La crisis energética, tantas veces negada por el Gobierno, llegó para quedarse. Bastó que a la gestión de Néstor Kirchner le tocara el primer invierno con verdaderas temperaturas bajas para que el temido fantasma de los cortes de luz y de gas se materializara en la actividad económica. Industrias grandes, medianas y pequeñas se quedaron sin gas natural para abastecer sus líneas de producción y deben restringir sensiblemente el consumo energético desde el 14 de junio, lo que tiene a varios sectores de la economía paralizados no se sabe por cuánto tiempo. Lo que empezó con un mal diagnóstico de la gestión oficial, que optó por negar la profundidad estructural de la crisis, se transformó ahora en un problema más grave aún: la falta de un plan serio para mejorar la inversión y la oferta energética. Lo que está en juego no es simplemente el nivel de las tarifas –como creyó el Gobierno-sino el riesgo de hacer temblar la sustentabilidad del crecimiento económico.
    La respuesta fácil del oficialismo fue responsabilizar a las gestiones anteriores y a las empresas del sector por la falta de inversiones en el pasado, pero en privado se limitó a calmarlas pidiéndoles paciencia hasta que pase el pico de bajas temperaturas que llegó con el otoño y amenaza quedarse todo el invierno.
    Pero las deficiencias están más allá de las temperaturas. La capacidad de satisfacer la demanda eléctrica del sistema interconectado nacional bordea apenas los 18.000 megavatios diarios, cifra que se superó sistemáticamente durante las horas pico de los días más fríos de mayo y junio de este año, pero que ya tuvo antecedentes de cortes y restricciones desde hace un año y medio, incluso con las altas temperaturas del verano. Pero en jornadas con temperaturas medias, en torno a los 14 grados, también se hace notar la escasez de oferta: la demanda de electricidad está superando los 17.300 megavatios por día. Y ello, con un esquema de restricciones a la industria que obliga a las empresas a ahorrar 1.200 megavatios por día, en las horas pico. Es decir que, sin restricciones, la demanda de energía eléctrica en un día con 14 grados de temperatura es de 18.500 megavatios y supera ampliamente el límite de generación y distribución que tiene el sistema.


Corte total

    Por eso, la amenaza latente en el sector industrial es el corte total y ya lo saben los empresarios, aunque todavía se callen la boca para no molestar a los funcionarios.
    Algo similar pasa con la producción de gas: la demanda en la última semana de junio orilló los 130 millones de metros cúbicos diarios, lo que exigió cortar la provisión del combustible a las industrias y a los grandes consumidores que tienen contratos en firme, es decir no interrumpibles.
    "El sistema está al tope de lo que puede abastecer y sin reservas, lo que significa que si se produce un desperfecto en alguna red no se podrá restablecer el servicio hasta que no se repare el problema; el riesgo de un apagón es altísimo", dicen en una de las principales distribuidoras eléctricas del país.
    Antes de que la demanda llegara a estos niveles, las distribuidoras tenían máquinas térmicas a modo de back up ante una eventual crisis –por ejemplo, el corte de una línea de alta tensión cuya reparación exigía varios días-, pero ante los reiterados picos de consumo, una resolución de la Secretaría de Energía ordenó poner en funcionamiento todos esos equipos. O sea: no hay reserva alguna ante un problema técnico en cualquier línea del sistema. ¿Conclusión?: "Para cada empresa que anuncia que va a aumentar un turno en su actividad, nosotros no podemos garantizarle el gas necesario", admitió otro distribuidor. La salida es invertir en la utilización de combustibles alternativos como el fuel oil –mucho más caro-, pero para estar dispuestos a hacer ese desembolso las empresas deben tener como reaseguro altísimas tasas de rentabilidad para sus negocios.


