Mientras los argentinos discutimos pequeñeces y caemos, por la connivencia de periodistas abonados, en cuestiones de poca envergadura como ¿“viste lo que dijo Kicilloff”?, ¿ “leíste lo que twiteó CFK”? y multiplicidad de distracciones inútiles, el país se hunde en una pobreza sin precedentes.
Del total de la población censada hace años atrás unos 30 millones son pobres, contabilizando planes, subsidios y otras asistencias provenientes del estado.
En resumidas cuentas, casi un 75% de la población vive por debajo de la línea de pobreza.
Ese escenario ¿se debe a la llamada concentración de la riqueza?
De ninguna manera. Se debe a la acción que desde el año 1983 viene desarrollando la clase política en su conjunto.
En el año 1980 la pobreza (según el Indec) era de un 8,3% y la indigencia de 1,8%.
Eso pone de manifiesto la absoluta incapacidad de la casta política gobernante a partir de 1983 para lograr el bienestar general de la población, ya que prefirieron privilegiar sus propios intereses y el poder antes que cualquier otra cuestión.
Apunto a que en este país la democracia corrompida sólo ha sido representativa para los integrantes de la política.
De allí que se necesita un profundo “proceso revolucionario” que le permita a cualquier ciudadano llegar a un cargo público sin necesidad de pertenecer – como obligatoriamente es hoy- a ningún partido político.
De lo contrario, la imposición de “formar parte de un partido político”, atenta contra el derecho natural que le asiste a cualquier ciudadano de acceder a un cargo público de manera independiente y con los requisitos mínimos que exigía la sabia constitución que creó Alberdi.
Y para ello, como lo vengo explicando en varias notas, el sistema es la Demarquía o Estococracia.
Mientras tanto, Alberto Fernández había descubierto que podía gobernar “manu militari” y sin ningún control gracias a una oposición complaciente y a una gran parte de la justicia que se “olvidaron” de los valores supremos constitucionales e inviolables: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, y gracias a ello nos sometió -sustentado en una herramienta excepcional y limitada (DNU)- y nos impuso decisiones caprichosas y antojadizas como si fuese un monarca en ejercicio de la suma del poder público, sin que nadie se lo haya otorgado.
Reitero, la oposición, los medios pautados y parte de la justicia fueron culpables, tanto como el primer mandatario, ya sea por acción u omisión.
Es entonces que ahora le va a solicitar al Congreso Nacional que le otorgue los super-poderes (de los cuales carece) para aplicar legal y legítimamente lo que hasta hoy ejecutó inconstitucionalmente.
Y esto entraña un gran peligro ante una pregunta sustancial ¿Para quién está solicitando el Presidente la suma del Poder Público?
Porque si es para él y lo va a ejercer hasta el final de su mandato es una luz anaranjada que puede dar lugar a algún debate.
Ahora, si pretende llevar a cabo su “último acto” antes de presentar la renuncia al cargo, realmente es un luz intensamente roja y muy preocupante porque la vicepresidente asumiría con un poder omnímodo en sus manos.
De allí, a intervenir la Ciudad Autónoma, destituir a la Corte Suprema y neutralizar a las voces disidentes hay un solo paso.
Recuerdo que el triunfo del populismo venezolano se empezó a consolidar cuando Chávez quebró la resistencia de Caracas y la puso bajo su bota.
Ese fue el principio del fin. Lo sabe Cristina Fernández y lo sabe Horacio Larreta.
Mientras desarrollo esta nota se da a conocer el impecable fallo de la Corte Suprema de Justicia, en consonancia con lo descripto en mi nota anterior en este portal y con la cual coincide la mayoría de los integrantes del más Alto Tribunal de la Nación, a quienes le debemos agradecer ser el último bastión donde la República se ha podido sostener.
Cada uno de los votos merece una especial atención y debo aplaudir cada uno de ellos.
