Sin nombrarlo, la vicepresidenta había incluido a González García dentro de los integrantes del Gabinete que no estaban "funcionando" correctamente. Trotta, Losardo y Solá, los que siguen en la mira del Instituto Patria.

El 26 de octubre pasado, en una carta abierta que generó un tembladeral en el Frente de Todos, la vicepresidenta Cristina Kirchner arrojó una sentencia premonitoria al hablar de "funcionarios que no funcionan". La jefa del kirchnerismo no dio nombres, pero todos en el oficialismo sabían a quiénes se refería: las bolillas negras pertenecían a los ministros Nicolás Trotta, Marcela Losardo, María Eugenia Bielsa, Claudio Moroni, Matías Kulfas, Felipe Solá y Ginés González García.

En el Gobierno lo tomaron como un intento de marcada de cancha y para sostener su autoridad frente a una opinión pública que volvía a la carga con la idea del presidente títere, Alberto Fernández tuvo que salir a ratificar a los miembros más cercanos de su Gabinete, con una serie de gestos simbólicos. Sin embargo, fiel a su estilo de buscar equilibrios internos dentro de una coalición en la que el kirchnerismo conserva el mayor peso electoral, sacrificó a la ministra de Vivienda y Hábitat, María Eugenia Bielsa, y colocó en su lugar a un cristinista de "paladar negro" como Jorge Ferraresi. Esa fue la primera repercusión concreta de la intimidatoria frase de Cristina Kirchner.

El descontento con Ginés González García, no sólo de la vicepresidenta sino también del albertismo, fue incrementándose en la medida en que crecían las acciones de la entonces secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti. La flamante ministra, quien llegó a la cartera como segunda de la mano de Ginés, fue elogiada por Fernández desde el comienzo de la gestión por su eficiente e incansable trabajo en medio de la pandemia y su distinguida capacidad comunicacional.

La relación se empezó a desgastar a medida que Vizzotti fue levantando su perfil y cosechando afinidades en el Gobierno, como por ejemplo la amistad que trabó con la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra, y la ministra de las Mujeres y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, a raíz de la militancia conjunta por la ley de aborto legal. Con el ego dañado, González García comenzó a desconfiar de quien la sucedía en el rango ministerial.

La relación se quebró por visiones distintas sobre la estrategia de adquisición de vacunas. Y ahí es donde entró en juego el Instituto Patria. Vizzotti vio una ventana de oportunidad en la relación política de Cristina Kirchner con el presidente ruso, Vladimir Putin. La vicepresidenta preparó el terreno y con el aval del Gobierno de Fernández, Vizzotti viajó a Moscú en octubre para interiorizarse sobre los avances científicos de la vacuna Sputnik V y para empezar las negociaciones con el laboratorio Gamaleya, cuando el mundo occidental había lanzado una cruzada propagandística en contra de Rusia.

Ginés manifestó escepticismo por estas tratativas y se enfocó en negociar con otros laboratorios que presumía más confiables. Finalmente, las gestiones de Vizzotti, quien viajó en repetidas ocasiones a Moscú y permaneció durante semanas en esa ciudad, resultaron más fructíferas ya que logró cerrar contratos tempranamente y en la víspera de la Navidad ya había llegado a Ezeiza el primer cargamento con miles de dosis. La publicación de la prestigiosa revista británica The Lancet avalando la calidad de la vacuna rusa, que derribó prejuicios en el mundo entero, no hizo más que ratificar y enaltecer la tarea de la secretaria de Estado.

En el kirchnerismo duro ya habían motivos de malestar con Ginés ya que la cartera sanitaria era uno de los pocos lugares en que La Cámpora no había podido designar representantes en los puestos jerárquicos. Además, González García tenía diferencias con su par bonaerense, el kirchnerista Daniel Gollan, y también con el viceministro, el kicillofista Nicolás Kreplak. Ambos muy cercanos a Cristina Kirchner.

Ginés había sido uno de los pocos miembros del Gabinete de Fernández que se había animado a replicar a Cristina cuando ella expresó con vehemencia en un discurso público que los funcionarios con miedo al poder deberían dejar sus cargos. "La peleo todos los días y la voy a seguir peleando. ¿Cómo me voy a ir en este momento?", contestó. En el Instituto Patria tomaron nota, aunque no dijeron nada.

Ginés tampoco le dio aire a una iniciativa, resistida por las prepagas y los sindicatos, que propuso Cristina públicamente para integrar los regímenes públicos y los privados en un único sistema nacional de salud. La vicepresidenta, en tanto, intercedió para frenar un aumento de tarifas de parte de las empresas prepagas que el ministro ya había autorizado.

Otros ministro en la mira

De la lista original de "funcionarios que no funcionan" para Cristina Kirchner, hoy los cuestionamientos más severos se posan en tres nombres: Nicolás Trotta, Marcela Losardo y Felipe Solá.

El papel de Trotta quedó en tela de juicio por la falta de claridad para comunicar a lo largo del 2020 la vuelta a clases presenciales. La alusión a un "proceso de reorganización pedagógica", una frase que trae reminiscencias al "Proceso de Reorganización Nacional" que postulaba la última dictadura, cayó muy mal en las filas del kirchnerismo y en el Gobierno.

A nadie le pasa desapercibido que la figura de Losardo, una incondicional de Alberto Fernández, no es digerida por Cristina Kirchner ni por su riñón. Por lo bajo, la acusan de no defender la línea de defensa en las causas por supuesta corrupción que pesan sobre la vicepresidenta, y de no poner el cuerpo por la cajoneada reforma judicial que en su momento impulsó el presidente.

Losardo se transformó en un blanco móvil para el kirchnerismo, que desea colocar en ese cargo a algún funcionario más cercano al Instituto Patria, que pueda influir realmente en la Justicia y plantarse frente a la Corte Suprema.

Si bien la inquina contra Felipe Solá bajó en nivel de intensidad, los reparos todavía flotan en el ambiente. Hay cuestiones ideológicas que todavía hacen eco, como por ejemplo el acompañamiento argentino que Cancillería acompañó en la ONU contra las presuntas violaciones a Derechos Humanos en Venezuela. Distintos dirigentes del kirchnerismo duro, como Alicia Castro (quien presentó su renuncia como embajadora en Rusia), tronaron al enterarse de esa decisión.