El Gobierno Nacional recibió hoy con fuerte enojo el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales, por lo que puso en marcha una estrategia judicial combinada para intentar frenarlo.
Por un lado, el presidente Alberto Fernández habilitó al procurador del Tesoro, Carlos Zannini, a presentarse ante el fuero Contencioso Administrativo Federal, y por otro avaló la presentación del Ministerio de Salud en el fuero contencioso de la Ciudad para tratar de llevar el caso a otra jurisdicción.
El objetivo de ambas acciones es validar la vigencia del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que suspendió las clases presenciales entre el 19 y el 30 de abril.
Para el Gobierno, la decisión de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño que habilitó la continuidad de las clases en la Ciudad es un fallo a medida del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
Saben en Casa Rosada que se trata de una discusión política y advierten que Juntos por el Cambio presionó para obtener esa medida.
Fernández enfatizó que el fallo es "un estrago jurídico".
"Están tomando medidas que son del exclusivo resorte de la justicia federal. No estamos dictando medidas de política educativa. Son medidas de política sanitaria en una pandemia Por eso la ciudad fue directo a la Corte", argumentó el jefe de Estado en declaraciones a El Destape.
Por su parte, el ministro de Justicia, Martín Soria, también cuestionó el fallo que cedió al interés del Gobierno de Rodríguez Larreta para que las aulas continúen abiertas, al señalar que la resolución judicial es un "mamarracho jurídico", que tiene una "explicación política".
Demasiado lejos
"El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos", escribió en Twitter.
Soria advirtió que se trata de "una medida sanitaria del gobierno nacional pretende ser suspendida por la Justicia porteña, un fuero local, manifiestamente incompetente para resolver sobre cuestiones federales".
"Este mamarracho jurídico sólo tiene una explicación y es política", expresó el ministro.
A la vez, señaló que "la fiscal, los jueces y el Gobierno de la Ciudad deberán hacerse responsables de las consecuencias sanitarias de esta medida".
Este domingo, la Justicia porteña ordenó la habilitación de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires, en detrimento del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el presidente Alberto Fernández el viernes pasado, por el cual se dispuso el cierre de las aulas por dos semanas para contener el aumento de casos de coronavirus.
La resolución fue dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la ciudad de Buenos Aires.
La votación del tribunal que integran los jueces Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli fue unánime, y la medida se hará efectiva este lunes ya que el Gobierno nacional no puede recusar, por no formar parte del caso.
"La responsabilidad en la prestación y el modo en que se organiza el servicio de educación es una competencia netamente local y que, por ende, debe ser dispuesta por los órganos constitucionales que tanto la Constitución nacional, local y las leyes dispusieron para ello. Esto es: el Poder Ejecutivo local", argumentó el tribunal en el fallo (con información de Agencia NA).