Ya pasaron 504 días del crimen de Diego Xavier Guastini, pero la investigación todavía no terminó de empezar. En rigor, tras la salida del primer fiscal del caso, que no consiguió resultados del hecho a pesar de que sucedió a plena luz del día a la vuelta de la Municipalidad de Quilmes, Encripdata pudo saber de dos fuentes oficiales que tres fiscales se harán cargo del expediente en los próximos días.

Se trata de la fiscal de Quilmes Karina Gallo, su par de la UFI especializada en drogas María Clarissa Antonini y el fiscal federal de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) Diego Iglesias, que firmarán el acuerdo de colaboración en las próximas horas.

Aquel 28 de octubre de 2019, Guastini comenzó el día en su casa de Quilmes para luego dirigirse en su Audi a la «cueva financiera» que manejaba en el microcentro porteño, pero un sicario, apoyado por una moto y dos autos, le encajó tres disparos a la vuelta de la intendencia. Alguien dio la orden de sacar del juego para siempre al narco que se hacía el «arrepentido» en la Justicia para sacar del juego a socios que ya no le servían.

Guastini había hablado y mucho: el dueño de la «cueva» de la calle Florida 520 hizo caer como «imputado colaborador» al clan Loza, a los policías de «Leones Blancos» y al narco Carlos Sein Atachahua Espinoza. Un tribunal lo benefició entonces con una pena de solo 3 años de prisión en suspenso por traficar 1.443.030 dólares y 1.524.715 euros de esas bandas. Así sacó del juego a antiguos socios para poder seguir en el juego.

Por eso la primera hipótesis fue que al narco «arrepentido» lo mataron para que no pudiera hablar más. Pero luego surgió la posibilidad de un negocio que salió mal. Las dos líneas de investigación todavía siguen abiertas porque la investigación nunca terminó de empezar.

Por si fuera poco, una vez muerto Guastini, un financista y un narco con los que supo hacer negocios lo responsabilizaron en la Justicia por los crímenes del traficante Christian Quinteros y su pareja Anabella Blumetti y la desaparición del financista Hugo Díaz.

Como reveló Encripdata el 14 de enero, Mariana Soledad Castro, la viuda, denunció al fiscal Martín Conde porque «personal del Ministerio Público Fiscal (MPF) habría puesto en conocimiento de periodistas, y con ello de dominio público, circunstancias de la Investigación Penal Preparatoria (IPP), poniendo en serio riesgo el resultado de la investigación del homicidio de quien en vida fuera Diego Xavier Guastini».

En consecuencia, el juez Juan José Anglese aceptó el 9 de febrero la excusación del fiscal con base al inciso 13 del artículo 47 del Código Procesal Penal bonaerense: «El magistrado deberá excusarse si mediaren circunstancias que afecten su independencia e imparcialidad». Para Conde, la acusación de Castro le provocó una «coerción moral» que le «impidió seguir actuando con independencia y objetividad».

En realidad, el mayor riesgo para la investigación, fue el poco avance: como publicó Encripdata el 11 de diciembre, varias pruebas ya se perdieron. Primero fue la grabación de una cámara de seguridad, luego uno de los autos usados en el asesinato y, si el tiempo sigue pasando, también podría desaparecer la única persona hasta ahora identificada como partícipe necesario que el fiscal Conde rechazó detener.

En este escenario, los fiscales Gallo, Antonini e Iglesias deberán reimpulsar una investigación «pisada» por 504 días.