Las tarifas

    Las necesidades políticas se hicieron sentir en un mercado sensible a la evolución de las inversiones. Kirchner prometió que no habría "tarifazos" durante su gestión y nunca ajustó de modo integral los precios de la energía como para facilitar las inversiones, pero sin perjudicar la situación social. Con precios congelados, la demanda de gas y electricidad domiciliaria creció exponencialmente de la mano de la recuperación económica: según datos de las distribuidoras de gas y luz de la Ciudad de Buenos Aires, a un ritmo superior al 20% interanual en el primer cuatrimestre de este año. Así, mientras que la casa de un country de la zona norte de la ciudad paga 0,05 dólar por metro cúbico de gas que utiliza, por ejemplo, para climatizar una pileta de natación, las grandes industrias pagan alrededor de 2 dólares por metro cúbico para tener contratos ininterrumpibles de abastecimiento. A pesar de eso, sufren los cortes.
    Sin mencionar a los sectores más postergados de la población o a las zonas que no tienen tendido de red de gas natural que deben utilizar garrafas de gas licuado y pagar alrededor de 0,4 dólar por metro cúbico para cocinar o calefaccionar sus casas, más de lo que se paga en un barrio cerrado de la zona norte bonaerense.
    Por supuestos, estas tarifas -tres veces más bajas que el promedio de la región- no permitieron que la generación de energía acompañara el crecimiento de la demanda. Según un informe de la consultora Investigaciones Económicas Sectoriales, IES, mientras la producción de energía eléctrica creció 4,4% en los primeros cuatro meses del 2007, la demanda se elevó a un ritmo del 6,3%. La producción de petróleo se mantuvo estable con una suba de apenas 0,1%, pero el consumo creció 4%. Y la producción de gas registró una caída del 1%, cuando la demanda se elevó a una tasa del 4,9% interanual.
    El problema es que, aunque el ministro Julio de Vido enumere cada tanto el listado de las obras públicas destinadas a resolver el problema, las únicas obras que estarían cerca de concretarse en el próximo año son dos usinas termoeléctricas –contsruidas en Santa Fe y Campana-, las que descomprimirían el faltante de electricidad. Pero tendrán que lidiar con otra mala noticia: ambas centrales térmicas fueron pensadas para funcionar con gas natural proveniente de Bolivia, y el gobierno de Evo Morales acaba de anunciar recortes de casi el 50% en los envíos a la Argentina por diversos conflictos en sus yacimientos.


Productividad Cero

    Las consecuencias ya se hacen sentir: las empresas textiles del Noroeste argentino están paralizadas; las cementeras sufren restricciones sensibles en su ritmo y capacidad productiva; los autopartistas tienen actualmente paralizada su producción y no logran cumplir con sus contratos de abastecimiento en tiempo y forma a las terminales. Tres fabricantes automotrices debieron frenar la última semana sus líneas de producción y otras dos ordenar suspensiones parciales y rotativas de sus actividades. El caso más sensible es, quizá, el del sector petroquímico, donde el gas natural es utilizado como materia prima para la producción y no tiene combustibles que lo reemplacen. El polo petroquímico de Bahía Blanca, donde todas las empresas pagan un servicio ininterrumpible y tienen contratos a quince años de abastecimiento con precios que en algunos casos superan los 2 dólares por metro cúbico, se paralizó siete días en mayo y ya acumula un tiempo parecido en junio, por falta de combustible.
    Existen varios ejemplos de las pérdidas: una importante productora de etanol, butano y propano dejó de facturar casi 8 millones de dólares y no puede cumplir con sus contratos de exportación al MERCOSUR. Una productora de fertilizantes registra una pérdida de 800.000 dólares diarios por tener su planta parada. No sólo eso: termina desabasteciendo el mercado local de fertilizantes en un momento crucial como es el del cultivo de maíz y empuja a la compra de productos importados.
    El Gobierno intenta seguir escondiendo el problema y amenaza con multas y sanciones a las empresas distribuidoras, a las transportadoras, y a las industrias que tienen contratos firmes y que no cortaron su demanda tan rápido como se les solicitó desde el comité de crisis conformado por productoras, distribuidoras, grandes consumidores. El árbitro es el secretario de Energía, Daniel Cameron, que estuvo al borde de presentar su renuncia por un ataque de furia presidencial que paró el ministro De Vido.
    Desde las empresas, sin alzar la voz, ya se empezaron a enviar los reclamos administrativos correspondientes a la Secretaría de Energía. Son los tibios primeros pasos de lo que empieza a madurar como un gran juicio, colectivo, al Estado: el reclamo de compensación económica por las pérdidas sufridas y la falta de previsión oficial, pese a las reiteradas advertencias de los organismos técnicos, tiene un ancho campo para crecer.

Cecilia Boufflet
cboufflet@perfil.com.ar
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