La última de Victoria Donda: designó a su abogado en el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), que ella misma comanda.

Ello le valió una denuncia de la Fundación Apolo, a través del Equipo de Activismo Judicial que coordina el abogado José Magioncalda ante la Oficina Anticorrupción (OA).

El letrado de Donda es Emiliano Montini, y fue designado como director de Asuntos Jurídicos del INADI. Por ello, podría haber vulnerado el Código de Ética de la Función Pública.

Como se expresa en la presentación, Montini ya era letrado patrocinante de Donda desde antes de su designación en el INADI, en un amparo que la titular del Instituto había iniciado contra el Ministerio de Seguridad de la Nación. Es decir, antes de asumir su cargo, no renunció al patrocinio de Donda, y aún puede constatarse su carácter de patrocinante en el expediente electrónico. Además, apenas seis días después de su designación, Montini recibió la cédula que le notificaba el fallo de Cámara ratificatorio de la sentencia apelada por la actora.

Entonces, según la presentación, resulta claro que Montini cumplió —mientras ejercía su cargo público— al menos una función esencial del proceso, de la cual se deriva el deber de comunicar el resultado y asesorar a su clienta, su superior jerárquico en el INADI, sobre los pasos que debían tomarse en relación con el litigio.

“Es importante destacar, entonces, el conflicto de intereses que la relación abogado-clienta entre los funcionarios podría originar”, avanza la presentación.

Respecto de esto, es determinante el Código de Ética: «A fin de preservar la independencia de criterio y el principio de equidad, el funcionario público no puede mantener relaciones ni aceptar situaciones en cuyo contexto sus intereses personales, laborales, económicos o financieros pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de los deberes y funciones a su cargo».

Para Magioncalda, la doble actividad de Emiliano Montini, letrado patrocinante de la directora del INADI y director de Asuntos Jurídicos del organismo, es susceptible de generar suspicacias entre la ciudadanía, que lesionan la imagen de las instituciones públicas, razón por la cual, la relación privada en cuestión, podría también haber vulnerado el Código de Ética: «El funcionario público […] debe evitar acciones que pudieran poner en riesgo la finalidad de la función pública, el patrimonio del Estado o la imagen que debe tener la sociedad respecto de sus servidores».

Por lo antedicho, en la presentación, se solicita que se ordene a Montini su renuncia al patrocinio letrado en cuestión, así como todas las medidas tendientes a evitar futuras lesiones a la ética pública que pueda provocar la relación personal/profesional entre los funcionarios denunciados. Se solicita, además, que la OA investigue cómo abonó Victoria Donda los honorarios profesionales de su letrado patrocinante o si existe alguna deuda de la funcionaria pública para con su subordinado, y, en tal caso, si dicha deuda se canceló o se está cancelando mediante el acceso o permanencia en el cargo público por parte del Montini.