La falta de eficiencia en el normal funcionamiento de la Administración Pública Nacional deriva en gran medida de la ausencia de “criterios de mérito”, así como la inestabilidad y la consecuente falta de liderazgo de directores nacionales, generales, simples y coordinadores tanto en el actual gobierno como todos los que lo precedieron en “los últimos 30 años”.

Así lo sostuvo el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) en un informe en el que advirtió que esos inconvenientes se agravan a la luz de la emergencia sanitaria y luego de un 2020 en el que el gasto público tuvo un incremento real de “casi 5 puntos porcentuales”.

La investigación de Gonzalo Diéguez y Demián González Chmielewski se centró en el análisis de la reconfiguración de la Alta Dirección Pública (ADP) que, debajo de los denominados “cargos políticos” (ministros, secretarios y subsecretarios), es la que maneja el “día a día” del Estado.

Al respecto, los investigadores señalaron que “la ausencia de un espacio directivo público institucionalizado y constituido centralmente en base a criterios de mérito y trayectorias basadas en la expertise profesional y la vocación pública se vuelve más acuciante”, si se tiene en cuenta la “crisis socioeconómica severa acentuada por la emergencia de la pandemia del COVID”.

En la Presidencia de Alberto Fernandez, continuaron, “la configuración de la administración pública centralizada muestra un panorama similar a la tendencia creciente y consolidada de los últimos 30 años”.

Ese panorama muestra “un espacio directivo público -aquel conformado por direcciones nacionales, generales, simples y coordinaciones- sujeto casi exclusivamente a la discrecionalidad y los vaivenes de la política partidaria y la volatilidad de las estructuras organizacionales del Estado”, indicaron.

En ese sentido, destacaron que nada menos que el 99% de la ADP está designado “de manera transitoria por un período de 180 días y con la excepción de requisitos profesionales y/o presupuestarios que están establecidos en el marco legal”.

“Es el porcentaje más alto desde 2015 y 10 puntos por encima del promedio”, añadieron.

Diéguez y González Chmielewski subrayaron que esa situación “da lugar a la conformación de una alta dirección pública muy inestable y con baja permanencia de aquellos cargos con funciones ejecutivas”, a la vez que “explica la altísima proporción de directivos públicos (más del 90%) que es renovada con cada ciclo político que se inicia”.

“Si se considera por ejemplo la transición de gobierno ocurrida en diciembre de 2019, sólo 5% (13 de 273) de las personas que ocupan cargos actualmente en las direcciones nacionales y generales se encontraban en algún cargo de dirección nacional, general, simple o coordinación en los últimos días de la gestión del gobierno de Cambiemos”, informaron.

Asimismo, advirtieron que la rotación de la ADP también está sujeta a los cambios de ministros y secretarios, lo que revela la priorización de criterios de lealtad partidaria o personal antes que los de méritos o concurso.

Para dejar en claro que esa falencia no es privativa del actual gobierno, CIPPEC precisó que “para el período 2015-2019, sólo el 17% de los directores nacionales y generales designados al inicio de la gestión (total: 719) se mantuvo durante los cuatro años de duración del mandato presidencial”.

La entidad remarcó que, más allá de los cambios de gobierno, la ADP es “quien aporta la direccionalidad estratégica en el diseño y, fundamentalmente, en la instrumentación, seguimiento y evaluación del accionar estatal”.

Eso cobra una importancia adicional “en un contexto donde la emergencia sanitaria y los escenarios cambiantes requieren no solo del incremento de los recursos presupuestarios sino también de un enfoque de calidad preciso y asertivo que oriente las políticas públicas”, puntualizó.

“En síntesis, el formato de designaciones discrecionales y bajo una modalidad transitoria que exceptúa la realización de los concursos de oposición y antecedentes estipulados por la propia ley de empleo público, impacta negativamente sobre la estabilidad de los cargos con funciones ejecutivas también al interior de una misma administración”, concluyó CIPPEC.