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El presidente Alberto Fernández había anunciado que su primer decreto de necesidad y urgencia de la segunda ola del Covid-19, con el que implementó medidas restrictivas para mitigar la expansión del pandemia, duraría quince días. Acaba de extenderlo por veintiún días más. Entre otras normas, suspendió las clases en toda la provincia de Buenos Aires, la más poblada del país, e intentó que ocurra lo mismo en la Capital Federal.
La pelea escaló cada vez más con el jefe porteño, Horacio Rodríguez Larreta. A ese combate dialéctico se sumó el judicial. La decisión sobre la autonomía de la Ciudad para determinar si puede haber clases o no la definirá la Corte Suprema.
La semana que pasó varios interlocutores de Nación, Provincia y la Jefatura Porteña habían acordado que no habría un nuevo DNU que implementaría la clausura de las aulas. El jueves, al anochecer, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, avisó a las autoridades porteñas que ese “pacto” no se cumpliría: el Presidente lo confirmó con su nuevo anuncio en el que volvió a suspender la presencialidad escolar para Buenos Aires y la Capital Federal durante 21 días más.
Rodríguez Larreta reafirmó que los jardines de infantes y los primarios continuarán abiertos. Los secundarios trabajarán con alternancia entre presencias en las aulas y clases vía virtual.
En los nuevos anuncios del viernes, Fernández hizo alusión a esa posición del Jefe Porteño. Y el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue aun más critico de la gestión sobre la pandemia que llevan adelante las autoridades de la Capital Federal.
La pelea entre Nación y Buenos Aires impulsada contra Rodríguez Larreta continuará, aseguraron fuentes oficiales.
Con espesores variables en las restricciones a las circulación, la nueva “normalidad” durará mucho más tiempo que anunciado por el Gobierno en un inicio: primero se informó que los límites a la circulación se extenderían por quince días. Desde el viernes de sabe que las medidas se alargaban veintiún días después de la fecha que en rigor era su límite original.
De acuerdo a funcionarios nacionales con cargos relevantes, el nuevo método de restringir a distintos sectores de la sociedad, al transporte público, la docencia en distintos distritos, y a otros rubros de la vida social que podría ayudar a frenar el Covid-19 se extenderán más allá de fines de mayo, como se estipuló hasta ahora.
El nuevo escenario de una Argentina con restricciones en el 2021 fue adelantado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti. En declaraciones a la prensa, anunció que los “próximos meses” serán complejos.
Dijo, sin decir, que la nueva “normalidad” será más larga que lo anunciado por el Presidente.
El propio Alberto Fernández dio una señal rotunda al respecto cuando en su último anunció contó que buscaría que el Congreso Nacional aprobase un proyecto de ley para darle una especie de “superpoderes” para otorgarle atribuciones que le permitiesen decidir sobre políticas sanitarias que no puedan después ser discutidas o por algunas provincias que podrían verde afectadas por más restricciones; e incluso por el Poder Judicial, un obstáculo para sus planes anti Covid-19.
Ese proyecto de ley se enviaría al Congreso en los próximos días. Por la intensidad de su contenido, ese plan legislativo ya generó un principio de rechazo de buena parte de la oposición, por lo que esta iniciativa entrará en un largo debate.
La pregunta se impone: ¿por qué querría el Presidente lograr que el Congreso le otorgase esos poderes si no fuera para ponerlos en práctica?
Eso significa que el plan de restricciones contra el Covid-19, al menos por ahora, está organizándose en el Gobierno para más allá del 21 de mayo.
Lo admiten fuentes gubernamentales inobjetables.
El invierno aun no empezó. El frío, impulsador de la peste, de acuerdo a los científicos. Las vacunas necesarias aún o llegan en número necesario para lograr una gran inmunidad en el país.
Las restricciones a la circulación acaban de empezar.
