"Si el hombre fracasa en conciliar la justicia y la libertad, fracasa en todo" (Albert Camus) 

    Lamentable muestra de la conducción judicial hemos recibido como herencia de los oscuros acuerdos políticos que enquistaron en el Poder Judicial: la corrupción, la ineptitud y la temeridad de abogados, que estudiaron derecho para luego interpretar la Justicia según creencias personales basadas en sus propias experiencias. De otros que se dejan arrastrar por la ideología y un gran número de mercenarios judiciales que sólo buscan “perdurar” en sus cómodos despachos, fallando según el criterio de supervivencia política de turno.

    El ideal de “Estado de Derecho”, se ha ido transformando en una utopía, en material de relleno de ponencias de funcionarios judiciales que analizan y hasta son excelentes oradores de la doctrina jurídica, pero que a la hora de llevar a la práctica toda esa vasta teoría, son mucho más prácticos y terminan fallando según intereses que sólo ellos conocen y que poco tienen que ver con la correcta administración de justicia.

    El concepto de derechos y libertades -y por ende de sus garantías-, es también inseparable del sistema de valores y principios que lo inspira. En una sociedad democrática los derechos y libertades inherentes a la persona, sus garantías y el Estado de Derecho constituyen una tríada, cada uno de cuyos componentes se define, completa y adquiere sentido en función de los otros. (Opinión Consultiva 8/87; 30 de enero de 1987).

    Se basa en la independencia de los poderes del Estado y fundamentalmente en el contralor de los actos del poder Ejecutivo por parte del Poder Legislativo y en los casos concretos por parte del Poder Judicial. 

    El estado de Derecho está muy unido a los principios de igualdad, libertad, justicia y respeto de los derechos humanos, que tienen su máxima expresión en la Constitución Nacional. 

    Se vulnera el mencionado Estado de Derecho cuando el ejercicio del poder se convierte en un instrumento de dominación, cuando se castiga sin juicio previo, se obliga a los ciudadanos a declarar contra sí mismos, se los arresta sin orden de autoridad competente o se le priva del legítimo ejercicio de la defensa. 

    O también cuando se viola el domicilio sin orden de allanamiento o se usan apremios ilegales. Cuando se atenta contra la libertad de prensa y no se investigan o se dejan impunes los delitos y acciones que atentan contra la moral social. 

    O cuando no se respetan los derechos de las minorías o se realizan desde el poder, actos de discriminación racial, social, política, religiosa, cultural o sexual. 

    El estado de derecho es la base de una sociedad pluralista y abierta, de una convivencia respetuosa de los derechos de todos. Supone también que todos se comprometen a rechazar toda violencia, incluso la represiva, que no se ajuste a la ley, que establece el monopolio de la fuerza por parte del Estado y su ejercicio con sujeción a las normas legales vigentes y particularmente al texto y al espíritu de la Constitución Nacional.


La Justicia desde los 90 a la era de Kirchner

    Hecha la necesaria presentación del “Estado de Derecho” surge a las claras que estamos muy lejos de poder asegurar algo parecido en la Argentina y con esto no voy a cargar las tintas contra la gestión de Kichner como único responsable de la debacle jurídica que hoy nos toca padecer, sino que en esto hay responsabilidades para repartir, tanto en los gobiernos anteriores, como en este que hoy ejerce el kirchnerismo.

    Poco se ha hecho desde los demás poderes e incluso desde la oposición para evitar que hoy el Poder Judicial se lleve una imagen negativa de los ciudadanos que ronda el 85%. Es decir, con este porcentaje negativo, somos acreedores de una Justicia "nominal" y no "real".

    No pasa un día, en que los medios no nos sorprendan (si es que aún queda capacidad para ello) con un nuevo caso de algún fallo incoherente.

    Este nuevo universo, donde el derecho se vuelve flexible al punto de inclinarse a brindar reverencia a los poderosos -sean estos millonarios o políticos-, no hace más que dejarnos a los que no formamos parte de esa elite, en una especie de limbo jurídico, allí según el estado de ánimo del magistrado y de la “calidad” y “pureza” de lo actuado por la instrucción policial dependerá el resultado de nuestra Justicia.

    La falta de recursos materiales y humanos, los reclamos de presupuesto, la saturación de causas, etc., etc., han sido una excelente excusa para justificar, ineficacia, desidia, corrupción y otros intereses diametralmente opuestos al concepto de Justicia.

    Desde los jueces heredados de los gobiernos de facto, de la Corte adicta de Menem y la intervención del kirchnerismo al Poder Judicial, persiguiendo a magistrados, controlando el Consejo de La Magistratura y apoyando se en la mayoría en el Congreso, debemos reconocer una falta de independencia total del Poder Judicial.

