El pasado 19 de agosto, la Sala II de la Cámara Federal de Bahía Blanca revocó el procesamiento de Lázaro Báez en la causa de las facturas truchas que tramita desde 2014 en la ciudad del sur bonaerense. El presunto testaferro de los Kirchner había sido procesado por el Juez Walter López Da Silva el 19 de diciembre de 2019 por el delito de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe. Pero además de ello, el Tribunal de Alzada realizó en el mismo fallo una fuerte defensa de quien fuera titular de AFIP, Ricardo Echegaray.

El impacto de aquella resolución judicial aún continúa resonando. Según pudo saber este medio, después de la decisión de la Cámara, en la Dirección Regional bahiense del organismo recaudador se han producido extraños desplazamientos de inspectores jerárquicos que en su momento declararon en sede judicial contra el ex mandamás de la AFIP, quien viene recuperando importantes espacios de poder desde que el kirchnerismo volvió al Gobierno. A una de esas personas, muy respetada y con dilatada experiencia en sensibles inspecciones fiscales, y quien pidió expresamente que no se revele su identidad, le notificaron en las últimas horas que iba a ser trasladada a atención al público.

“Están destrozados por el fallo de Cámara… ¿cómo nos defendemos?”, aseguran dentro de la Regional. “El efecto aleccionador para unos, y envalentonador para otros, esta clarísimo. El clima está muy caldeado”, agregan.

El 9 de agosto de 2012, el entonces titular de la AFIP decidió, a través de la disposición 299 y comunicando la decisión mediante una teleconferencia, rebajar de categoría a la Seccional Bahía Blanca de Dirección a Agencia, lo que implicó la cesantía de 49 agentes impositivos. La razón aducida fue un conflicto gremial, pero el motivo real habría sido que durante los años 2011 y 2012, sabuesos de la AFIP a cargo de Carlos Blanco habían detectado la emisión de facturas apócrifas por parte de empresas bahienses en favor de Austral Construcciones (ACSA), la nave insignia de Lázaro Báez. Las actuaciones obrantes pasaron a depender mayormente de Mar del Plata.

En los argumentos del fallo de Cámara que revocó el procesamiento de Báez, firmado por los Jueces Pablo Candisano Mera y Leandro Picado, se hace especial mención al episodio, alegando que ““no surge de ninguna constancia de esta causa que la firma ACSA haya estado siendo auditada en la Regional de Bahía Blanca al momento de la disolución”. Y van aún más lejos cuando sostienen que “esos dichos publicados por los medios de comunicación pasaron a tener un soporte institucional”, añadiendo que “con la publicación del artículo (N. de la R.: Diario La Nación) que diera origen a esta causa, se comenzaba a gestar la idea de la conexión entre el cierre de la Dirección Regional y ACSA, permaneciendo únicamente tal versión en los trascendidos públicos, pues hasta entonces, ningún agente de AFIP –ni informe oficial alguno– había sostenido tal perspectiva/posición”.

Pero tal como informara este medio, desde junio de 2016 distintos funcionarios de la Regional Bahía del organismo comenzaron a prestar declaración testimonial en sede judicial, apuntando contra la decisión de Echegaray. Hoy, algunos de ellos empiezan a sufrir las consecuencias.

El 22 de julio de 2020, mediante la resolución DI 2020-128, fue designada la abogada Silvana Patricia Quinteros como nueva Directora de la Regional Bahía Blanca de la AFIP. Oriunda de Punta Alta, la misma localidad donde nació el ex titular del organismo, la Dra. Quinteros mantiene una estrecha relación con él y su familia.

De hecho, fue subdirectora de Recursos de la Seguridad Social durante su gestión. Pero antes de ello, era la responsable de la agencia de la ONCCA (Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario) en Bahía Blanca, organismo que presidía Ricardo Echegaray a nivel nacional y que fue disuelto el 25 de febrero de 2011 por estar involucrado en serias denuncias de corrupción por la comisión de presuntas irregularidades en el otorgamiento de compensaciones a empresas de engorde a corral (feed lot).