Pero puesto en la disyuntiva de elegir uno, voy a destacar los considerandos del Dr. Ricardo Lorenzetti especialmente en estas líneas que reproduzco: { 2°) Que el Poder Judicial debe proteger los derechos humanos para que no sean avasallados. En este sentido, “todos los individuos tienen derechos fundamentales con un contenido mínimo para que puedan desplegar plenamente su valor eminente como agentes morales autónomos, que constituyen la base de la dignidad humana, y que esta Corte debe proteger” (Fallos: 328:566, “Itzcovich”; voto del juez Lorenzetti). El Estado no puede sustituir a las personas en las decisiones correspondientes a su esfera individual. En este orden: “una sociedad civilizada es un acuerdo hipotético para superar el estado de agresión mutua (Hobbes, Thomas, “Leviatán. O la materia, forma y poder de una República, eclesiástica y civil”, México, Fondo de Cultura Económica, 1994), pero nadie aceptaría celebrar ese contrato si no existen garantías de respeto de la autonomía y dignidad de la persona pues “aunque CSJ 567/2021 ORIGINARIO Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires c/ Estado Nacional (Poder Ejecutivo Nacional) s/ acción declarativa de inconstitucionalidad. Corte Suprema de Justicia de la Nación - 67 - los hombres, al entrar en sociedad, renuncian a la igualdad, a la libertad y al poder ejecutivo que tenía en el estado de naturaleza, poniendo todo esto en manos de la sociedad misma para que el poder legislativo disponga de ello según lo requiera el bien de la sociedad, esa renuncia es hecha por cada uno con la exclusiva intención de preservarse a sí mismo y de preservar su libertad y su propiedad de una manera mejor, ya que no puede suponerse que criatura racional alguna cambie su situación con el deseo de ir a peor” (Locke, John, “Segundo Tratado sobre el gobierno civil”, capítulo 9, Madrid, Alianza, 1990). Tales derechos fundamentales son humanos, antes que estatales”. (Fallos: 328:2056 “Simón”, voto del juez Lorenzetti). Esta tutela de los derechos fundamentales debe ser efectiva y la consiguiente limitación solo puede ser excepcional. En este sentido: “…cuando la pretensión se relaciona con derechos fundamentales, la interpretación de la ley debe estar guiada por la finalidad de lograr una tutela efectiva, lo que se presenta como una prioridad cuando la distancia entre lo declarado y la aplicación efectiva perturba al ciudadano. Los jueces deben evitar interpretaciones que presenten como legítimas aquellas conductas que cumplen con la ley de modo aparente o parcial, causando el perjuicio que la norma quiere evitar” (Fallos: 329:5239, “Di Nunzio”, voto del juez Lorenzetti).}
Sencillamente brillante, porque no se detuvo sólo en el derecho a la educación, sino que amplió sus conceptos al resto de los derechos esenciales y en síntesis advierte que los individuos poseen derechos fundamentales que hacen a la dignidad humana y que el Estado no puede sustituir a las personas en la decisiones correspondientes a su esfera individual y que existe una tutela de esos derechos humanos fundamentales que sólo pueden ser limitadas por excepción sin perturbar al ciudadano, y que de eso se debe encargar el Poder Judicial.
Un maravilloso canto a la vida y a la libertad, y que deja establecido un marco referencial el cual ningún gobierno puede violar de acá en más.
Obviamente, del lado de quienes defienden las posturas autocráticas han salido en fila a golpear a un poder independiente de la Constitución Nacional. Nos debe quedarle en claro que aquellos que atacan el fallo pretenden regímenes como el Cubano, el Venezolano, el de Corea del Norte o el de China.
Aman los totalitarismos y no tienen prurito en decirlo públicamente con expresiones descalificantes en contra, básicamente, de quienes se expresan a favor de la República
No me asombra la reacción de Cristina Fernández y sus adláteres, porque están en consonancia con el modelo de gobierno al que aspiran y del que siempre señalo debe ser muy consciente la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Ahora, el máximo Tribunal, debería resolver cuanto antes sobre la ley 26.080/2006 por la cual se reformó irregularmente el Consejo de la Magistratura decretando su inconstitucionalidad y así poder llevar tranquilidad al resto del Poder Judicial después de las desmedidas declaraciones emanadas hoy de distintos miembros del oficialismo.
