El pasado lunes, la vicepresidenta blanqueó que apunta a una suerte de estatización de la salud privada, o algún tipo de intervención en ella.

A nadie le quedó demasiado claro. El anuncio fue bastante confuso y a la clase media argentina que viene haciendo el esfuerzo de pagar su medicina prepaga o a los trabajadores que gozan de la atención de clínicas privadas a través de sus obras sociales les corrió algo de sudor por la espalda.

Hoy, la mayoría de los argentinos se atiende directa o indirectamente en la salud privada. Y si hay un sistema privado de salud que atiende a la mayoría de la población es porque la salud estatal argentina fracasó. Y hace mucho. Por algo, la vicepresidenta solo se atiende en el prestigioso sanatorio privado Otamendi, de Barrio Norte, y no en un hospital público del Conurbano.

Sí, es cierto: la salud privada es una linda “caja” y una oportunidad de negocios para la política. Como la confiscación de los fondos privados de jubilaciones que administraban las AFJP, en 2009, también con la salud privada hay una idea de hacer política y negocios.

Anses se había quedado con todos los aportes de los trabajadores y un enorme fondo que en su momento tenía más de 30 mil millones de dólares. Toda esa fortuna quedó en manos del gobierno y sirvió para hacer mucha política. Y muchos negocios.

Imaginemos ahora a un sufrido potencial votante del Frente de Todos que vive en La Matanza y para atenderse en el hospital público y conseguir un turno tiene que ponerse en una cola a las 4 de la mañana con 2 grados de temperatura. Un día le dicen: “quedate tranquilo, que si ganamos y conseguimos la mayoría en la Cámara de Diputados, vos también te vas a poder atender en el Sanatorio Otamendi”.

Desplazar la culpa

Suena atractivo. Pero cuando Cristina hace una movida de este tipo, siempre piensa en hacer una carambola a varias bandas. Como mínimo: hay caja y hay promesas para el propio electorado, hoy bastante desencantado con este nuevo fracaso que viene significando el gobierno, según todas las encuestas. Pero además, hay una brillante estrategia de comunicación que a la oposición y a los empresarios les cuesta ver.

Como en el caso Precios Cuidados o como se llamen los precios máximos, la idea no es terminar con la inflación. De hecho, la inflación es parte de la estrategia, y desde que la propia Cristina creó los Precios Cuidados, en 2014, esos precios se multiplicaron por siete. Y para alegría del kirchnerismo, al anterior gobierno de Mauricio Macri no se le ocurrió otra cosa que mantener esa política perversa.

El oficialismo de entonces no vio que el congelamiento de precios, los precios vigilados o máximos le servían al kirchnerismo para hacer lo que Peter Senge denomina en su tratado de gestión La Quinta Disciplina “desplazar la culpa”: no es la política económica. Son las empresas, los supermercados, los fabricantes de los productos los que te aumentan los precios. El gobierno, que no tiene la culpa, “te cuida” vigilando los precios y enojándose con los malos empresarios. Se trata de “desplazar la culpa” de las causas hacia sus efectos.

Lo mismo está pensado con esta amenaza de “privatizar” o intervenir la salud privada: como el gobierno hizo desastres en la gestión de la pandemia, y los sigue haciendo -la Argentina está última en el ranking mundial de Bloomberg de gestión de la pandemia-, nada mejor que desviar la culpa hacia los prestadores privados: fracasó el sistema de salud.

Es una carambola de billar a tres bandas: caja, promesa electoral para la clientela y -sobre todo- estrategia de comunicación. Y si la opinión pública hoy todavía no está preparada para una estatización del sistema de salud privada, Cristina ya empezó hace medio año a generar las condiciones para que esa misma opinión pública vaya cambiando.

Cuando el gobierno del presidente Alberto Fernández aprobó un aumento de las cuotas de la medicina prepaga, a fin de año, en el mismo día en el que se publicó la disposición en el Boletín Oficial, la vicepresidenta mandó a anularlo y a publicar una nueva edición corregida: algo que no había pasado jamás en la historia argentina. El presidente se enteró por los diarios de la decisión de su vicepresidenta. O, mejor dicho, se lo dijo a través del Boletín Oficial.