Uno de estos era “Hacienda Argentina SA”, un establecimiento ganadero ubicado justamente en Punta Alta, atribuido en su momento al propio Echegaray. El mencionado “Feed lot” fue inscripto ante la AFIP el 28 de octubre de 2008 y comenzó a funcionar en marzo del año siguiente. También fue registrada ante la ONCCA, cuya responsable en la zona era, como se dijo, Silvana Quinteros, hoy Directora Regional bahiense. Echegaray estuvo al frente de la desaparecida Oficina entre abril y diciembre de 2008. Cabe decir que el funcionario fue finalmente sobreseído de esta causa en 2014.

La evidente protección a Echegaray que hace la Cámara de Bahía no se puede desconectar de lo ocurrido recientemente en la Dirección Mar del Plata, que este medio reveló, cuando a través de la Disposición 278 publicada en el Boletín Oficial con fecha 2 de julio, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó sugestivos y trascendentes cambios internos en la Regional marplatense. Los dos desplazamientos más importantes fueron los de los contadores Eduardo Bellini y Juan Pablo Bruschetti, Jefe y Supervisor de Fiscalización e Investigación, respectivamente, quienes tuvieron a su cargo desde el año 2016 las reinspecciones a Austral Construcciones. “La situación está muy difícil y delicada”, grafican desde adentro de la AFIP de la ciudad.

Como ya se revelara oportunamente, el dato que confirma la influencia de Echegaray en la toma de decisiones es la presencia en Mar del Plata de Horacio Curien, que si bien no aparece en la Disposición, sí está mencionado en un correo interno que envió 30 días antes el titular de la Regional, Mariano Pérez Rojas, donde afirma que lo designará como “Director Regional Adjunto”, un cargo que formalmente no existe en el organigrama.

Contador Público egresado de la Universidad de Mar del Plata, y oriundo de Necochea, Horacio Curien ingresó a la AFIP de la mano de Ricardo Echegaray, ocupando los cargos de Subdirector General de Planificación y Subdirector General de Fiscalización. El 23 de septiembre de 2019, fue procesado por la Cámara Federal porteña por supuesta estafa en perjuicio de la administración pública acusado de haber cobrado viáticos para asistir a un foro global sobre Transparencia en Barbados, pero presuntamente se quedó de vacaciones en Miami y nunca asistió.

Y en la misma línea se ubican, como publicó el portal Infobae, los desplazamientos de dos abogados de AFIP que pidieron penas contra Lázaro Báez en la causa conocida como “La Ruta del Dinero K”. Los letrados Luis González Avalos y Norma Martínez Monasterio fueron trasladados a la Dirección de Seguridad Social del organismo.

El argumento principal de los camaristas Candisano Mera y Picado para revocar el procesamiento de Lázaro Báez y su hijo Martín fue que “en la causa no se logró demostrar que la estructura conformada por las compañías locales haya sido creada por y para el Grupo Báez, es decir, generada por orden suya y para su único beneficio, extremo que los desvincula de esta investigación”. Y que la rebaja de categoría de la Regional Bahia decidida por Echegaray nada tuvo que ver con ello.

Pero el 6 de julio de 2021, el juez federal de Comodoro PY, Sebastián Casanello, en el marco de la causa 3215/2015 donde investiga justamente el presunto encubrimiento del ex titular de AFIP al empresario patagónico en el caso de las facturas truchas, rechazó un intento de aquel para cerrar el expediente.

El titular del Juzgado Criminal y Correccional 7 sostuvo que “la investigación de la presente causa versa sobre las maniobras tendientes a encubrir el fraude fiscal que habría tenido lugar, principalmente, en Bahía Blanca, ilícito precedente generador de las sumas de dinero negro que posteriormente fueron canalizadas a través de la estructura montada a fin de blanquear esos activos”.

Así mismo, agrega que “las fiscalizaciones cuyo avance habrían obstruido valiéndose de los cargos ejecutivos que ostentaban -uno como titular del ente recaudador ( por Echegaray) y el otro de la Dirección General Impositiva (por Ruben Toninelli, otro procesado en la causa)-, iniciadas durante el año 2011 en la Dirección Regional Bahía Blanca, las cuales denotaban la existencia de un fraude tributario mediante la utilización de facturación apócrifa, cuyo beneficiario era, en forma directa o indirecta dependiendo del caso, Austral Construcciones S.A., es decir Lázaro Antonio Báez”.