Como más de 4,000 años de historia parecen ser suficientes para demostrar empíricamente la inutilidad de los controles de precios y de las altanerias estatales para controlar el comercio, no hay manera de no caer en la conclusión que el gobierno intenta una vez más la aplicación de ese tipo de medidas por motivos diferentes que no tienen que ver con los precios.

Es tanta la evidencia mundial y, obviamente, argentina, respecto del fracaso de semejante pelotudez que la razón por la que el gobierno lo intenta una vez más hay que buscarla en un lugar diferente al imperio de las leyes económicas.

Según cuenta la información, el ministerio de planificación no descarta aplicar multas a las empresas a las que imputó por desabastecimiento. Paralelamente el ministro Kulfas aclaró que “no hay ninguna intención de culpabilizar (creo que el idioma castellano utilizaría mejor aquí la palabra “culpar” pero, bueno, ponele…) o responsabilizar a nadie… Se les está dando la posibilidad de hacer su descargo, de confrontar la información revelada”.

Traigo este párrafo a colación porque denota perfectamente lo que quiero subrayar y demuestra cabalmente que el gobierno no está intentando el funcionamiento de una herramienta de política económica sino un mecanismo de otra índole.

Quiero copiar aquí un link a un video de Youtube en donde aparece un general de la guardia nacional bolivariana en Venezuela allanando (según sus palabras, “visitando”) un depósito de almacenaje de la empresa Coca Cola. Por favor pierdan unos minutos (yo creo que los van a ganar), viendo el video.

El general obviamente no está cumpliendo allí una “misión” económica. Como es natural, el desabastecimiento es la moneda corriente del comunismo venezolano hace rato. Pero a lo que quiero que le presten atención es a la soberbia del sujeto, a las palabras que utiliza, a la mala educación que rodea todo el episodio y al mensaje de prepotencia y atropello que pretende transmitirse bajo la socarrona pátina de que “de ninguna manera se están violando los derechos de nadie. Contrasten eso con las propias palabras de Kulfas y luego pregúntense a cuánto estamos de este grotesco.

Kulfas dijo que si las empresas no presentan las correspondientes explicaciones “se podría avanzar con determinadas sanciones previstas en la Ley de Abastecimiento”. Vuelvan al video y comparen el vocabulario, las advertencias y las piezas legales a las que se echa mano allí para justificar los procedimientos del gobierno.

El ministro agregó, “no queremos prejuzgar a nadie. Simplemente asegurarnos y garantizar que no falten alimentos en las góndolas, que es un tema que se presentó en el mes de enero… No hay ninguna intención de culpabilizar, prejuzgar o responsabilizar a nadie”. ¿A cuánto está Kulfas del general?

El populismo de perfil comunista argentino ya está muy cerca de producir las mismas calamidades que en Venezuela. El desabastecimiento es uno de los primeros emblemas que suele aflorar en estos casos. El hecho de que falten productos en los estantes es la consecuencia obvia y lógica de las aberraciones que se están cometiendo en materia de política económica. Pero, precisamente, como esos efectos ya los conoce un chico de siete u ocho años, no hay otra posibilidad que analizar qué otros objetivos persigue el gobierno con la aplicación de estas medidas bajo la pantalla de defender “los intereses del pueblo”.

Claramente el gobierno persigue un objetivo triple aquí. Por un lado, asfixiar las fuentes de producción que aún quedan en pie en la Argentina. Mientras esas fuentes estén vivas habrá posibilidades de que algunos argentinos tengan un trabajo privado que les permita acceder a un ingreso propio que por ende los transforme en seres más o menos independientes.

Acabando con esas fuentes, se acabarán los empleos privados, los ingresos personales y la independencia individual. Terminada ésta se engrosarán las filas de los dependientes de la dádiva estatal y, por ende, la aparición de nuevos rehenes electorales.

El 1 de marzo será oficial el retiro del país de Falabella. La compañía chilena no encontró compradores para sus activos. Ese es un típico caso en donde los antiguos empleados pasarán a depender en todo o en parte del Estado.

En segundo lugar, el gobierno persigue que esas empresas se vayan para que esos espacios sean ocupados por gente propia, ya sea comprando a precio vil los activos -vean por ejemplo el caso de Edenor- o simplemente haciéndose cargo de ellos por falta de compradores.

En tercer lugar, finalmente -aunque no por eso menos importante-, el gobierno persigue transmitir un mensaje de fuerza, un mensaje de atropello, para que lentamente -como la rana de la metáfora- la sociedad se vaya acostumbrando a la prepotencia de la nomenklatura.

El paso hacia Venezuela es metódico y permanente. No se detiene. Puede cambiar la velocidad pero su sentido es siempre hacia adelante. La meta es la instauración de una dictadura de élite que tenga al pueblo bajo su bota al mismo tiempo que el pueblo vive convencido que respira gracias a ellos.

El esfuerzo de oposición a este fenómeno requiere cada día que pasa de más convicción, de más recursos y de más peso. Desgraciadamente todo ha avanzado demasiado como para que la tarea, ahora, sea fácil o sencilla. Yo entiendo que muchos no puedan creer que la Argentina vaya a convertirse en otra Venezuela. En 1999 la mayoría de los venezolanos tampoco creían que 21 años después deberían aguantar a un general eructándoles en la cara. Pero hoy allí lo tienen.