¿Qué pergeña Alberto Fernández? Es lo que se preguntan en la oposición ahora mismo. Más allá de las suspicacias, hay real curiosidad.

Observan varias conductas inquietantes por parte del mandatario, todas impulsadas al mismo tiempo. En primer lugar, el presunto deseo de dialogar con la oposición sin ataques ni chicanas.

Al mismo tiempo, pide que le voten súper poderes. Y, para coronar todo ello, ha reimpulsado una vía directa de diálogo con Horacio Rodríguez Larreta, a través del jefe de Gabinete de la CABA, Felipe Miguel.

El momento en el cual se da esta situación no parece casual: justo cuando el presidente acaba de extender las restricciones para paliar la pandemia del coronavirus, siempre a través de medidas antipáticas, como la suspensión de las clases presenciales y el “acotamiento” de la actividad comercial.

“No me queda otra, yo prefiero cuidar a los argentinos”, insiste en explicarles a sus (pocos) hombres de confianza. Porque estos, cada tanto, suelen cuestionarle alguna que otra decisión.

En tal contexto, la oposición sospecha que las restricciones no serán solo hasta el 21 de mayo, sino que se extenderán más allá de estas tres semanas. De lo contrario, ¿para qué querría Alberto que le regalen súper poderes?

Sea como fuere, desde Juntos por el Cambio ya han decido abroquelarse para no otorgarle esa facultad al jefe de Estado.

“Esta vez no nos dividirán”, dijo Mario Negri, en un chat privado, a sus acólitos. En referencia a la estrategia que utilizó el kirchnerismo respecto del “corrimiento” de las primarias.

Una digresión al respecto: ¿Tendrá presente el oficialismo que el 10 de mayo vence el plazo para convocar oficialmente a las PASO? En dicho marco, ¿llegará a modificar la fecha, como pretende?

“Lo que planteamos desde Juntos por el Cambio es que esa modificación por 30 días para demorar las primarias debía garantizar que se realicen las elecciones y por ahora no tuvimos respuesta por parte del Gobierno”, aclaró al respecto el ya mencionado Negri en los últimos días.

No es un dato menor: la oposición sospecha que el corrimiento mencionado es solo una excusa para suspender directamente los comicios.

Ello explicaría el actual mutismo del kirchnerismo sobre este tópico, que haría peligrar la pretensión oficial de mover las primarias.

No es lo que más debería preocupar al Gobierno, sino el escándalo que acaba de estallar, referido al laboratorio contratado para hacer tests rápidos en el aeropuerto de Ezeiza, LabPax. Un millonario negocio a cargo de dos monotributistas, que fue revelado por diario La Nación.

Lo que no ha mencionado el matutino son los vínculos que ostenta esa empresa —creada a las apuradas en diciembre de 2020— con el mundo de la política.

Es que uno de los directivos de LabPax, Rodolfo Principi, fue concejal del Frente de Todos en Mercedes y es muy cercano al ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro. Ergo, ¿habrá sido este último quien pergeñó la maniobra/negociado? Por ahora, nadie se hace cargo de nada.

Eso sí, se han apurado a borrar todos los rastros, como la siguiente captura, donde aparece Principi como uno de los integrantes de Labpax. En la web, la imagen ya no se encuentra.

Otro dato, revelador: Principi es el mismo que fue acusado por robo cuando ejercía como director del Hospital Blas Dubarry de Mercedes. Quien salvó su reputación fue el referido De Pedro.

Hablando de revelaciones polémicas: trabajadores del Servicio Penitenciario denuncian que los han conminado en las últimas semanas a llenar una declaración jurada para sus legajos, donde consten los números de sus teléfonos celulares. Sospechan que buscan espiar sus acciones.

“En el gobierno anterior de los K, habían sacado una declaración jurada de tus teléfonos, los jefes nos opusimos. Son de terror. Medios privados, violatorio de la Constitución, si tienen que saber algo que lo hagan por via judicial la intervención del teléfono”, explicó uno de los principales jefes de esa fuerza a Tribuna de Periodistas.

Por si todo lo antedicho no fuera suficiente, Alberto acaba de sufrir otro duro revés: la Cámara Federal suspendió por seis meses la aplicación del DNU que declaraba servicios públicos y congelaba los precios de la telefonía celular, telefonía fija, Internet y TV paga.

Por lo visto, por el horizonte no asoma ni una sola buena noticia para el presidente.


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