El viernes pasado se supo que el juez Federal Octavio Aráoz de Lamadrid aceptó avanzar en la investigación contra el ministro del Interior Aníbal Fernández, por una denuncia de Ricardo Righi, padre de una víctima, por su participación en la tragedia de Cromañón. Allí, volvió a aparecer el nombre de Gustavo Frasquet como su "asesor legal" del ministro, figurita repetida en cada asunto judicial que enfrenta el funcionario o cualquiera de sus "allegados".

Frasquet es un abogado conocido en Quilmes, la localidad donde Aníbal supo ser intendente en los noventa y donde todavía mantiene cierta influencia territorial pese al evidente descascaramiento que sufre su deldín, el intendente Sergio Villordo, que busca la reelección. Recordar caso del "frezzer".

Como sea, siempre que algún "anibalista" cae en las redes de la justicia, aparece el abogado quilmeño Gustavo Frasquet, como una especie de superhéroe de traje, corbata y maletín, enfrascado en sus todavía jóvenes "cuarentipocos" años, dato que señalaron fuentes de la zona.

Según explicaron a La Política Online, Frasquet está casado con la hija de un juez civil de Quilmes. Comenzó su carrera como abogado en el departamento judicial de Quilmes, donde supo relacionarse con esferas del poder local y conseguir buenos lazos para sostener su vertiginosa carrera. "Para operar en esta zona no tenés que ser brillante, tenés que conocer los resortes del poder", se resignó un vecino que conoce al detalle los pasos del abogado de Aníbal.

Varios medios lo citaron en muchas oportunidades como un funcionario del Ministerio del Interior. Esto fue confirmado por voceros locales, quienes aseguraron que tiene un contrato como "asesor legal" del ministerio y chequeado luego por este medio. Aparece en una "nómina del personal con contratos vigentes durante el mes 7/2007", figurando allí con el contrato Nº 3368/006 desde el mes de enero del año corriente.


El defensor de Villordo y Geronés

Como muestra de su fidelidad al ministro, Frasquet apareció en sendas demandas contra Villordo y el ex intendente quilmeño Fernando Geronés: una por empresas fantasmas, CISA y Materpat, que facturaron a la municipalidad mas de 9 millones de dólares y otra cuando lo detuvieron en Río Negro cuando conducía una camioneta con "papeles truchos", aunque luego se rumoreó que en realidad la razón del accionar policial fue porque el vehículo estaba "manchado con sangre". Ninguna de las dos avanzó gracias a la "muñeca" del joven defensor.

Además, también patrocinó a dos dirigentes vinculados con la estructura política del ministro, cuando se los detuvo acusados de intentar cobrar planes sociales en forma irregular.

Ellos fueron Gladys Vera, quien fuera reconocida como la mujer justicialista mas destacada de Quilmes en el Día Internacional de la Mujer, y su hijo Damián Rubio, chofer y asistente personal de Villordo, involucrado en el "caso del freezer" donde se investiga al intendente por una extraño suceso ocurrido el 31 de diciembre de 2003, donde lo denunciaron por atropellar a un ciudadano boliviano y luego hacer desaparecer el cadáver. Ambos quedaron el libertad.

Justamente Villordo debe ser de los delfines anibalistas el que más trabajo le da. Lo representó en una causa por calumnias e injurias que le inició el concejal Jorge Aquino y en otra por daños y perjuicios iniciada por el abogado Adrián Rodríguez. También trabajó cuando intervinieron el Consejo Escolar de Quilmes por irregularidades con funcionarios de Villordo.

También representa al diario El Sol de Quilmes, al cual todos los rumores vinculan a Villordo y que fue víctima de un allanamiento relacionado con el caso Skanska, en un turbio hecho que quedó a la sombra y sin prosperar. Otra vez, la intervención de Frasquet fue exitosa.
   

Frasquet, Ribelli y "La Fuerza"

Tal vez el más cuestionado de sus accionares como abogado haya sido su relación con el ex comisario bonaerense Juan José Ribelli, preso y luego liberado por la causa AMIA. Allí compartió la defensa del policía con su colega estrella Mariano Cúneo Libarona y Horacio Zárate cuando la causa la manejaba el juez federal Carlos Oyarbide. Justamente, fuentes de la justicia quilmeña señalan a este magistrado como uno de los que mejor relación tiene con Frasquet, junto a "Bonadío y Canicoba Corral".

Pero no es su único vínculo con la causa Amia. Según el acta 41.289, del 18 de octubre de 1996, Jaquelina Gisela Araya y Gabriela Alexandra De Leone, hermana y esposa del imputado Claudio Walter Araya, respectivamente, comparecieron ante el juzgado a cargo del juez Galeano a efectos de solicitar el traslado del imputado Araya a otro centro de detención, alegando como fundamento "las presiones que siente por parte de Ribelli en la Unidad 16 del Servicio Penitenciario Federal". 

Al parecer, Frasquet también oficiaba como defensor de Araya, cuando sus familiares señalaron haber tomado conocimiento que "el propio Ribelli es el que afronta los gastos de honorarios del Dr. Gustavo Frasquet" por lo que "atiende más las cuestiones inherentes a Ribelli". Por ese motivo, consideraron que tal proceder obedecía a una maniobra de Ribelli "para poder tener controlados a todos los demás detenidos".

La relación de este abogado con integrantes de la entonces cuestionada Policía Bonaerense, fue lo que llevó a colegas de Quilmes a considerarlo un profesional muy ligado a "La Fuerza", como le dicen.

Lo cierto es que Frasquet, también defendió a policías en curiosos y más pequeños casos que llegaron a ocupar páginas policiales en algunos medios. Logró la absolución del policía Gastón Suárez, acusado de homicidio luego que su novia, compañera de la fuerza bonaerense de seguridad, apareciera con un tiro en el pecho.

También defendió a Ramón Andrés Garais, un transportista de Quilmes acusado de disparar un escopetazo en un ojo a un joven de 20 años en Villa Hudson en 2005. Tras ser detenido y procesado –Garais se entregó sólo en una comisaría-, Frasquet lo sacó en cinco meses consiguiéndole prisión domiciliaria.

El fiscal que actuó en la causa es Luís Armella, el mismo que ofició en la causa contra la cuestionada Relevamientos Catastrales (RC), la empresa que la intendencia de Quilmes contrató para encargarse de la recaudación impositiva, en un turbio y oscuro suceso que involucró al propio Aníbal Fernández –ver "Un contrato complica a Aníbal"-. El juez, Martín Nolfi, entiende también en el "caso del freezer" contra Villordo en una actuación que por ahora no ha arrojado grandes novedades.

Frasquet se va delineando así como una figura clave en el entramado de ciertos nombres de la Justicia y la Policía de Quilmes, que siguiendo una increíble cadena de casualidades se cruzan una y otra vez en el camino del todavía ministro del Interior de la Nación.