La deuda externa argentina es de algo más de 300.000 millones de dólares. No es un monto mayor, en relación al PBI, al del promedio mundial, ni al del promedio entre los países que más crecen y están logrando mayor desarrollo social. ¿Por qué entonces nosotros “no podemos pagarla”, aunque la estemos repudiando y pateando para adelante cada dos por tres, mientras el resto del mundo vive con cargas iguales o mayores sin inconvenientes? ¿Qué es lo que los demás saben y a nosotros parece que se nos escapa?

De esa deuda, menos de una sexta parte, unos 45.000 millones, se le deben al Fondo. El plazo de vencimiento de este pasivo es más corto que el del resto, pero sus intereses son más bajos. ¿Por qué el gobierno argentino dice que ella es aún más “impagable”, y que para que dejara de serlo necesitaría un plazo extensísimo, mucho mayor al de casi todo el resto, y tasas aún más bajas?

El problema tampoco son los asuntos de los que habla Cristina y repite como loro Alberto. Son los asuntos que no quieren ni mencionar: las demás condiciones que el Fondo exige para no pagarla, sino patearla hacia adelante. Es eso lo que el gobierno no quiere aceptar. Y es parte de una historia ya conocida.

La misma que llevó a la Argentina a romper con el organismo a fines de 2005, pagarle cash casi 10.000 millones con reservas y a endeudarse desde entonces con Venezuela, abonándole tres veces la tasa que pagaba la deuda liquidada: esos malditos querían meterse a opinar sobre cómo íbamos a manejar la economía, cuánto iba a gastar el sector público, qué haríamos para frenar la inflación, ese tipo de asuntos. Néstor sabía que, si aceptaba esas condiciones, se comprometía a respetar reglas y no iba a poder manejar a las empresas según su capricho. No iba a poder decidir discrecionalmente sobre precios, sobre la obra pública, sobre las licencias de importación y exportación o las de los medios, sobre quién ganaba o perdía dinero según si apoyaba o no a su gobierno, a qué partido financiaba y con quién y a través de quién hacía negocios. No habría radicalización política posible sin radicalización económica.

Cristina enfrenta una necesidad similar, aunque en condiciones mucho más precarias. Y viene imponiéndole esa necesidad a Alberto desde un comienzo, aunque recién en los últimos tiempos lo esté haciendo en forma más abierta y tajante.

Es así que, al iniciarse la gestión, lo alentó a abandonar la idea de una renegociación rápida de la deuda, tanto con el FMI como con los bonistas, en el marco de un plan de estabilización. Si se adoptaba ese camino, las tasas de interés iban a bajar, el país podría volver a emitir deuda en los mercados voluntarios a largo plazo, y de a poco podría reemplazar la deuda con el Fondo por nuevos bonos. El camino que siguieron todos los países que alguna vez tuvieron que recurrir a él por una emergencia. Pero iba a ser necesario mantener el ajuste que venía haciendo Macri en las cuentas públicas, y proponer algún esquema de salida del congelamiento de tarifas y el cepo. Y algo aún peor para Cristina: el nuevo gobierno se habría vuelto dependiente, como lo había sido el de Macri, de la confianza de los empresarios y la opinión pública, interna y externa. Tendría que haber hecho también buena letra, o aparentarla al menos, en el manejo de la prensa, la corrupción y la Justicia. La moderación económica iba a exigir moderación institucional. Una desgracia segura para los intereses de la jefa, de su familia y su gente.

Así que todos ellos pujaron para anular esa posibilidad. Aunque lo cierto es que tampoco Alberto se esmeró mucho en promoverla: también él se convenció rápido de que no podía ser un continuador de Macri, y que su gobierno iba a poder reactivar la economía si postergaba los pagos de la deuda. “Vivir con lo nuestro” al palo.

Una idea absurda, más absurda que nunca en ese contexto, y más todavía desde que estalló la pandemia, pese a que en apariencia, y para la sesgada visión oficial, esta vino supuestamente a confirmar que la idea era buenísima. Según el obtuso esquema mental del oficialismo, al que contribuyó y mucho la doctrina Stiglitz, la emergencia sanitaria iba a cerrar los mercados, incluidos los financieros, así que no pagar y no volver a endeudarse eran respuestas de lo más oportunas. Sucedió exactamente lo contrario: las tasas de interés internacionales volvieron a bajar, todo el mundo tomó deuda a lo loco para combatir la recesión. Salvo la Argentina, cuyo PBI cayó 10 puntos, su tasa de inversión se derrumbó y su inflación apenas se moderó, para volver a escalar enseguida hasta las nubes. Cartón lleno para el “vivir con lo nuestro”.

