En junio de 2011, la pelea entre el entonces presidente del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), Claudio Morgado, y su vicepresidenta, María Rachid, sorprendió al país y, particularmente, al Frente de Todos, que gobernaba en ese momento. El escándalo, que incluía acusaciones de uso irregular de fondos públicos y disputas por cargos, obligó a Cristina Kirchner, que por esos tiempos concluía su primer mandato como Presidenta, a intervenir el organismo, situación que se mantiene pese a que ya pasó una década.

La polémica batalla en el INADI explotó cuando Rachid, actual titular del Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, intentó desplazar a un hombre allegado a Morgado: el secretario de Legal y Técnica del organismo, Agustín Vullietz. Ella le mandó un telegrama de despido, él uno para ratificarlo en el cargo.

Ante la situación, la entonces vicepresidenta del organismo llamó a la Policía para que retire del edificio al funcionario y a un cerrajero, para que cambiarla la cerradura. Frente a ello, el titular del INADI optó por acercarse a una comisaría y radicar una denuncia.

La insólita disputa terminó con ambos presentando la renuncia y lanzándose acusaciones. Ella acusó al actor de pretender que "el Estado le pagara sus almuerzos y el uso del teléfono celular de su esposa", mientras que él denunció que la referente de la FALGBT+ de haber utilizado el "serrucho" y de haber actuado como "un pacman" para desplazarlo del organismo.

La salida política elegida por Cristina Kirchner fue la intervención, que fue decretada el 10 de junio de 2011 y por el plazo de 180 días: como hombre a cargo de poner las cosas en su lugar designó a Pedro Mouratian.

Sin embargo, el paso del tiempo evidenció que las cosas no se acomodaban. Según la Ley 24.515 el presidente y vicepresidente del INADI deben ser "designados por el Poder Ejecutivo a propuesta en terna por el Congreso de la Nación" y tienen un mandato de cuatro años. Con la intervención se impide que el Poder Legislativo sea el encargado de proponer los nombres.

El 10 de diciembre se terminó el primer mandato de Cristina Kirchner y con la asunción para su segundo período al frente de la Casa Rosada también llegó el Decreto 88/2011, que prorrogó a Mouratian en el cargo y la intervención del INADI por 365 días, período que podría considerarse suficiente.

Pero no alcanzó ese año. En 2012, el Decreto 2379/2012 extendió otros 365 días el mandato de Mouratian y la intervención. Lo mismo sucedió a fines de 2013 con el 2006/2013. Y nuevamente pasaría exactamente lo mismo en diciembre de 2014, con el 2303/2014.

En el balotaje de noviembre de 2015 ganó el entonces candidato presidencial de Cambiemos, Mauricio Macri: tras asumir al frente de la Casa Rosada, prorrogó por 90 días la intervención y designó a Javier Buján como sucesor de Mouratian.

Cambió el signo político, pero en el INADI todo siguió igual. Pasados los tres meses, el líder del PRO extendió la intervención por otros 180 días y después por 90 más. Todo con Buján al frente.

A mediados de 2017, Macri volvió a estirar la situación irregular en la cúpula del organismo a cargo de combatir la discriminación por 180 días y designó al radical Claudio Presman al frente.

En diciembre de 2017, otros 180 días. y así sucesivamente hasta finalizar el mandato de Cambiemos. De prórroga en prórroga, la intervención se mantuvo durante dos períodos presidenciales completos.

Con la llegada de Alberto Fernández a la Casa Rosada, el INADI pasó a estar conducido por Victoria Donda, pero la intervención se mantuvo. Y, lejos de haberse tranquilizado, el organismo otra vez fue escenario de un escándalo político cuando la referente de Libres del Sur le ofreció a su empleada doméstica, Arminda Banda Oxa, un puesto allí.

En los diez años que pasaron desde aquella pelea entre Morgado y Rachid, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo tuvo un presupuesto acumulado de 1.697.525.900 pesos, que fue manejado por cuatro personas designadas por el Poder Ejecutivo sin cumplir lo establecido por la legislación vigente.