El ex presidente Mauricio Macri actúa como si las leyes no fueran para él. A casi 15 meses de haber dejado el sillón de Rivadavia, no tuvo que visitar ni un solo juzgado.

En ello se vio favorecido por la parálisis tribunalicia a raíz de la pandemia, aunque también por las bendiciones dispensadas desde su red de magistrados acólitos, especialmente del fuero federal, quienes aún le profesan una fidelidad ciertamente perruna.

Claro que desde el punto de vista matemático, su situación es compleja. De hecho –según el buscador de la Cámara Federal porteña– hay nada menos que 173 causas en las que figura como denunciado. De ese total, por lo menos cinco preocuparían a cualquier persona sensata.

La reposera y el banquillo

El último ex presidente milita en la actualidad por sus eternas vacaciones. Con la excusa del cargo que tiene en la FIFA, pasó la quincena inicial de febrero en Qatar para disfrutar del Mundial de Clubes. Inmediatamente después, con la excusa de concluir la escritura de su falsa autobiografía (acuñada, en rigor, a seis manos por Hernán Iglesias Illa, Hernán Lombardi y Pablo Avelluto), supo elegir Villa La Angostura para descansar el resto del mes.

Allí atendió una llamada telefónica de su abogado, Pablo Lanusse, para comunicarle dos noticias que ahora lo desvelan: la denuncia efectuada por un grupo de diputados del Frente de Todos (FdT) –encabezado por Martín Soria–contra el cabecilla de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, por ser parte de la denominada “mesa judicial”. Y otra contra el camarista Eduardo Riggi –radicada por el abogado Carlos Beraldi– por su lealtad a ese verdadero Ministerio de la Presión.

El primero –según demostró Soria con pruebas documentales– tenía la amabilidad de visitar a Macri en la Casa Rosada. Lo hizo seis veces, siempre en vísperas de algún fallo favorable a sus deseos.

El otro, cuyo alineamiento con Macri fue (y es) casi obsceno, deberá explicar ante el Consejo de la Magistratura el secuestro, efectuado por él, de la causa instruida por la jueza federal María Servini de Cubría sobre el cúmulo de aprietes a los empresarios Cristóbal López y Fabián De Souza, del Grupo Indalo, que contiene cruces telefónicos entre Macri y otros integrantes de esa mesa judicial para monitorear los alcances de tal hostigamiento. Una prueba palmaria contra él.

Dicen que el doctor Lanusse no le ocultó su preocupación al respecto, puesto que es uno de los expedientes que podrían ensombrecer su futuro.

Desde luego que la causa del Correo Argentino no es menos acuciante. Cabe destacar que el expediente concursal donde dicha empresa del Grupo Macri ya lleva 19 años sin pagar su deuda por 4.500 millones de pesos con el Estado (y donde además se investiga si el gobierno de Macri articuló en ese sentido un acuerdo de cancelación “ruinoso” y “abusivo”, según la denuncia que en 2017 hizo la fiscal Gabriela Boquín por “administración fraudulenta” y “negocios incompatibles con la función pública”), se encuentra atravesada por una deliciosa torpeza en la modalidad del “fuego amigo”.

Porque aquel año el secretario de Comunicaciones –y representante del Poder Ejecutivo en tal pleito–, Oscar Aguad, puso su rúbrica en la asombrosa condonación de la suma adeudada con la desprolijidad de haber encabezado el texto con las siguientes palabras: “Siguiendo expresas instrucciones del señor Presidente”. Un genio.

Aquello aún hoy podría derivar en su procesamiento y en el de Macri. Por ahora los recientes intentos de apartar a Boquín, con la mudanza del expediente a un tribunal porteño más amigable, han sido vanos, mientras un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, que depende de la Corte Suprema, coincide con la denuncia de la fiscal.

Las barajas de esta historia ya están echadas.

La causa macrista

En julio de 2019, cuando dialogaba con Jorge Asís en su programa televisivo Nada Personal, la inefable Viviana Canosa incurrió en una confidencia: “La última vez que hablé con Macri me dijo que si pierde tiene miedo de ir preso”.
Ya se sabe que días después perdió abrumadoramente en las PASO.

