El miércoles, en la Cámara de Diputados, va a entrar un pedido de juicio político contra 4 de los 5 jueces de la Corte Suprema de la Nación.

El que impulsa el pedido es Raúl Eugenio Zaffaroni, exmiembro del tribunal y excolega de la mayoría de los supremos. Eso ya hace que el trámite sea inédito. Es la primera vez que un exjuez pide el juicio de los otros.

¿Por qué Zaffaroni cree que el Congreso debe destituir a Juan Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, a los que llama "el cuarteto de la muerte"? Según él, cuando los jueces fallaron a favor de la Ciudad de Buenos Aires y declararon inconstitucional el Decreto de Necesidad y Urgencia de Alberto Fernández que quería imponer el cierre de clases, incurrieron en los posibles delitos de homicidio, lesiones y propagación de enfermedades, entre otros. Según Zaffaroni, sus excolegas actuaron con negligencia e imprudencia porque bajaron el DNU sin haber consultado a expertos.

Según Zaffaroni, el aumento de casos y muertes de la segunda ola están a la vista y "quienes han contribuido a ella también", en referencia a los magistrados. "Por lo que cabe endilgarles la responsabilidad por su contribución a la dramática situación que vivimos", dijo.

O sea que Zaffaroni establece una relación prácticamente directa entre el fallo de la Corte y la expansión de los contagios. Es raro que un penalista como Zaffaroni se maneje con semejante laxitud. Por empezar, cuando la Corte falló el DNU de Fernández ya había vencido, había terminado la vigencia que el propio presidente le había dado. Pero, además, los penalistas son muy meticulosos a la hora de vincular un hecho con sus consecuencias. Una cosa es imputar un asesinato al hombre que martilló la cabeza de otro hasta matarlo. Y otra, absurda, es imputar a la madre del asesino por no haber sabido criar a una persona menos violenta. De hecho, en este caso, por ahora, ni siquiera hay estadísticas contundentes que vinculen el cierre de escuelas de Kicillof a una baja de los casos o la apertura de Larreta a una suba de los casos. O sea, es capaz que a Zaffaroni le falte hasta el cuerpo del delito.

Pero lo más extraño es que, si le aplicáramos la relajada lógica de Zaffaroni a él mismo habría que haberle imputado al propio Zaffaroni el delito de trata de personas en grado culposo por negligencia cuando, en 2013, su administrador admitió que media docena de departamentos del entonces juez supremo se alquilaban para ser usados como prostíbulos. Se sabe que la prostitución, que no es ilegal, suele ir asociada a la trata de personas.

O también se le podrían imputar al propio Zaffaroni una cantidad indefinida de asesinatos cometidos por criminales reincidentes que liberados de las cárceles por jueces y fiscales influidos por las doctrinas hipergarantistas de Zaffaroni que, para muchos, protegen más a los delincuentes que a sus víctimas.

Como sucede demasiadas veces, hay intelectuales que jamás se aplican a sí mismos sus propias teorías. Zaffaroni es un gran ejemplo.