No se trataba de una medida de benevolencia con una clase media que no suele votar masivamente al kirchnerismo. No era otro favor a los sectores medios que pagan su medicina privada para evitar caer en el deficiente sistema público que nos dio la política.

Alguna consideración de frenar artificialmente las mediciones de inflación hubo, como la hay siempre en el freno a los aumentos de servicios públicos, que, como la medicina privada, necesitan recaudar más para poder afrontar las paritarias, que crecen tratando de acompañar la inflación. Los servicios públicos -y la medicina privada- forman parte de la canasta de precios del área metropolitana que computa el INDEC para medir la inflación.

Pero la consideración más importante no fue cuidar el índice de precios, que ya está desmadrado: la idea es quebrar el sistema. Obligar a un sistema eficiente a fracasar y colapsar. La idea es preparar a la opinión pública -que todavía no está lista para la privatización del sistema de salud- para que termine pidiendo la intervención o, como mínimo, la acepte.

El antecedente

Cuando Cristina Kirchner estatizó los fondos de la jubilación privada era un sistema en el cual no estaba la mayoría de la población. Fue más fácil. El gobierno lanzó una consulta a los afiliados para que respondieran si querían seguir, o no, en el sistema privatizado por la gestión del peronista Carlos Menem en los 90. Los afiliados -abrumadoramente- dijeron que querían seguir, pese a todo.

Desconfiaban, y con razón, de la gestión estatal. Algo intuían: basta ver cómo están hoy las jubilaciones. Y mejor ni imaginar a una Argentina con un sistema de salud íntegramente gestionado por el gobierno.

Además, la estatización de la jubilación destruyó el mercado de capitales que generaban esos ahorros, lo que quitó las pocas posibilidades de financiación de empresas en un país sin crédito. Pero lo más grave de la reestatización de la jubilación es que hoy el quebrado sistema previsional estatizado es la principal causa del déficit fiscal y la inflación.

En la batería de medidas, el plan es estatizar las ART, administradoras de riesgos del trabajo, que ayudan a darle algo de previsibilidad a las empresas luego de años de “industria del juicio” del accidente laboral que quebró a tantas empresas en el pasado. Es lo que faltaría para que el sector privado no contrate a nadie jamás.

Pero detrás de esas ideas, hay más estrategia de la que ve la oposición: en las elucubraciones del kirchnerismo la inflación es una suerte de “arma secreta”. Todo sector regulado -o servicio público- que dependa de la bendición del gobierno para actualizar sus ingresos está sujeto a ser quebrado.

La idea: “no les damos los aumentos que requieren, dejamos que las paritarias y los aumentos de costos los hagan fracasar y después les terminamos echando la culpa de su fracaso a ellos mismos”: carambola perfecta.

Cristina ya anticipa que la gestión de la pandemia seguirá siendo deficiente. Así como la cuarentena eterna en 2020 quebró a la economía y no evitó muertes, y este año la retrasada vacunación está saturando al sistema de salud y apunta a un saldo macabro de más de cien mil muertos antes de que empiece la campaña electoral, la jefa del kirchnerismo ya está anticipando que, después de las elecciones, es cada vez más probable que la Argentina entre en una tercera ola.

Esto se debe a que la apuesta del gobierno es vacunar a la mayor cantidad de argentinos con una sola dosis, porque no se previeron más vacunas. Su teoría es que un vacunado, aunque sea con una sola dosis, será más proclive a votar al oficialismo. Por eso se desespera por instalar la falsa idea de que hay tiempo para una segunda dosis o que ni es necesaria.

Los infectólogos que asesoran al gobierno a esta altura ya avisan que las nuevas variantes del coronavirus exigen la vacunación con las dos dosis y en el tiempo adecuado y que las -aquí vetadas- vacunas de Estados Unidos, Pfizer y Moderna, son las más efectivas para las nuevas cepas que se están extendiendo por el mundo y van a llegar a la Argentina.

Por eso, ante un tercer fracaso, para el gobierno no hay nada mejor que encontrar un culpable, y la salud privada sería el candidato ideal. No hay un plan para mejorar la salud pública ni resolver mejor la pandemia. Pero, como siempre, hay una brillante estrategia de comunicación para desviar la culpa.