Es difícil agregar algo a todo lo que se está diciendo sobre la importancia de la educación desde que se inició la pandemia y particularmente tras la decisión del presidente Alberto Fernández de cerrar por dos semanas las escuelas en la región metropolitana. No obstante, un gobierno que dice que su preocupación prioritaria son los pobres debería tener muy en cuenta los efectos de la suspensión de las clases entre los menores carecientes, que en la Argentina son casi seis de cada diez.

En ese sentido, resultó más que oportuna la reciente difusión por parte de Cáritas -la institución oficial de la Iglesia para la ayuda a los más necesitados- de un relevamiento que realizó entre sus 183 áreas educativas que asisten a 19 mil niños y adolescentes de escasos recursos en todo el país. Y que prologa con un concepto obvio que no parece ser tan obvio para el oficialismo: que “la educación es una herramienta fundamental para la inclusión social y la equidad”.

El sondeo arrojó los siguientes datos: 84,1% de las familias presenta dificultades para la conectividad y, por tanto, para acceder a la instrucción a distancia; el 75% para obtener vestimenta; el 70,5% para acceder a la compra de insumos básicos de higiene y bioseguridad; el 52,3% para adquirir elementos de protección personal (tapabocas), y el 40,9% convive con otras problemáticas sociales (consumos o abuso de sustancias, violencia familiar, etc).

En términos conceptuales, Cáritas dice que “la pandemia ha dejado en evidencia la gigantesca brecha que existe en la sociedad. Las actuales condiciones de emergencia sanitaria -subraya- golpearon especialmente la vida cotidiana de los sectores más vulnerables del país, limitando u obstaculizando aún más el ejercicio de sus derechos y haciendo visible la ausencia de condiciones materiales adecuadas y herramientas de tecnología digital”.

La institución cree conveniente recordar que desde el 16 de marzo hasta el fin del ciclo 2020, más de 11 millones de estudiantes no regresaron a las aulas y siguieron con lecciones a distancia. Y que a partir de octubre comenzaron las actividades de revinculación y 4.9 millones de alumnos -el 43% del total- fueron habilitados para desarrollar esas actividades, recreativas y de reencuentro al aire libre, que no fueron clases formales.

Tras señalar que en 9 provincias nunca hubo un intento por recuperar el vínculo presencial, puntualiza que “a mediados de año -según información oficial- eran un millón los estudiantes que habían perdido vínculo con la escuela”. Que entre junio y noviembre los contactos entre los que los mantenían se volvieron más esporádicos. Y que “esa desconexión redundará en una suba pronunciada de la deserción escolar”.

El panorama es negro para este año. Cáritas menciona una estimación de una reconocida institución educativa como Flacso -en base a una investigación de Agustín Claus- que calcula que este año, a nivel nacional, cerca de 1,5 millones de estudiantes de los distintos niveles educativos se verían desvinculados de la escolarización en 2021. O sea, que dejarán de ir a la escuela, particularmente del nivel secundario.

No hay que ser un experto en educación para saber que todo esto es garantía de perpetuación y multiplicación de pobres en las nuevas generaciones. Por eso, si bien puede haber una situación extrema que exija un cierre temporal de las escuelas, debe evaluarse que realmente sea extrema. Y con datos certeros y no meros comentarios tipo “los chicos se cambian los barbijos”.

Pese a que el gobierno venía diciendo que la suspensión de clases sería lo último que haría, el presidente decidió la semana pasada avanzar en esa dirección. ¿Acaso desestimó la magnitud de la tragedia educativa y cedió a presiones políticas y sindicales? El oficialismo debería recordar que nada conspira más contra sus banderas de justicia social que cerrar las escuelas.