El gobierno no generó confianza alguna en los mercados, todo lo contrario, así que siguió siendo por completo dependiente de los apoyos propios. En esencia, de los de las bancadas oficialistas que manejan madre e hijo, de la prensa adicta que manejan sus fanáticos, y de los grupos de choque, sindicales y “sociales”, que controlan la calle y les responden. Y la radicalización económica fue alimentando y realimentando la radicalización institucional.

Conclusión: no aceptar las condiciones del Fondo y las que los mercados financieros y los empresarios en general exigen para invertir en el país, ha sido la gran apuesta de Cristina. Lo fue desde el comienzo porque el kirchnerismo la lleva en la sangre. Y porque además ahora la necesita para algo bien urgente, zafar de la cárcel y que la “historia la absuelva”.

Así que es un poco absurdo pensar que este criterio absolutamente estratégico pueda cambiar en algo después de octubre. Tan es así que ya está lanzando, a través de Máximo, su oferta de “pacto interpartidario” para intentar darle un alcance “nacional” y una larga vida al rechazo a las condiciones del FMI. La idea se resume en una suerte de “anti Moncloa”, un acuerdo para asegurar el aislamiento y el desconocimiento de las reglas básicas de la economía abierta y productiva que rigen en todo el ancho mundo: que todos nos comprometamos a ignorar lo que se hace en todos lados para combatir la inflación, atraer inversiones, generar empleo y sacar a la gente de la pobreza, y sigamos como venimos, cobrando cada vez más impuestos a quienes producen y trabajan, llenando el país de empleados públicos improductivos y planes sociales, detrás del verso del “Estado presente”. En suma, unirnos detrás de un gran acto de fe, de proclamar que “la gravedad no existe”, “el mundo se sostiene en cuatro elefantes y una tortuga”, “el capitalismo es malo, malo, malo, y nos quiere jorobar con sus perversas ideas de libre mercado”.

¿Cuál es la salida que, en este esquema, se ofrecería al problema de la “deuda impagable”? Una que la señora viene tratando de habilitar desde que volvió al poder, hasta ahora sin éxito: obtener de Rusia, China y algún otro poder autocrático que tenga plata en los bolsillos y ganas de promover regímenes semejantes a los suyos en estos pagos, que reemplacen al Fondo como acreedores. Una reedición del desastre político y financiero que se perpetró en 2005, también recargada.

Aunque como el monto de la deuda a canjear es mucho más grande que el de entonces, las reservas propias están ahora exhaustas y, lo que es más importante, Cristina no puede garantizar que su control de la política argentina va a durar tanto como es habitual que quien gobierna dure en esos países, por ahora no logra convencerlos. Porque, ¿para qué van a ponernos semejante montón de plata, si después Cristina y cía. vuelven a perder las elecciones a manos de alguien que de nuevo alinea al país con las odiosas democracias occidentales?

Ese sigue siendo el obstáculo por ahora insuperable para los planes del kirchnerismo: para hacer sostenible la radicalización económica que necesita su disculpa judicial, le haría falta avanzar con una radicalización política e institucional mucho más audaz que las intentadas hasta aquí, una que les permita sacar de la cancha en serio a los opositores, como sugirió la buena de Estela de Carlotto, “meterlos en cana ya”, despejando el horizonte de cualquier posibilidad de alternancia. Mientras eso no sea posible su salida preferida seguirá obturada y su gestión andará a los tumbos, rascando el fondo de la olla para ganar tiempo. Como están por hacer ahora, rascando los fondos que nos brinda el propio Fondo, usando la plata que reparte en todo el mundo para combatir la pandemia y la recesión, para evadir las presiones del propio FMI a favor de normalizar la situación económica.

Visto así, lo que le debemos al Fondo no es tanto un problema, sino un alivio. Porque es uno de los últimos lazos que nos mantiene unidos al mundo democrático y a las economías libres. Y es un recurso extremadamente valioso para que, en algún momento, se recupere la sensatez y sea viable una política más o menos razonable.

Es cierto, Macri nos dejó el “lastre” de una deuda con el FMI con plazos de vencimiento muy cortos. Pero si no lo hubiera hecho estaríamos hoy mucho peor. No solo en términos de nuestra tasa de inflación, el tipo de cambio y el índice de pobreza. Estaríamos más cerca de perder definitivamente la condición de sociedad democrática y libre. Y más cerca de que el verdadero lastre, el de un nacionalismo primitivo y cada vez más autoritario, nos convenza de que el honor nacional y nuestro futuro se juega en batallas autodestructivas contra los malditos mercados.