El INDEC informó que el aumento de los precios al consumidor en junio fue de 3,2%. Esto implica que la inflación se mantiene en el orden del 50% anual. Se trata de un nivel muy superior al registrado en otros países y que descoloca las expectativas a las que se venía aferrando el gobierno. Las implicancias negativas son múltiples, particularmente sobre la situación social. El gobierno, reconociendo estas consecuencias, alentó la reapertura de las paritarias y dispuso del pago de un bono a los jubilados.

En el diagnóstico que plantean los funcionarios del gobierno la inflación aparece como un hecho exógeno a la estrategia oficial. La especulación, la falta de competencia, el aumento de los precios internacionales (inflación importada), etc. son algunos de los factores con los que se trata de explicar el aumento de los precios internos. El aspecto que más enfáticamente se señala es que la inflación es un fenómeno no deseado que conspira contra el objetivo del gobierno de mejorar los ingresos de la población a través de aumentos de salarios, jubilaciones y otras prestaciones sociales.

En este diagnóstico no se menciona el impacto de la inflación sobre las cuentas públicas. Para abordar este tema se puede tomar el principal componente del gasto público nacional, que son las jubilaciones que paga la ANSES.

A tal respecto, un informe del Instituto de Desarrollo Social Argentino (IDESA) desglosa tres tópicos sobre la base de puntuales datos de la Secretaría de Seguridad Social y el INDEC:

• El haber medio en la actualidad es de $35.200.

• Este haber en el año 2019 a precios actuales era de $36.700.

• Esto implica una caída de $1.500 en cada jubilación y pensión gracias a la inflación.

Estos datos muestran que la inflación le genera al Estado un importante ahorro por la desvalorización de las jubilaciones. Considerando que la ANSES paga 6,7 millones de jubilaciones y pensiones, el ahorro total que la inflación le genera equivale a unos $130 mil millones por año. Similar fenómeno se produce con los salarios públicos y con el resto de los beneficios sociales. Por ejemplo, la Asignación Universal por Hijo (AUH) que actualmente está en $4.500 perdió $700 por la inflación respecto al año 2019, por lo que multiplicando por los 4,4 millones de beneficios da un ahorro de $40 mil millones por año.

Con muy limitados márgenes para aumentar impuestos e incrementar la deuda, la inflación es la herramienta que utiliza el gobierno para ajustar las cuentas públicas. Es la manera de reducir el valor real del gasto público a los niveles de financiamiento disponible.  Por eso, desde el punto de vista de las finanzas públicas, la inflación no es un hecho exógeno y no deseado, sino un fenómeno intrínseco y funcional a la estrategia oficial. A esto se agrega la funcionalidad política. Gracias a que la inflación ajusta el gasto se generan las oportunidades de hacer anuncios electoralistas. Por ejemplo, después de que se licuó el poder de compra de los haberes previsionales desde la ANSES se anuncia un bono por única vez de $5.000 para los jubilados que ganan hasta 2 veces el haber mínimo. Los que reciban el bono compensarán parte de lo perdido gracias a la “generosidad” del gobierno y no por el derecho a la movilidad que fija la Constitución. Quienes no reciben el bono seguirán perdiendo con la inflación.

Esta manera de ajustar el gasto público es atractiva desde el punto de vista político pero muy ineficiente e inequitativa. Tampoco es sostenible en el tiempo porque demanda índices de inflación crecientes. Los perjuicios aumentan cuando se trata de reprimir la inflación retrasando el dólar oficial, las tarifas de servicios públicos y otros precios regulados o poniendo trabas a las exportaciones. Estas distorsiones dañan la capacidad exportadora y agrega presiones sobre las finanzas públicas porque demandan crecientes subsidios.

El desorden en el sector público es lo que obliga a aplicar ajustes fiscales. El ajuste puede ser explícito o apelando al ajuste inflacionario como lo viene haciendo el gobierno. En ambos casos los costos productivos y sociales son enormes. Un camino alternativo es abordar el ordenamiento integral del Estado. Esto es, equilibrar las cuentas públicas y aumentar la cantidad y calidad de bienes públicos en base a incorporar mejores prácticas en la gestión del Estado.