    Esto no sólo nos ha privado de un Poder Judicial maduro e independiente, sino que en la necesidad de “controlar” desde otra definición de la palabra al otro poder republicano, no se ha hecho más que “enfermar” aún más a este cuerpo ya enfermo.


Política y abogados

    Los abogados poseen una fascinación por la política que muchas veces los condiciona por decisión personal a actuar de determinada manera, tal vez esperando el reconocimiento de algún político de peso y que lo tenga en sus planes para ocupar algún puesto político, “una mano lava la otra, y las dos lavan la cara”.

    Por eso, hoy es una regla casi constante que muchos abogados se mezclen con políticos no sólo para asesorarlos, sino también para compartir fórmulas.

    Esto que es algo normal y bueno, en cuanto todo ser humano es un ser político y un buscador de poder, adquiere otras dimensiones cuando estos colegiados se valen de sus relaciones, de sus compromisos o de sus cargos, para acrecentar su patrimonio o bien ser “poderosos” hombres del derecho.

    Sus negocios e intereses no terminan con campañas proselitistas, siempre hay otros métodos de enriquecerse desde los márgenes de la política.

    La decadencia judicial ha ido tan a fondo, que hoy en la Secretaria de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires se encuentra una denuncia que involucra a un juez con negocios incompatibles junto a las máximas autoridades de uno de los colegios de abogados más importantes de la provincia como lo es el CASI, pero otros colegios también se encuentran muy alejados de sus funciones originales y hasta mantienen encarnizadas luchas internas.

    En medio de todo estos puteríos de abogados siempre está latente el tema político. Obviamente prevalecen los más fuertes “políticamente”, lo curioso es que existen muchos abogados que han sido amenazados, coaccionados y hasta chantajeados pero, como era de esperar, son pocas las denuncias al respecto. Tal vez, quizás, porque saben que esta decadencia ética es imposible de combatir y que todo se pede resumir en una sola palabra: impunidad.

    En definitiva, abogado no es sinónimo de justicia, respeto por la Ley o equidad.


Conclusión

    La Justicia del “PODER”, no es otra cosa, que la Justicia de los que ejercen el poder, el poder del dinero, de las influencias, el poder político y que, o bien pueden comprar justicia o la pueden tergiversar.

    La falta de igualdad ante la Ley de los ciudadanos es un muestra simple y diaria: mientras un hombre fue procesado y condenado por robo acusado de haberse apoderado de una moneda de un peso, o bien una mujer fue elevada su causa a juicio oral por hurtar un paquete de queso rayado, algunos “personajes” como Carlos Carrascosa obtienen una excarcelación inaudita por una Cámara que no hubiera aceptado un planteo similar a otra persona que no fuera el viudo de María Marta García Belsunce. También podemos mencionar las lentas medidas sobre Romina Picolotti, Nilda Garré, Guillermo Moreno, y compañía.

    Pero vuelvo a aclarar que esto no es algo privativo de este gobierno nacional, en otras provincias que no controla el kirchnerismo las cosas son similares.

    Siempre se ha hablado de “la maldita policía”, pero creo que es hora de que nos preguntemos ¿cuántos funcionarios judiciales han hecho algo? Y otra más dura despojada de eufemismos ¿cuántos se han enriquecido gracias a esos “malditos policías”? Desde los 90 a la fecha han pasado jueces con vidas dignas de millonarios, algunos con placares de cifras que superaban sus sueldos, otros con yates, algunos con pasatiempos tan onerosos como es el criar caballos de polo o de carrera, mansiones de más de un millón de dólares, etc., etc.

    Una país sin Estado de Derecho, donde las libertades individuales, donde los derechos humanos sólo se reconocen y se revindican si fueron coartados en los 70, donde no se habla de torturas sino de lesiones, un país donde no hay desaparecidos sino extraviados, un país donde no hay represión sino “contención”.

    Un país así es una caricatura de Nación, es un devaluada imagen de República, y por sobre todo es una tiranía encubierta, donde rige la arbitrariedad, donde los que pensamos diferente somos perseguidos y judicializados, pero a pesar de ello, nos dicen que son progresistas.

    Una Justicia que no puede investigar narcovalijas, trata de personas, prostitución infantil, contrabando de armas, atentados a la AMIA y Embajada, coimas en el Congreso, “malditas policías”, financiación de partidos, lavado de dinero, demuestra que no tiene poder, sino que depende del poder.

    Tal vez por ser ciega, la Justicia no pueda determinar en definitiva quién le toca el culo.

Marcelo Ricardo Hawrylciw