Los 4.354 millones de dólares que obtendrá la Argentina como resultado de la nueva emisión de Derechos Especiales de Giro (DEGs) que dispuso el Fondo Monetario Internacional (FMI) le dará al país “grados de libertad adicionales” para hacer frente a los vencimientos inmediatos de deuda y, además, para poder negociar con el organismo “un acuerdo con menos condicionalidades”.

Así lo sostuvo la Fundación de Investigaciones para el Desarrollo (FIDE), que hasta asumir al frente de la AFIP presidía Mercedes Marcó del Pont y que en la actualidad encabeza Alberto Valle, en un análisis en el que señaló que en contexto presente “la negociación con el FMI es un tema pendiente, pero no urgente”.

La entidad evaluó la importancia de la emisión de DEG por parte del FMI, resuelto en una asamblea de ministros del G20 de febrero y consideró que “a excepción de los países pobres, para la mayoría de las naciones del mundo esta decisión no cambia significativamente la ecuación financiera o presupuestaria”.

“Sin embargo, en nuestro caso el ingreso de liquidez podría ser relevante para la negociación en curso con el FMI”, advirtió, de cara a “tres fechas” que “resultan importantes para seguir de cerca”.

Al respecto, FIDE recordó que “en mayo vencen 2.130 millones de dólares por pagos de capital al Club de París, en septiembre vencen 1.825 con el FMI y en diciembre otros 1.825 millones con el mismo organismo”, lo que conforma un total de 5.780 millones de dólares.

“Claro está que la economía no tiene márgenes para enfrentar esos vencimientos con recursos propios”, admitió, pero con los recursos provenientes de la ampliación de derechos especiales de giro “aparecen unos grados de libertad adicionales que hasta el momento no se tenían, favoreciendo la posición argentina de un acuerdo con menos condicionalidades”.

En su análisis, FIDE sostuvo que “un plazo mayor de negociación no modifica las previsiones proyectadas para este año de crecimiento, estabilidad cambiaria y baja de la inflación”, por lo que no sería necesaria tanta prisa para sellar un acuerdo, que desde su perspectiva, podría esperar para después de las elecciones.

En ese sentido, indicó que el Gobierno del presidente Alberto Fernández “heredó una situación externa descontrolada, que pudo ser administrada con la vigencia de los controles cambiarios primero y, a pesar de la pandemia, ser parcialmente revertida con la reestructuración de deuda después”.

FIDE relativizó “la opinión de los economistas de la city” para quienes “existiría la necesidad de llegar a un rápido acuerdo como condición para la recuperación”, además del impacto que eso tendría en “la reducción de la brecha cambiaria”.

“El mismo argumento había sido esgrimido en septiembre del año pasado, luego de cerrarse el acuerdo con bonistas privados, y se repitió durante la pandemia, junto al pedido de conseguir un refuerzo de liquidez; caso contrario, habría un brusco salto devaluatorio y la recuperación no llegaría. Sin embargo, eso no sucedió”, resaltó.

Pese a remarcar que no hay urgencias para acordar con el organismo, FIDE reconoció que “la situación del endeudamiento externo no estará resuelta hasta tanto se llegue a nuevo acuerdo con el FMI”.

“Igualmente, evaluamos que un plazo mayor de negociación no modifica las previsiones proyectadas”, señaló la fundación, que agregó al respecto que “más allá del formato elegido, sería deseable que el acuerdo tenga por objetivo lograr el mayor plazo de repago, con el menor conjunto de condicionamientos”.

Para alcanzar ese propósito, FIDE destacó que “la letra chica será central, incluyendo las mayores exigencias a la política económica que la solicitud de fondos frescos podría tener asociados”.