Esta semana, en el marco de la pesquisa por el retiro de bolsos con dinero en efectivo dentro de la TV Pública, el fiscal federal Gerardo Pollicita le pidió al juez Luis Rodríguez que procese por administración fraudulenta a un grupo de ex funcionarios y productores, zafando a la titular de RTA Rosario Lufrano, quien insiste en argumentar que la sostiene Alberto Fernández directamente.

El agente indicó que, según se determinó, dispusieron arbitrariamente de fondos del Estado Nacional “en clara violación de los principios generales que rigen su accionar”.

“Los imputados, violando sus deberes y abusando de la confianza que les había sido depositada como funcionarios jerárquicos de RTA SE, mediante la extracción en efectivo de sumas de dinero de la cuenta bancaria de la sociedad y su posterior utilización, eludiendo los pertinentes mecanismos de control y la normativa que reglamenta el accionar hacia dentro de la misma, perjudicaron a las arcas públicas asignadas, en un claro beneficio propio y de terceras personas”, añadió.

Los involucrados son Alejandro De La Torre (director Adjunto de Administración, Finanzas y Relaciones Comerciales); Claudio Lamalta (tesorero); Guillermo Siaria (director de la Dirección de Administración, Finanzas, Relaciones Comerciales); Ernesto Molinero (gerente de Producción) y Ariel Berliner (subgerente de Gerencia de Producción).

Según el fiscal todos actuaron haciendo un “uso abusivo” de las funciones que les eran propias por sus cargos en la sociedad del estado, “con el conocimiento y la voluntad que exige el tipo subjetivo del delito”. Además, dictaminó que la conducta desplegada por los encausados y por la proveedora beneficiada con el otorgamiento de una millonaria suma de dinero, no solo puede ser subsumida típicamente en el delito de fraude contra la administración pública, sino que también pueden ser encuadrada en el tipo penal de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. Cabe recordar que en marzo pasado se conoció que habían retirado un total de $11.400.000 de la cuenta de la Televisión Pública para llevar adelante la producción del proyecto “Los amores prohibidos de Belgrano”, una miniserie que demorada por la pandemia.

Dos integrantes de Juntos por el Cambio, Ricardo Benedetti y Jimena Castiñeira, denunciaron el hecho en Comodoro Py y el caso quedó en manos del juez Rodríguez y del fiscal Pollicita.

El expediente lleva el nombre de la directora de la Televisión Pública, Rosario Lufrano. Sin embargo, Pollicita entendió que lo sucedido escapó del control de los integrantes del directorio.

“La maniobra cuestionada estuvo orientada a procurarse el manejo de dinero en efectivo, por fuera de los límites previsto para este tipo de operaciones en el ámbito estatal, con miras a disponer arbitrariamente del mismo y llevar a cabo distintas erogaciones presuntamente vinculadas con las necesidades de la tira en cuestión, lo cual generó un lucro indebido al no contar con la debida autorización del Directorio de RTA SE ni la aprobación de un presupuesto que los respaldara”, sostuvo Pollicita en su dictamen.

Otra vez: ¿Cómo es que Lufrano no fue procesada, si se ha demostrado que siempre supo lo que ocurría, tal cual se publicó en Tribuna de Periodistas?