El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi ratificó la elevación a juicio oral y público de una causa en la que de una causa en la que está imputado el presidente del Instituto de Cine y Artes Audiovisuales de Argentina (INCAA), Jorge Coscia.

Se trata de un viejo expediente que tramitó ante el difunto juez Claudio Bonadio sobre el manejo de subsidios que otorgaba el organismo.

En el expediente “se investiga la presunta liberación indebida de pagos a productores por parte de las autoridades del INCAA, en el marco de lo normado al suscribirse distintos convenios de coproducción".

Las autoridades del INCAA están acusadas por la supuesta entrega de fondos a distintas producciones sin los debidos controles sobre la realización de las obras.

Martínez de Giorgi había dispuesto la elevación a juicio e incluso había sido designado el tribunal oral federal número dos para llevar adelante el debate, en el que también deberán comparecer el empresario Fernando Sokolowicz, el director de cine y ex rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC) Pablo Rovito, los también ex titulares del INCAA Jorge Álvarez y Liliana Mazure y el director Alex Tossenberger.

En esa causa estuvieron imputados pero finalmente fueron desvinculados, entre otros, el actor Víctor Laplace, el difunto embajador argentino ante la UNESCO Fernando “Pino” Solanas, el actor Lito Cruz y el ex vicegobernador bonaerense Gabriel Mariotto, el ex ministro de Educación Gabriel Filmus y el productor Diego Guebel.

Insuficientes motivos 

Las defensas de varios de los imputados citados a juicio plantearon “la nulidad del auto de elevación al entender que no se encontraba debidamente motivado”, puesto que el juez Martínez de Giorgi “ha omitido considerar las declaraciones testimoniales legalmente incorporados al legajo”.

“Su correcta ponderación necesariamente conllevaba a una solución radicalmente distinta a la adoptada en definitiva”, sostuvieron.

Pero el juez rechazó “in límine” la petición “por resultar manifiestamente improcedente, puesto que no señala vicio alguno que pudiera habilitar la excepcional aplicación de nulidad”.

“La insistente porfía de la defensa repitiendo argumentos ya tratados y respondidos obligan a denotar que esa defensa intenta introducir por vía nulificante y en forma indirecta, nuevamente cuestiones que suponen un juicio de valor sobre las constancias probatorias, lo cual a la postre, resulta algo meramente dilatorio”, se enojó el juez.

En la causa se investiga el supuesto delito de “defraudación en perjuicio de la administración pública”.