En el último día de su gira por Europa, el presidente Fernández se reunió con la titular del FMI, Kristalina Georgieva. El gobierno busca postergar los vencimientos que la Argentina tiene con el organismo este año (debe pagar entre septiembre y octubre unos USD 4.000 millones), para luego avanzar con la reestructuración total. A su vez, Fernández aclaró que la deuda con el Club de París, que tiene un vencimiento de USD 2.400 millones el 31 de este mes, “está atado al tema del Fondo” y por eso “es un tema subsidiario”.

En un principio, se especuló con que los Derechos Especiales de Giro (DEG) que recibió la Argentina, por la nueva asignación que realizó el FMI en el marco de la pandemia, serían utilizados para cancelar deuda. Pero los senadores del FDT, comandados por Cristina Kirchner, presionan a la cartera de Economía y acotan su margen de acción.

La Cámara alta aprobó el jueves (por 37 votos a favor y 25 en contra) una iniciativa del propio oficialismo que solicita al ministro Martín Guzmán, que los fondos frescos que llegan del FMI no se destinen al pago de la deuda externa, sino para financiar políticas públicas destinadas a resolver los problemas derivados de la pandemia.

La presión de los sectores duros del kirchnerismo no se vislumbra únicamente a través de los medios de comunicación y las declaraciones cruzadas, se formaliza e institucionaliza a través del Congreso. Juntos por el Cambio rechazó el proyecto y argumentó que podría “entorpecer” el diálogo con el FMI. En esta Argentina incierta parece ser la oposición quien se preocupa por darle a Guzmán mayor margen de maniobra.

Esta iniciativa de los sectores duros del kirchnerismo y el reciente affaire respecto a las tarifas de los servicios públicos dan cuenta de los limitantes a los que deben enfrentarse Martín Guzmán y Alberto Fernández. La persistencia de los subsidios energéticos no es una cuestión menor, porque le impide al ministro de Economía exhibir frente a los acreedores un sendero fiscal sostenible.

El presidente apoya a su ministro de Economía y la negociación que lleva adelante, pero por momentos parece que no puede evitar que los sectores duros coloquen palos en la rueda, agregando mayores obstáculos. Tomando en cuenta las credenciales ideológicas del kirchnerismo, esto no representa ninguna novedad: Cristina ya tiene el antecedente de haber confrontado con los holdouts, incluso de manera sobreexagerada y luego de haber perdido el juicio en los EEUU.

Sin embargo, existe otra hipótesis alternativa. Lejos de ser una confrontación dentro del Frente de Todos entre sectores duros y dialoguistas, también es posible que estén desplegando una estrategia política y de negociación, representando al policía bueno y al policía malo. El despliegue de esta estrategia podría tener dos objetivos.

El primero, de cara a los acreedores: el gobierno puede interpretar que, si los negociadores del FMI perciben que la Argentina está dispuesta a no cumplir, entonces cederán y flexibilizarán su posición (Cristina pide que la deuda sea reestructurada a veinte años, lo que requeriría cambiar los estatutos del FMI previo acuerdo de todos sus socios: algo prácticamente imposible).

El segundo objetivo sería electoral. Los votantes más afines a la vicepresidenta observan con cierta incredulidad como el ministro de Económica y el presidente de lo que consideran un gobierno kirchnerista negocian amablemente con Kristalina Georgieva (con quien, de hecho, Martín Guzmán ha construido una buena relación). Por eso, para no perder sus credenciales ideológicas, el FDT se divide: Alberto Fernández y Guzmán negocian, mientras que las figuras kirchneristas tradicionales (Axel Kicillof, Cristina Kirchner, Máximo Kirchner u Oscar Parrilli, promotor del proyecto que intenta limitar el uso de los DEG) se muestran en una posición más recalcitrante.

Esta interpretación es factible, ya que complementa y explica por qué el presidente Fernández avanza en el dialogo con los acreedores a pesar de las diferencias internas. Por supuesto, esto no responde a otros interrogantes: ¿El FMI se adaptará a las restricciones políticas? Lo hizo con Mauricio Macri, otorgándole un préstamo stand by por encima de lo que le correspondería a la Argentina, no esta claro que vaya a hacerlo de nuevo con el FDT.

Sobrevuela un interrogante mayor respecto al hecho de que los organismos internacionales se terminen adaptando a las vicisitudes y necesidades de cada país y no al revés, lo cual generaría un escenario de total imprevisibilidad y potencial daño (se pone de manifiesto precisamente en el préstamo político y exagerado en el monto que recibió la administración de Cambiemos).

Segundo interrogante de relevancia: ¿hasta qué punto el juego de policía bueno y policía malo no termina efectivamente comprometiendo las negociaciones con los acreedores? La autoridad de Guzmán ha quedado devaluada luego de fallar al intentar desplegar su plan de actualización de las tarifas de los servicios públicos.

Ya sea se trate de luchas intempestivas o estrategia electoral, los negociadores del FMI y del Club de París observan esta dinámica confusa y podrían dudar respecto a los compromisos que puede asumir el ministro. Además, el gobierno corre el riesgo de que los sectores díscolos del kirchnerismo terminen apartándose de este camino estrecho y sinuoso, y los excesos podrían dañar esta frágil estrategia.