Durante la semana pasada, el Enacom estuvo muy activo difundiendo el “showroom” sobre 5G que armó en sus instalaciones. En el mismo, los principales vendors de esta tecnología, Ericsson, Huawei y Nokia, montaron demos de lo que podrá hacerse con 5G en el futuro (también estuvo presente Telecom, aunque más ausente en la comunicación del evento). Lo que allí se vio no es ninguna novedad para quienes son parte de la industria, aunque sí sirvió para quienes no lo son, políticos, funcionarios y empresarios que asistieron a la muestra, entiendan que no se trata simplemente de una generación tecnológica que hará que nuestros celulares sean más rápidos. Pero quizás el valor simbólico de la muestra tiene que ver con que el Enacom quiere inaugurar una nueva etapa de su gestión.

Desde el inicio del actual gobierno, el norte del Enacom fue manifiesto: llevar la conectividad a toda la población, independientemente de su ubicación geográfica o de su condición socioeconómica. Algo que sus directivos dejaban en claro en cuanta oportunidad se presentase. Pero la llegada de la pandemia, apenas 3 meses luego de haber asumido, si bien no alteró los objetivos sí lo hizo con los medios para alcanzarlos. Lo urgente se impuso a lo importante y se optó por un atajo que terminó siendo un camino empantanado: el control de los precios de los servicios TIC como una forma de asegurar el acceso a los mismos en tiempos de distanciamientos y caída de la actividad económica con la inflación como contexto.

Como consecuencia del congelamiento de precios inicial y los aumentos a cuentagotas posteriores (que no permitieron aún recuperar el atraso acumulado por éstos durante meses de alta inflación), en el Enacom la atención se la llevó la constante discusión de los precios con los operadores. Así, la relación entre regulador y regulados se transformó en una suerte de paritaria permanente, que se renueva mes a mes y que no está exenta de presentaciones administrativas y judiciales. Y a pesar de no haber conseguido alterar la política de precios del gobierno, comprometió recursos de uno y otro lado que deberían enfocarse en expandir y mejorar los alcances de los servicios TIC. En cambio, la discusión constante en materia de precios derivó en complejos planes para permitir una asimetría que tuvo como daño colateral crear inequidades entre los clientes. En definitiva, el control de los precios terminó siendo una política desgastante que quitó la atención de los aspectos de mediano y largo plazo, esenciales para una actividad donde las inversiones no se planean a un año.

En este sentido fueron importantes las declaraciones del presidente del Enacom, Claudio Ambrosini, en relación con que están trabajando en un mecanismo de ajuste periódico y automático de precios (en base a criterios aún no definidos) que logren un equilibrio entre accesibilidad para los clientes y sustentabilidad para los operadores, otorgando además previsibilidad y así poder pasar a enfocarse en otros temas que afectan a la actividad. Así las cosas, la muestra de 5G mostró un futuro bastante lejano al cual para alcanzar más que una demo enfocada en usos verticales futuristas es imprescindible que el Enacom comience a abordar temas situados mucho antes en la escala de tiempo.

En lo que atañe específicamente a 5G son muchos los aspectos claves que restan por definir antes siquiera de empezar a soñar. La definición de un plan de espectro que identifique bandas y establezca un cronograma de adjudicación. La evaluación de disponibilidad de espectro a nivel local para operadores ofreciendo FWA (acceso fijo inalámbrico). La consideración del uso de espectro por parte de organizaciones que no sean operadores. La existencia y características de un mercado secundario de espectro. La revisión de los mecanismos de otorgamiento de espectro. Y sigue la lista.

Adicionalmente, no todo lo que hay por delante tiene que ver con las comunicaciones inalámbricas. También hay que reforzar políticas para facilitar el despliegue de infraestructuras fijas, así como su compartición. Asimismo, en algún momento será importante revisar los mecanismos para la utilización de los fondos del Servicio Universal (resulta interesante leer esta nota al respecto). Mecanismos a los que no sólo le falta equilibrio geográfico, sino también a nivel del tipo de beneficiarios. Adicionalmente, no habría que descartar evaluar esquemas de subsidio a la demanda.

En definitiva, más allá de que a los operadores no les haga ninguna gracia que les controlen los precios, se trata de una medida que seguramente siga vigente por lo menos por lo que dure este mandato. Ante esta realidad, la posibilidad de un mecanismo que asegure previsibilidad (y rentabilidad) a los mismos le quitará prioridad en la interacción con el regulador. Este a su vez se verá liberado para encarar los múltiples temas por abordar que tiene por delante. En ese entonces, las discusiones y negociaciones no terminarán. Simplemente serán otras y esperemos que más productivas.