Los interventores peronistas en los gobiernos nacional y de la provincia de Buenos Aires enfrentan un dilema crucial: si se juegan con todo a revertir el resultado de las PASO o al menos a achicar la brecha todo lo posible, lo que implica aumentar aún más el gasto público financiado con emisión monetaria, echan más leña al fuego de la inflación y de la corrida cambiaria, con el riesgo de que ambas se espiralicen, la ola de desconfianza e incertidumbre contagie a los depositantes y al sistema financiero y, como consecuencia, se arme una “tormenta perfecta” que debilite aún más al FDT, afecte la gobernabilidad y debilite la marca PJ por mucho tiempo.

Por el contrario, si dieran por perdida esta elección antes del 14 de noviembre, el resultado podría ser aún peor, como teme con mucho criterio la propia Cristina Kirchner. Esto pondría también en riesgo la supervivencia del FDT como coalición y hasta podría precipitar, al igual que al anterior escenario, una generalizada sensación de desgobierno y debilidad que, sobre todo en un contexto global que luce cada vez más complicado, podría entonces disparar un serio problema de gobernabilidad. En síntesis, ambos escenarios tendrían consecuencias muy negativas para el FDT en particular y para el conjunto del sistema político y de la sociedad argentina en general. vale la pena indagar en los datos para evaluar escenarios.

Se trata de un dilema sumamente complejo y con potenciales derivaciones económicas, políticas y sociales que implican costos enormes, fundamentalmente para los propios protagonistas de este entorno tan incierto y crecientemente turbulento. Vale la pena recordar que sería la primera vez desde 1975 que una crisis macroeconómica severa le estalla en las manos a un gobierno peronista.

En efecto, luego del denominado “Rodrigazo”, un ajuste salvaje consecuencia de los profundos desequilibrios fiscal y monetario acumulados sobre todo en los dos años anteriores, siempre el peronismo había logrado traspasarle el problema a un gobierno de otro signo político. Esto ocurrió por ejemplo en los últimos años de la convertibilidad, explotándole la crisis al gobierno de la Alianza. También en el segundo gobierno de CFK, cuando a partir del 2015 la administración de Cambiemos no pudo corregir los desequilibrios macroeconómicos de fondo, lo que explica la crisis disparada en abril de 2018.

Frente a esta situación, los interventores del PJ Juan Manzur y Martín Insaurralde, representantes de gobernadores e intendentes del GBA, necesitan mostrar hiperactividad y compromiso con el proceso electoral para que no se desbande la tropa y, en lo posible, concentrar los esfuerzos y mejorar aunque sea en el margen y sobre todo en algunos distritos en particular. De este modo, es muy probable que desplieguen una táctica que podría denominarse, tomando el concepto de las modernas técnicas que utiliza la agroindustria, “clientelismo de precisión”: no desperdiciar recursos a mansalva ni en lugares donde la elección está perdida (Córdoba, Mendoza, CABA), sino en aquellos donde puede ser posible conseguir algún senador más (como La Pampa) o incluso donde podría hacérsele daño a JxC (como Lanús, cuyo intendente, Néstor Grindetti, fue uno de los estrategas claves de la oposición).

De este modo, consistente con la vieja tradición del “tercerismo” peronista (recuérdese aquel viejo “ni yanquis ni marxistas…”), en estos 40 días que faltan para las elecciones generales el foco estará puesto en acciones, políticas y anuncios que maximicen la posibilidad de mejorar en el plano electoral pero que minimicen los costos de corto y mediano plazo para evitar situaciones potenciales muy disruptivas en el enorme reto que le queda por delante al peronismo: gobernar los dos últimos años de esta gestión tratando de no dañar aún más la marca, las credenciales y la reputación del peronismo como fuerza política.