La represión en Formosa mostró que la protesta perturba al poder. Nunca antes, en los 25 años de hegemonía de Insfrán, el descontento de la sociedad civil ganó la calle como ahora.

La torpe gestión de la pandemia derivó en una asfixia prolongada de las libertades. Detenciones arbitrarias en centros de aislamiento. Prohibición del ingreso o egreso de la provincia y de sus ciudades. Restricciones insoportables para actividades sin el amparo del paraguas gubernamental.

El impensado retorno a fase 1 detonó una rebelión que se venía incubando desde hace un año. Jóvenes y comerciantes son los protagonistas más activos. Existe una causalidad notoria esa reacción.

Como en otras provincias dominadas por un caudillismo del medioevo, el poder se asienta en la supremacía del sector público sobre la escasa productividad privada.

En Formosa sólo el 34% de la población activa tiene un empleo formal. Y hay 167 estatales por cada 100 trabajadores privados en blanco. El resto recibe planes sociales o se mueve en una esquiva economía de supervivencia en el submundo de la informalidad.

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Sobre esa estructura económica y social se asienta el sistema hegemónico de poder. La dependencia masiva de los cheques del Estado genera subordinación. Muchos clientes electorales, que hacen lo que pueden, y pocos ciudadanos con capacidad de ejercer libremente sus derechos políticos.

Insfrán instauró reglas electorales que debilitaron la competencia democrática: reelección perpetua y ley de lemas.

Ejerce además un férreo dispositivo de control social. Espionaje interno –la oposición de denunció la existencia de una brigada de agentes de inteligencia— y una policía brava siempre lista para reprimir.

Otra clave ha sido la subordinación de gran parte del periodismo. La publicidad oficial es el sustento casi excluyente de los medios, ante el infradesarrollo de la economía privada.

Los jóvenes rompieron hace rato el cerco informativo. Internet y las redes sociales escapan a la censura. Y muchos ellos ya no se resignan al encierro y a la falta de horizontes que les impone el autoritarismo establecido. Esta dinámica animó a periodistas independientes a romper también el silencio.

A los comerciantes les llegó el agua al cuello. Pelean para evitar que sus emprendimientos –a veces mínimos—mueran ahogados por la clausura arbitraria.

Aunque parezca extraño, el régimen que edificó Insfrán tiene sus cimientos en Buenos Aires. El 95% de los ingresos de la Provincia provienen de la coparticipación y de los giros discrecionales de la Nación.

Esta condición agrava las responsabilidades del poder central que, en una nueva claudicación del relato progresista, justifica y sostiene al gobernador vitalicio que alguna vez el presidente glorificó como el modelo a seguir.