Era el último día de octubre de 2011 -Noche de Brujas, para mayor desgracia- cuando el gobierno de la expresidenta Cristina Kirchner puso en marcha un inesperado cepo a la compra de dólares, cuando la cotización aún no llegaba a los $ 4,30, aunque ya encendía las alarmas.

El anuncio de lo que iba a venir se había hecho el viernes previo, a ultimísima hora, cuando Amado Boudou todavía era ministro de Economía. Él fue el encargado de anticipar a la prensa que a partir de ahí, el que quisiera ahorrar en dólares debería contar con el visto bueno de la AFIP. Eso implicaba demostrar ingresos que respaldaran la compra, que además no podía superar el 40%, un tope que se redujo más pronto que tarde.

Desde entonces, el cepo nunca nos abandonó. Durante todo 2012, fue ganando terrero, primero alcanzando a las empresas que debían comprar los billetes verdes para cumplir obligaciones, ya sea para el pago de importaciones o para girar dividendos. En ese caso, era el BCRA el que tenía la última palabra.

Después el cepo apuntó a los que querían viajar al exterior, por el motivo que fuera, a los que tenían créditos hipotecarios y al fin, a todo argentino que pretendiera proteger su salario en pesos de la inflación, que ya pintaba mal.

Como el dólar seguía sin darse por enterado y escalando, hubo de apelar a toda la creatividad kirchnerista y fueron sumándose los recargos a las compras en el exterior con tarjetas de crédito y débito, y la adquisición de pasajes al extranjero y los paquetes turísticos. Primero el recargo fue del 15% pronto llegó al 20%, hasta alcanzar el 35% en diciembre de 2013.

El 2014 transcurrió con sus vaivenes, con mayor apertura para empezar a atesorar con dólares, pero pagando el recargo del 20% y todo seguiría más o menos igual, hasta que asumió el nuevo gobierno de Cambiemos y el cepo fue eliminado. Hubo hurras en todo el país: el cepo parecía un mal recuerdo.

Pero la situación económica se mantuvo de regular a preocupante y las inversiones extranjeras que se pronosticaron nunca llegaron. Aunque los argentinos tuvieron tres años para hacerse de los amados dólares, el resultado de las elecciones PASO de agosto de 2019 puso los pelos de punta a todos los mercados y ahorristas, que veían en el horizonte cercano nuevas y peores restricciones, si es que el kirchnerismo volvía al poder.

Sin embargo, no hubo que esperar que Alberto Fernández ratificara su triunfo en las elecciones generales. La corrida cambiaria estalló al día siguiente de los comicios primarios, en los que claramente AF se imponía, y el valor de la divisa estadounidense pasó los $ 60 sin escalas, aparentemente sin techo. A los pocos días, el ministro Nicolás Dujovne presentaba su renuncia, impotente ante la escalada del dólar.

La crisis cambiaria hizo que el gobierno saliente de Mauricio Macri echara mano de aquello que había repudiado en campaña electoral. El cepo volvió, esta vez con un límite de compra por persona de US$ 10.000 mensuales, que tras el triunfo de AF, bajaría dramáticamente a US$ 200.

El nuevo gobierno del Frente para la Victoria llegó en diciembre de ese año y, lejos de aflojar la cuerda, agregó el impuesto País, de 30% sobre la compra de moneda extranjera y consumos en moneda extranjera, conocido con el ridículo nombre de “dólar solidario”. Esto dio pie a un nuevo escenario cambiario, en el que pugnaban por protagonismo el dólar oficial, el paralelo o “blue”, el ya mencionado solidario o “Turista”, además de los financieros, el MEP y el contado con liquidación.

Este último, precisamente, fue noticia el último fin de semana, pocas horas antes de la final entre Argentina y Brasil por la Copa América. La CNV aprovechó el clima futbolero para anunciar nuevos límites para las compras semanales de bonos utilizados en la compra de dólar contado con liqui (CCL). El tope pasó de 100.000 a 50.000 nominales para los bonos bajo legislación local, y lo mismo para los bonos bajo legislación extranjera.

Además, impuso nuevos requisitos de parking para que los operadores demoren más tiempo entre la compra del bono y su venta a cambio de dólares en el exterior, lo que supone mayor riesgo para la transacción. Por su parte, el BCRA colaboró con la exigencia de que las entidades financieras pidan una DDJJ a las empresas que operan en el MULC.

Para los analistas, las nuevas medidas son desacertadas, un manotazo de ahogado que agregan “un cepo al cepo”, que a lo largo de diez años ha dejado más que comprobado que sus efectos secundarios superan en mucho los pocos beneficios que pueda traer. Se sabe que eso ahora no es lo que más preocupa del Poder Ejecutivo, sino el descontento por la crisis económica y la falta de vacunas en medio de una pandemia interminable. La clara intención es llegar a las elecciones legislativas. Después, como es costumbre, se verá (con información de Agencia NP).