El gobierno se mueve como un boxeador implacable. No lo frenan los reglamentos. Golpea debajo del cinturón sin complejos con tal de prevalecer sobre los adversarios que más lo inquietan: la Justicia, la oposición política, la élite empresaria y el periodismo crítico.

A veces se comporta también como un boxeador torpe que derrocha puñetazos al aire.

Sienta en el banquillo a Macri, e indirectamente al FMI, con una denuncia penal tan floja de papeles como la causa contra Cristina por el dólar futuro. Luego aclara que es sólo un combate de cabotaje, que no debería preocupar a Washington.

Anuncia una comisión bicameral para “controlar a los jueces”. Los voceros más entusiastas de la iniciativa amenazan con usar esa trinchera para “remover jueces”. Luego la ministra de Justicia reconoce que no es para tanto. Que el gobierno no incurriría en semejante violación de las normas constitucionales.

Dos pasitos para adelante adelante y un pasito para atrás.

Ya se decidió aplazar un eventual acuerdo con el FMI para después de las elecciones. Pero Alberto Fernández se empeña en dejar alguna rendija para recuperar el diálogo después de los comicios. Un default pleno con el Fondo significaría salirse de manera irreversible del circuito en el que fluyen los capitales, el comercio internacional, y la tecnología. Ni Kirchner se animó a tanto.

El plan económico del gobierno se limita a “alinear dólar, tarifas, precios y salarios” –según la fórmula de Cristina– al menos hasta octubre. Si es necesario, a las trompadas.

El esquema se sostendría con la apropiación de los dólares del nuevo boom sojero, lo cual parece probable. Y en una campaña de vacunación que permita sortear los peores efectos de la pandemia, en particular sobre la economía. Hoy es difícil suponer que esa condición esté al alcance de la voluntad política.

El objetivo de mínima de este plan político es reafirmar el predominio en la Provincia de Buenos Aires, base territorial indispensable. El de máxima, cambiar la relación de fuerzas en la Cámara de Diputados. Un triunfo en distritos claves permitiría sumar legisladores propios y establecer condiciones más propicias para ampliar acuerdos parlamentarios.

El kirchnerismo necesita romper la aritmética adversa en la Cámara Baja. Lo necesita para jugar la carta brava de una amnistía. Y aun sin ese recurso, para sancionar leyes que al menos diluyan las atribuciones de la Corte, que le permitan copar la jefatura de los fiscales y ampliar la mayoría en el Consejo de la Magistratura, a fin de controlar los nombramientos y las remociones en los tribunales.

Sin esa construcción de poder, la guerra de guerrillas puntuales contra jueces y fiscales no alcanzaría para zafar del escenario cada vez más amenazante de las causas por corrupción. Los mensajes de Leandro Báez y la investigación en Panamá de operaciones de lavado de dinero que involucra a Cristina con Lázaro Baez y Cristóbal López encendieron las alarmas.

Sin esas urgencias resueltas, el proyecto de concentración de poder que ambiciona el cristinismo chocaría con una valla insalvable.