Mención aparte merece la insólita manifestación dirigida a la Corte por parte de Alberto Fernández: "Me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencia".
La ignorancia suele ser insolente.
Posiblemente la ciudadanía aún siga dormida mientras le agitan el pánico de una pandemia exacerbada hasta el delirio.
Pensar es una capacidad sólo si se despliega bien a través de un ejercicio adecuado que necesita entrenamiento y, por tanto, disciplina.
La educación humana no debería apuntar sólo a cultivar los sentidos y los sentimientos y/o una mayor capacitación para las relaciones personales y/o u aumento de la calificación personal; también debería mejorar la destreza de la comprensión de la realidad y favorecer el rigor en el pensamiento, la sutileza de los juicios y la oportunidad de la acción.
Es tan peligroso el pensamiento simple incapaz de matizar nada, tal vez por falta de recursos, como el pensamiento complejo lleno de grumos ideológicos, incapaz de aclarar y discernir, posiblemente por contener un cúmulo de ideas de un mismo tipo.
Es el estilo reflexivo el que realmente es útil porque no suma complejidades pero tampoco las elimina.
La honestidad es una virtud intelectual de primer orden
Y la honestidad obliga a evitar la charlatanería ruidosa e iluminada, como también el pensamiento taciturno.
El pensamiento reflexivo tiene la característica de ser crítico y autocrítico.
Es, en su base, un pensamiento atento-en un doble sentido- atento a la realidad y de tener hacia ella una actitud amable.
Justamente la clase política carece de un pensamiento reflexivo, porque nunca se ajusta a los requisitos que éste exige.
Para comprender la realidad hay que tener siempre presente que la vida no es lo que parece.
No estoy adscribiendo a la tesis de Platón, sino que me refiero a algo más elemental: las cosas no son tan simples como a primera vista pueden parecer.
Las tecnologías propias de los medios de comunicación de masas nos acostumbran, con grandes e intencionados titulares y zócalos, a resúmenes rápidos, a formulaciones cortas y/o a opiniones aceleradas.
Eso favorece, adrede, la superficialidad con que la sociedad termina por aceptar las imposiciones de cualquier clase política.
Nos recomendaba Wittgenstein: “No pienses, mira”.
Es llamativo que un filósofo de su talla nos diga algo tan sencillo, pero de una inmensa sabiduría.
Y la sociedad al enfrentarse a los hechos cotidianos en lugar de suponer o interpretar debería mirar, examinar, observar, comparar.
Y luego sí, interpretar, explicar y opinar.
Es sencillo ver dónde se encuentra la trampa que permanentemente nos tiende la clase política.
Buscan, casi siempre, un juicio rápido que sea convincente pero que detrás esconde un prejuicio que se contrapone al bien común.
El filósofo mencionado no pretende que miremos la realidad para aceptarla tal y como se la presenta.
Sino, para ver claramente su trama y poder, descubrir las diferencias entre realidades aparentemente iguales.
Porque lo que parece, a primera vista, pura realidad no siempre es obvio, claro y natural.
Hay dos cosas, entre otras, de las que los políticos presumen, sin salvedades: que son los únicos capaces de pensar mejor que los demás y de ser las únicas personas que piensan.
Por eso eluden el diálogo, invariablemente.
Les resulta muy complejo admitir las cosas como las solía describir Popper: “Es posible que tú tengas razón; yo podría estar equivocado”.
Carecen de la prudencia autocrítica que los obliga a salir de sí mismo porque en un diálogo responsable nadie tiene obligación de escuchar razones y valorarlas.
Pero en este país todo es imposición, todo es “de prepo” o de manera amenazante.
Es preferible reposar en la fuerza de los argumentos y en la sensibilidad personal.
No se miden los méritos por los éxitos. Y el éxito de un buen diálogo no suele medirse por su resultado.
Al fin y al cabo, la experiencia enseña que las malas razones, también convencen.
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