Los números son cada vez más crueles, esta semana se conoció que el índice de pobreza alcanzó en el 2020 el 42% aumentando de esta forma 6,5 puntos porcentuales interanualmente. En tanto, la indigencia alcanzó un 10,5%, con un incremento de 2,5 puntos porcentuales respecto del 2019.

Pero hay otro número que demuestra desidia y que tiene a los jubilados como protagonistas. Es que la Canasta Básica de estos adultos mayores cuesta el triple de lo que vale una jubilación mínima, ello según datos de la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires.

La canasta Básica de los jubilados tuvo un alza del 42,2% en el último año, lo que significa 6,2 puntos porcentuales arriba de la inflación que cerró el 2020 en un 36% y cuyo valor es de 64.039 pesos. El mayor impulso lo tuvo por los aumentos en alimentos, medicamentos y servicios de la vivienda.

Según el Defensor de la Tercera Edad, Eugenio Semino, en el país hay unos 4 millones y medio de jubilados y pensionados que perciben un haber mínimo de 20.500 pesos por lo que la mayoría "apenas alcanzan a cubrir un 30% de las necesidades básicas".

Luego hay unos 2 millones de adultos mayores que cobran haberes cercanos a los 40 mil pesos por lo que mencionó que el 80% de estos no llegan a cubrir sus necesidades básicas, incluyendo los casos en los que perciben dos asignaciones (Jubilación y pensión).

En ese sentido, Semino exhortó un “ajuste de emergencia” dado que este sector resulta ser el "más vulnerable a los efectos del Covid-19, ya que el 83% de los fallecidos pertenecen a esta franja etaria".

"Solo el 12% de los mayores han recibido una dosis de la vacuna, teniendo que seguir confinados sin poder realizar actividades laborales que puedan completar sus ingresos, como lo venían haciendo previo a la pandemia, para subsistir", graficó además el ombudsman.

La desidia contra los adultos mayores es algo que se viene viendo hace rato en Argentina, no sólo en materia económica, sino también en cómo son tratados. Resulta imposible olvidar aquel viernes negro en el que los jubilados y pensionados se acumularon en los bancos esperando a cobrar sus haberes y que terminó con la renuncia de Alejandro Vanoli en la Anses al comienzo de la pandemia.

Tampoco puede pasarse por alto el viernes 9 de marzo, cuando muchos adultos mayores quedaron abajo del rayo del sol esperando a ser vacunados en la Ciudad de Buenos Aires, lo que provocó incluso el desmayo de algunos de ellos.

¿Y el veto al 82% móvil impulsado por el Congreso y anulado mediante decreto por la entonces presidenta Cristina Fernández el 14 de octubre del 2010?

Ah, y mientras el Gobierno vacuna contra el coronavirus a los propios, el Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pierde 300 vacunas destinadas a adultos mayores.

Como si todo este combo no fuera explosivo per se, a los jubilados y pensionados los vienen estafando con los cambios en la ley Previsional, el último de estos sacó el factor inflacionario dejando esos haberes atados a la recaudación (que cayó bruscamente durante 2020) y a los salarios (que vienen perdiendo poder adquisitivo de manera sostenida).

Los jubilados no son importantes para el Gobierno, ni este ni ninguno, en definitiva sus haberes siempre terminan siendo ajustados, es lo único que se achica en materia de gasto público.

Ello lo dejó bien en claro el presidente Alberto Fernández hace casi un año, en abril del 2020, al sostener que “hace treinta años atrás, teníamos que mantener a una persona hasta los 70 años. Y ahora la tenemos que mantener hasta los 85. Y trabaja menos gente. Y a su vez, mantener a una persona con vida cuesta mucha plata”.

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