Como en todo año electoral, las presiones sobre el dólar se hacen más evidentes a medida que se acercan las elecciones. Por un lado, tenemos a un oficialismo que atrasa las medidas de ajuste de precios relativos, ensancha el déficit fiscal y opera en el mercado de cambios para evitar saltos disruptivos en la divisa estadounidense.
Pura lógica electoral. Una vez que los argentinos hayamos votado, se renovarán las presiones ya existentes y quedará la ardua tarea del ajuste. El problema no sólo requiere de sintonía fina para su resolución. También exige seleccionar sobre quién recae. El comercio externo ya tiene numerosas trabas impositivas y normativas para su libre circulación.
El golpe de gracia lo constituyen las nuevas comunicaciones sobre el mercado de cambios y giro de divisas que promulgó el BCRA recientemente. Interesante medida para desincentivar a la única fuente de aprovisionamiento de dólares genuinos que tiene el país.
El sector empresarial se vio sorprendido cuando este año el Congreso sancionó la reforma de las alícuotas de ganancias para las personas jurídicas, aumentando del 25% prometido en la última reforma fiscal hasta un insospechado 35% para grandes empresas.
El criterio pareciera promover la progresividad, aunque los topes para pasar de una categoría a otra serán rotos por la mera nominalidad de la economía.
El sector público tampoco tiene una tarea fácil. El ajuste que se realizó en el primer semestre, reduciendo el déficit a menos del 1% del PIB, gracias al Aporte Solidario y el boom de las commodities, será difícil de sostener en el segundo.
Como si fuese poco, los precios de la soja vuelven a retroceder a la luz de cierta normalización en el comercio mundial.
A esta altura, el lector debe suponer que la solución pasaría por recortar el gasto. Tarea difícil si las hay, puesto que casi 7 de cada 10 pesos corresponden a gasto público social, y la única baja a la que podemos aspirar es en términos reales.
De hecho, el Gobierno pudo exhibir una mejora en sus cuentas debido a que el gasto público vino aumentando por debajo de la
inflación, y es probable que este panorama se sostenga el año próximo.
Pareciera aquí, una vez más, que la mencionada sintonía fina debería tener un poco más de creatividad. En primer lugar, el equilibrio de las cuentas públicas no se obtiene mediante un ajuste automático y el resultado electoral traerá mucho ruido.
Si gana el Gobierno, obtiene luz verde para el ajuste en 2022. Si pierde, el mercado ajustará hasta de que concluya el 2021. Como fuese, la corrección llegará más temprano que tarde.
Hasta tanto, hay que empezar a marcar el sendero, para que luego la corrección fiscal (término que se está empezando a oír entre analistas afines al oficialismo) se perciba como creíble.
En el camino, se deben solucionar tres cuestiones fundamentales.
La primera es despejar los vencimientos de la deuda, algo que sólo será posible si se llega a un acuerdo con el Fondo. La segunda constituye especificar un sendero de déficit que sea compatible con el repago de obligaciones. La tercera, empezar a flexibilizar ciertas restricciones sobre el mercado de cambio y el comercio exterior.
Mientras tanto, la brecha sufrirá las presiones de los desequilibrios macroeconómicos. En el período 2020-2021, la brecha promedio fue del 70%.
Si suponemos que el dólar oficial se deslizará unos puntos menos que la inflación debido al calendario electoral, este año podría terminar en alrededor de 115 pesos y el dólar blue, con la brecha estimada, podría trepar a los 195 pesos al cierre de este año.
No es raro, entonces, el pronóstico de un tipo de cambio de 200 pesos.
¿Qué puede esperarse en el 2022? Probablemente, las restricciones sobre el dólar oficial continúen y la inflación 2020 dejará un arrastre y piso mínimo de 35% para el próximo año.
Si sumamos esta expectativa al mercado de cambios y consideramos que tras solucionar algunos de los ajustes pendientes la brecha retoma a niveles cercanos al 50%, tendremos un piso del dólar informal de 230 pesos en el 2022.
¿Parece poco? Claro, los grandes desequilibrios se ajustan en nuestro país con devaluaciones que serán más o menos abruptas según la velocidad con la que el Gobierno pueda solucionar sus problemas.
Si miramos la historia reciente, los ajustes disruptivos promedio sobre la divisa estadounidense fueron del 20 al 50%, lo que deja al dólar informal en un rango de 280 a 350 pesos para el 2022.
Sin dudas, el ajuste vendrá. La incógnita es cuándo y la certeza es que, independientemente de la fecha, los perjudicados serán los mismos.