En nuestra columna del sábado mencionamos que los cambios en el calendario electoral podrían generar un peligroso precedente, más aún considerando el proceso de radicalización que atraviesa el oficialismo. El gobierno pone como pretexto la situación sanitaria para pedir que se posterguen las elecciones. Sin embargo, a cuatro meses para las PASO (deberían realizarse el 8 de agosto), resulta imposible prever cuál será la situación de la pandemia.

Recordemos que en 2020, durante la primera ola, todos los intentos del gobierno por pronosticar el ritmo y los tiempos de la dispersión del virus fallaron recurrentemente. Incluso, si se cumple el plan de vacunación que presenta el propio Ministerio de Salud, se podría llegar a agosto con un amplio margen (Alberto Fernández prometió vacunar a toda la población de riesgo en abril). ¿El gobierno no confía en su propia palabra? La contradicción en el mensaje que baja desde Casa Rosada es evidente.

Al margen de que la segunda ola y el fracaso en el plan de vacunación finalmente podrían justificar desde el punto de vista sanitario la postergación de las PASO, queda en evidencia que existen otros motivos por los cuales el oficialismo preferiría diferir los comicios. El Frente de Todos teme no obtener el resultado esperado o incluso perder. Llama la atención que precisamente sea el peronismo, con su probada capacidad para ganar elecciones, el que se muestra dubitativo y se percibe inseguro de concurrir a las urnas.

Al percatarse de la propia debilidad, también es llamativa la conclusión a la que el oficialismo llega: consideran que solo necesitan tiempo, dando por sentado que la situación económica mejorará. Lo cierto es que nada garantiza que septiembre será mejor que agosto (o noviembre mejor que octubre, en el caso de las generales). Sin un plan antiinflacionario consistente y las demoras en el acuerdo con el FMI, el aplazamiento por seis semanas de las elecciones puede ser ocasión no para la recuperación, sino para un mayor deterioro económico (salto inflacionario, mayor presión devaluatoria), lo que desgastaría aún más al gobierno. Los tiempos de la economía y los mercados no son los mismos que los de la política.

La debilidad electoral no sólo es producto de la actual situación económica (se acrecienta debido a ella), sino también de los límites y rechazos que provoca la radicalización del kirchnerismo. Esta lasitud se convalida con la experiencia: el kirchnerismo tuvo que pactar con Alberto Fernández y Sergio Massa para seducir al votante moderado y volver al poder en 2019 (sin Cristina era imposible, pero solo con ella no alcanzaba).

Incluso ahora, en medio de una dinámica de fuerte radicalización, el gobierno debe permitir que Massa avance con sus propias iniciativas para sostener cierto nivel de adhesión entre sus votantes. Expresión de esto es la reforma en el impuesto a las ganancias. La cual, en una Argentina con 42% de pobres, 11% de desocupados, 15% de subocupados y un salario mínimo de $21.600, es claro que favorece a una porción pequeña de clase media “privilegiada”, que no necesariamente representa el electorado más afín al kirchnerismo.

El Frente de Todos prescinde de Alberto Fernández como principal figura moderada de la coalición (se ha expuesto como nuevo paladín de la radicalización K, en principal por sus embates contra la justicia, máxima preocupación de Cristina), pero se fortalece Massa. Hay un intento por continuar con la estrategia de 2019, exhibiendo a líderes que permiten cosechar votos moderados, a sabiendas de que con el núcleo duro no alcanza.

¿Scioli candidato?

Cobra sentido, entonces, que se esté barajando la posibilidad de que Daniel Scioli sea el candidato a diputado por la provincia de Buenos Aires (la más importante de las contiendas). Sin embargo, esta vez dicha estrategia podría no ser suficiente, por el desgaste que provoca la situación económica y porque el Frente de Todos ya demostró que su gobierno se trata en realidad del cuarto kirchnerismo. Si efectivamente el oficialismo no logra captar apoyos más allá de su núcleo duro, podría repetir una elección similar a la de 2009 o 2013.

La segunda debilidad se vislumbra en el control de la calle. El gobierno conserva la capacidad de convocar a los movimientos sociales, lo cual en gran medida depende de la distribución de recursos por parte del Estado. Sin embargo, en el último año quedó en evidencia que la movilización espontánea depende de la clase media, que se congrega para manifestarse por diferentes motivos (justicia, inseguridad, restricciones en el marco de la cuarentena, reclamos por vacunados VIP). Esto también representa un debilitamiento significativo en una dimensión en la que el peronismo tenía hasta hace poco cierto monopolio.

Todo este cuadro de situación no garantiza un triunfo de la oposición, pero pone de manifiesto la debilidad política del gobierno, que se constata en la intención de posponer las elecciones por temor a no obtener el resultado esperado. Además, se verifica que todas las comparaciones respecto a caminos análogos con Venezuela son desacertadas. En primer lugar, porque en la Argentina las elecciones han representado un freno frente al avance de la radicalización (tal como sucedió en 2009 y 2013). No importa demasiado si un triunfo de la oposición se repite en 2021, porque los antecedentes ya obligan al kirchnerismo a ceder y a buscar candidatos moderados. Esto sucede porque, a diferencia de Venezuela, y a pesar de algunas denuncias y deficiencias menores, en nuestro país las elecciones nacionales arrojan resultados transparentes que permiten la alternancia en los cargos electivos. En segundo lugar, porque la clase media en la Argentina guarda para sí una relevante capacidad de movilización que marca limites frente a los atropellos del gobierno.