venezolanas, aprovechan “el contexto del Covid-19”, incrementando el acoso “para restringir las voces independientes en el país y el derecho a defender los derechos humanos”.

Recordaron que la República Bolivariana de Venezuela se encuentra sumida en una suerte de Estado de Excepción, especie de Alarma permanente, al hilo de decretos del poder ejecutivo desde 2015 en adelante, renovables periódicamente, con los agregados de la “emergencia económica” y la “cuarentena social”, que han incluido limitaciones a la inviolabilidad del domicilio de los habitantes sin orden judicial, y “el uso de las Fuerzas Armadas en funciones de seguridad pública”.

“La regulación de los Estados de Alarma carecen de salvaguardas para los derechos humanos, en especial en lo referente al derecho a la tutela judicial efectiva, lo que ha tenido un fuerte impacto en el acceso a la justicia de quienes han visto vulnerados sus derechos humanos”, subrayaron la OMCT y la FIDH, evocando allanamientos a sedes de oeneges, amenazas de muerte, torturas, malos tratos, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, y detenciones arbitrarias.

Advierten que “la creación del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo” por parte del gobierno,“el cual conforme a las disposiciones legales que lo amparan podrá realizar operaciones tácticas necesarias” a fin de “prevenir, reprimir, neutralizar y combatir”, fortalecen un andamiaje que “podría servir para aumentar y justificar las afectaciones al trabajo de la defensa de los derechos humanos”.

La multiplicación de restricciones, crímenes y delitos que se vienen de resumir, ahondan el sufrimiento de la sociedad civil, la cual ha reaccionado mediante la proliferación “de acciones de exigibilidad de derechos”, produciendo un “notable … número de protestas sociales registradas a escala nacional”. Las movilizaciones se deben “al grave deterioro de los servicios básicos, como el acceso al agua potable, gas, luz eléctrica, alimentos, entre otros”.

La OMCT y la FIDH han contabilizado 4414 protestas en los primeros seis meses de 2020, a un promedio de 25 cotidianas; y otras 1484 “solo para el mes de octubre de 2020, equivalente a 45 diarias”. La represión a las mismas produjo alrededor de 2100 presuntas detenciones arbitrarias, entre ellas 59 “periodistas u otras personas vinculadas a los medios de comunicación”.