El secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard estuvo a punto de extraditar hace un año a Raúl Martins a la Argentina, pero un amparo de último momento se lo impidió. En las sombras, como aprendió en la Secretaría de Inteligencia (SIDE o AFI), el espía lanzó su última operación desde el Reclusorio Norte para evitar su salida de México: denunciar que su detención fue ilegal. El fiscal César Eduardo Cervantes Saavedra le creyó. Encripdata pudo saber que el juez Jesús Alejandro Ávila Gutiérrez realizará el 13 de abril la audiencia de vinculación a proceso a los servidores públicos que lo arrestaron el 3 de octubre de 2019 para imputarles el «delito contra la administración de justicia».

La jueza federal María Servini ordenó la captura nacional e internacional de Martins por explotación del ejercicio de la prostitución ajena y lavado de activos. Eso fue el 3 de septiembre de 2019. Contaba con el aval de la Sala I de la Cámara Federal porteña. Como sabía que lo buscaban, aquel 3 de octubre, cuando elementos del Instituto Nacional de Migración (INM) lo detectaron caminando por las calles de Cancún, estaba con peluca y anteojos de sol.

Al día siguiente lo trasladaron en avión hasta Ciudad de México. Una vez en tierra, directo al Reclusorio Norte. Así le pusieron fin a sus mañanas en Barber Spa y sus noches en Kiss Night Club, el prostíbulo que abrió ni bien le clausuraron Mix Sky Lounge, o eso al menos era lo que parecía.

Sin embargo, sus abogados realizaron una contradenuncia para intentar convertir al victimario en víctima: acusaron a los elementos del INM de detenerlo de manera ilegal porque no le explicaron los motivos, lo dejaron incomunicado y hasta ejercieron presión psicológica.

Y el fiscal Cervantes Saavedra les creyó.

Los investigadores que capturaron al espía presentaron de inmediato a los dos testigos que dieron fe del operativo que terminó con Martins preso.

También entregaron dos «constancias de no lesiones» emitidas por el INM, un certificado médico firmado por el médico del aeropuerto internacional de Cancún, otro del perito de la Fiscalía General de la República (FGR) y uno más del de Reclusorio Norte.

En esas oportunidades, Martins nunca denunció haber sufrido lo que ahora el fiscal Cervantes Saavedra busca imputarles a los servidores públicos: violencia física y psicológica.

En otras palabras: tortura.

Cervantes Saavedra, por otra parte, es el fiscal investigado por la Fiscalía de Asuntos Internos y la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción por el robo de bienes durante el allanamiento de la casa de Florián Tudor. Por ese y otros casos, la FGR destituyó al delegado en Quintana Roo Javier Ocampo García y la subdelegada Bertha Cordero Reyes, hasta entonces jefes del fiscal, entonces apuntado por Tudor y ahora agradecido por Martins.

Como sea, el juez Ávila Gutiérrez revelará recién el 13 de abril si convalida la última operación del espía para de esa forma anular su detención o si entrega a Martins a la Argentina para que pueda defenderse en juicio luego de que los fiscales Alejandra Mangano y Marcelo Colombo lo acusaran de haber liderado una red de trata a través de sus diez «whiskerías»: Hot Area (Juan B. Justo 5302), Top Secret (Artigas 1444), Anchorena Swinger Club (Anchorena 1121), Brut (Vicente López 2257), Fama (Rivadavia 7373), Oba-Oba (Rivadavia 2434), Hippopotamus (Junín 1787), Aproach (San Martín 957), Extra Brut (Las Heras 2311) y Sweet Club (Chacabuco 160), a solo cuatro cuadras de la Casa Rosada.

Martins no actuó solo: también esperan el juicio su pareja Estela Percival, su suegra Virginia Solís y policías que lo protegieron durante varios años.

Pero una mujer de su familia se animó a denunciar lo que por años sino década sucedió en aquellos prostíbulos: Lorena, ni más ni menos que la hija del espía, asqueada de todas las historias que se contaban sobre su padre, que tuvo que irse a otro país por las amenazas que recibió desde entonces.

Por aquellos lugares pasaron ricos y famosos, desde el por entonces juez federal Norberto Oyarbide hasta el espía Pedro Tomás «Lauchón» Viale.

Pero también pasaron mujeres, desde la espía Norma Ester Oviedo, fallecida oficialmente por un escape de gas, hasta la actriz de películas porno Vanesa Martínez, cuyo cuerpo nadie pudo explicar como llegó a la morgue en la que estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de México (UNAM) hacían sus prácticas con cadáveres no reclamados.

El juez Ávila Gutiérrez sabe de qué se trata la carpeta administrativa 5/2021. Se trata de la última operación del espía. Sabe, entonces, de qué se trata la trata.