El aumento precipitado en la cantidad de contagios justificaba para muchos especialistas la adopción de nuevas restricciones, sin embargo, el énfasis que el presidente Fernández pone en la Ciudad de Buenos Aires deja al descubierto la intencionalidad política que se esconde detrás de las últimas medidas.
Es cierto que la mayoría de los contagios se concentran en el AMBA, pero también han crecido significativamente en otras provincias de mucha población, como Córdoba y Santa Fe, sin que se adoptara ninguna nueva restricción y en donde las clases presenciales por el momento continúan.
Más allá del propósito de contener el avance del virus, el gobierno nacional parece tener un objetivo no declarado: reducir la capacidad del jefe de gobierno porteño de desplegar y exhibir una agenda de política pública autónoma.
Para cumplir con el DNU de Alberto Fernández, el cual establece la obligatoriedad de las nuevas restricciones solo para el AMBA, Rodríguez Larreta se ve obligado a penalizar a los comerciantes que se resisten. Incluso la Policía de la Ciudad debió intervenir y reprimir a un grupo de manifestantes que el sábado en Casa Rosada se expresaban en contra de las medidas adoptadas por Alberto Fernández. Y el punto que generó mayor tensión: la decisión de suspender la presencialidad en las escuelas.
No es la primera ocasión
No se trata de la primera vez que el peronismo, frente a un territorio que históricamente le resulta hostil, intenta controlar los destinos de la Ciudad con maniobras cuestionables. El propio Perón, por iniciativa de su Ministro de Asuntos Políticos Román Subiza, hizo aprobar en 1951 una reforma electoral que reestableció el sistema de votación uninominal (ya había sido utilizado en 1904) y diseñó una subdivisión de la Capital Federal destinada a neutralizar las mesas en las que ganaban los radicales.
Subiza se inspiró en el método conocido como “gerrymandering”, el cual consiste en manipular el mapa de los distritos electorales para anexar aquellos afines a la oposición con otros en los que sobran votos oficialistas. Del laboratorio de Subiza salieron secciones electorales ridículas, ideadas especialmente para empequeñecer la cantidad de diputados opositores que llegaban al Congreso, como la que unía Saavedra con Balvanera o la que llegaba desde Villa Soldati hasta Palermo, atravesando Once.
Hoy es el Frente de Todos, ya no a través de una manipulación de las reglas electorales (siempre y cuando no haya cambios discrecionales justificados por la pandemia) sino por medio de otros mecanismos, el que busca limitar la autonomía y la proyección política de la Ciudad. El oficialismo percibe que la estrategia política diseñada hasta ahora, basada en los ataques constantes contra Rodríguez Larreta y un intento por colocar a Mauricio Macri como el principal adversario, no está dando resultados.
El jefe de gobierno porteño continúa siendo el dirigente con mejor imagen del país y el expresidente, con el cual se sienten más cómodos confrontando, no crece en las encuestas ni recupera influencia en la agenda pública. Frente a esta situación, el FDT intenta desgastar a Rodríguez Larreta de una forma distinta: reduciendo su margen de maniobra e interviniendo informalmente sobre su propio territorio. La pandemia es una excusa que resulta válida para intentar detener la proyección de un dirigente que por sus características de líder moderado ha resultado una amenaza más significativa que Macri o Patricia Bullrich.
Por todo esto, la decisión que tomó la justicia respecto a la continuidad de las clases presenciales resulta crucial. Al cierre del domingo, los jueces de la Sala IV de la Cámara de Apelaciones de la Ciudad resolvieron por unanimidad mantener las escuelas abiertas y Rodríguez Larreta brindó una conferencia de prensa en la que ratificó las clases. Los gremios más radicalizados llamaron a un paro docente, pero se espera que los establecimientos educativos abran sus puertas.
Mientras tanto, la Corte Suprema aún debe decidir sobre la inconstitucionalidad del DNU. Este puede ser el freno definitivo a la estrategia del oficialismo y, de perdurar, fortalecerá la autonomía de la Ciudad frente al Poder Ejecutivo nacional. Se trata de un duro golpe para el presidente Alberto Fernández y reafirma la proyección del jefe de gobierno.
El recuerdo de las 125
En 2008, el gobierno de Cristina Kirchner lanzó la Resolución 125, lo cual generó una fuerte división en la Argentina. El deterioro que generó la contienda con el campo causó profundas heridas en el oficialismo y llevó a la renuncia del por entonces jefe de gabinete Alberto Fernández.
Sin embargo, parece que el actual presidente poco ha aprendido de aquel episodio en el que los atropellos y la falta de cálculo político condujeron al gobierno kirchnerista a una de sus peores crisis de gobernabilidad. La decisión de cerrar los colegios parece nuevamente estar dividiendo a la sociedad argentina en dos.
El presidente pretende extinguir la amenaza electoral que percibe en Rodríguez Larreta, pero puede estar incubando con ello el germen de un desgaste mayor.