Entre las causas que le producían tal temor resaltaba la pesquisa sobre las concesiones irregulares de los parques eólicos y la de las autopistas.

La primera es sumamente peligrosa para él.

En 2018 los diputados Rodolfo Tailhade y Claudio Martín Doñate, del FdT, denunciaron a Macri por “tráfico de influencias, negocios incompatibles con la función pública y uso de información privilegiada” en la transferencia de una serie de parques eólicos. El probable botín: 48 millones de dólares. La causa es tramitada por el fiscal Eduardo Taiano, ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. Éste ya cuenta con pruebas que enlazan dicha trapisonda con Gianfranco Macri, hermano de Mauricio y hacedor oficial de los negocios familiares. El legislador pidió su extradición desde Uruguay, en donde aquel sujeto reside y tiene su base operativa.

También es probable que el juez cite a indagatoria al ex presidente, a su ministro de Energía, Juan José Aranguren, y al ex contador de Socma, Víctor María Payaslian.

El otro expediente, en cambio, es más embrollado.

Iniciado en 2019 por el ya jubilado juez Rodolfo Canicoba Corral tras una denuncia del Sindicato de Trabajadores Viales, Macri quedó bajo el radar del asunto por simular una demanda contra el Estado de 1.100 millones de dólares a raíz de presuntos retrasos tarifarios, con el propósito de renegociar la concesión a un precio más favorable -500 millones de dólares– con la empresa Auel, del ex presidente del Real Madrid, Florentino Pérez.

En la trapisonda quedaron pegados los supuestos alfiles de la gavilla; a saber: Guillermo Dietrich (ex ministro de Transporte), Bernardo Saravia Frías (ex procurador del Tesoro), Javier Iguacel (ex director de Vialidad) y Nicolás Dujovne (ex ministro de Economía). Sus procesamientos fueron anulados en septiembre del año pasado por decisión de los siempre serviciales camaristas Martín Irurzún y Leopoldo Bruglia, aunque sus indagatorias quedaron en pie por una decisión de la nueva jueza de la causa, María Eugenia Capuchetti.

En esa situación subyace un motivo latente de alarma para Macri.

En cambio, otros expedientes que en su momento resultaban de riesgo para él terminaron derrapando en el parquet de la inmovilidad. Tal es el caso de las actuaciones iniciadas por el soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, un festival de transferencias, con propósitos de soborno, hacia paraísos fiscales por parte de la empresa Iecsa –ahora en manos del primo Angelo Calcaterra– y la brasileña Olderbrecht. Ocurre que las pruebas que aparentemente iban a ser enviadas desde Brasil quedaron en algún punto impreciso trayecto.

Con las causas por espionaje, tal vez las más escandalosas del régimen de la alianza Cambiemos, Macri trata de pasar desapercibido.

En la que tiene al agente polimorfo Marcelo D’Alessio como principal acusado, no hay un vínculo notorio a nivel procesal que pueda comprometerlo, aunque él haya sido el máximo beneficiario de sus operaciones.

Pero en las instruidas en el juzgado federal de Lomas de Zamora por el fisgoneo al Instituto Patria y las escuchas a los presos kirchneristas, su situación resulta muy inestable: ya excluido el secretario, Darío Nieto, del lote de los 38 procesamientos recientemente dictados por el juez Juan Pablo Auge –mientras evitaba con uñas y dientes que las actuaciones pasaran a Comodoro Py–, la conexión más nítida de Macri con sus principales actores (el grupo Súper Mario Bros con Alan Ruíz a la cabeza, además del “Señor Cinco”, Gustavo Arribas) es la directora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, con quién tenía un trato diario y directo. En ella está depositado su buen nombre y honor. Eso también dependerá del juez federal de Quílmes, Luis Armella, el reemplazante de Augé en la subrogancia. Macri ahora está en sus manos.

El destino dirá; un destino que transcurre entre la arena y la cal.