«Hola, soy Gabriel José Morón, el hombre al que buscan por ‘Carbón Blanco'». Con un caminar lento y las manos hacia adelante, se entregó el prófugo el jueves a las 15 horas en la delegación de la Policía Federal (PFA) de Banfield, zona sur del conurbano bonaerense. El hombre llevaba 70 días escapando de la Justicia, pero sabía que los detectives de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) le pisaban los talones. Y encima Gladys Peregal, su mujer, que lo acompañaba en la aventura, necesitaba con urgencia retomar las sesiones de quimioterapia.

Acorralados, le pidieron a su abogado que les diera un mensaje al juez Fernando Carbajal y el fiscal Federico Carniel: él se entregaría solo si a ella le concedían la prisión domiciliaria. Eso habría sucedido de todas maneras si se hubieran presentado cuando fueron procesados. Eso no era un beneficio sino lo correcto: como padece un «linfoma B linfocitico de células pequeñas», Peregal era «paciente inmunocomprometida con alto riesgo en caso de contraer coronavirus». Entonces, ella se quedó en la casa con su hijo, Ariel Morón, también procesado, pero sin orden de detención.

Tal vez lo que más complicó a los Morón fue un documento del 25 de febrero de 2006, al que accedió Encripdata, en el que Salvatore puso por escrito el reparto de 444 mil euros. A él le correspondía el 34%; a Patricio Gorosito, presidente del Real Arroyo Seco, y Héctor Roberto, el tesorero del club, el 32%; a Roberto Miguel Casares, el 22%; y a Morón, el 12%. Según la División Narcotráfico 2 de la Hidrovía de la AFIP, esos euros eran las ganancias de 24 kilos de cocaína «coronados» en Europa.

En el juicio por «Carbón Blanco», Salvatore, Gorosito, Roberto y Casares, los que figuraban en el documento donde se revelaba los porcentajes del reparto del dinero, fueron sentenciados a 21, 19, 17 y 8 años, respectivamente. Salvatore y Gorosito fallecieron en 2018. Faltaba Morón.

Durante la negociación por la entrega de Morón y la domiciliaria de Peregal, su abogado reiteró la historia del supuesto éxitos de sus empresas: que con Aydin SA cambiaron 41,5 millones de pesos por divisas entre 2010 y 2015 y con Kelmer SA vendieron insumos médicos por 17 millones por mes.

Las pruebas, por las que ya fueron condenados algunos de sus cómplices y detenidos en diciembre, enero y febrero otros más, indicaron lo contrario.

Y encima podrían acusarlos de haber sido los que amenazaron al anterior juez del caso, Miguel Aranda, para que se dejara de «joder con Carbón Blanco».