El gobierno imaginó la campaña de vacunación contra el Covid como un salvavidas político, tras al fracaso sanitario y económico de 2020. Las previsiones triunfalistas fallaron. La inmunización “más grande de la historia” se atrasó. Y hoy enfrentamos la tragedia de una segunda ola que pudo ser menos devastadora.

La gestión de las vacunas parece ahora, más bien, un salvavidas de plomo. La falta de transparencia le factura un elevado costo político. La vacunación de privilegio causó irritación. La gestión para el aprovisionamiento de las dosis necesarias evidenció malas decisiones, guiadas por un anacrónico sesgo geopolítico, impericia y falta de transparencia.

El Gobierno chapalea en un conflicto del que no logra salir. No sólo por la falta de resultados, sino también por la ausencia de explicaciones convincentes.

El jefe de Gabinete justificó que Argentina haya aceptado sólo 10% de las vacunas que el Fondo Covax le puso a disposición, a un precio inferior al del mercado. Cafiero dijo que ir por la totalidad hubiera costado 60 millones de dólares sin certeza de que las dosis fuera a recibirse en tiempo y forma.

Dos ejemplos para visualizar la magnitud de la cifra. Un mes de prohibición de las exportaciones de carne le cuestan al país 240 millones de dólares. Las intervenciones para contener el dólar Contado con Liquidación, desde octubre, le demandaron al Banco Central unos 1.000 millones de sus reservas.

Tiene razón Cafiero cuando dice que las entregas de Covax vienen con retraso. Se pagó el 100% de las dosis acordadas y sólo llegó el 21%.

Pero lo mismo sucedió con otros contratos, más cuantiosos, como el de AstraZéneca y, en menor medida, el de la Sputnik. Argentina pactó por 56 millones de dosis con Covax y cuatro laboratorios. Recibió el 31% de ese total, y pagó por adelantado el 54%, 208 millones de dólares.

El desistimiento de vacunas de Pfizer es el capítulo de mayor sensibilidad política. Argentina rechazó los 13 millones de dosis ofrecidas inicialmente por el laboratorio norteamericano. Y también las que podría haber obtenido de la misma farmacéutica por medio del fondo Covax.

Allí los argumentos tampoco son consistentes. Cafiero dijo las condiciones supuestamente inaceptables eran dos. Una, extender la jurisdicción a los tribunales norteamericanos en caso de litigio y la constitución de garantías patrimoniales del Estado nacional. La otra, suprimir el artículo de la ley de vacunas que permite los juicios por “negligencia”.

La Argentina acepta desde siempre el cambio de jurisdicción judicial cada vez que emite deuda en dólares, como los bonos canjeados por este gobierno. Y las garantías reales son de práctica. Recordemos el bochornoso embargo de la Fragata Libertad por el default con los holdouts.

El resguardo judicial de Pfizer obedece a que, como en todas las vacunas, no se completó la etapa experimental y podrían aparecer efectos no deseados. A ninguno de los numerosos países que contrataron con ese laboratorio les pareció desproporcionado.