Aunque el ministro de Economía, Martín Guzmán, plantea que el gobierno no ha venido un ajuste del gasto típico de un programa de estabilización, la realidad es que el titular del Palacio de Hacienda ha venido cumpliendo un pacto implícito con la titular del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva.

Este año el déficit fiscal primario se ubicará en torno del 3% al 3,5% el PBI, cifra que está por debajo del 4,5% que había proyectado en el Presupuesto 2021. Es decir, que para arrancar la discusión de un nuevo programa, ya tiene por lo menos un punto ganado.

El asunto es determinar por dónde podría transcurrir los ejes del “programa plurianual” que salió a vender el presidente Alberto Fernández como parte de la “segunda parte” de su mandato.

Si se asumiera que lo ocurrido hasta ahora ha tenido aval y conocimiento de la directora del FMI como una especie de acuerdo no firmado por el gobierno argentino, para evitar pagar costos políticos en un año electoral, el programa “plurianual” transcurriría por la misma senda en la que venido hasta ahora.

Cuando se plantea que va a haber una baja del déficit, sin reducir el gasto público, la realidad es parcial. Si se toma el análisis de la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional (APN) que elabora la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) la realidad es que en los primeros 10 meses del año el gasto corriente cayó 7,2% en términos reales.

La APN incluye los gastos de la administración central y organismos descentralizados. En rigor, la caída se concentra en las Prestaciones Sociales, con un 14% de caída ($4 billones), que básicamente se explica por una baja de salarios del sector público y de las jubilaciones. Los otros que perdieron fueron los gobernadores. Las transferencias a las provincias disminuyeron 29% real en 10 meses ($236.000 millones).

En cambio, el gasto que subió fue Subsidios Económicos, 30,7%,  Otros Gastos Corrientes, 40% y Gastos de Funcionamiento 14%.

Por otro lado, lo que mas interesa a Guzmán, que es el gasto de capital, que en otras palabras es la obra pública, creció hasta octubre el 73 % hasta ubicarse en $155.000 millones. De ello, lo que se denomina Inversión Real Directa alcanzó los $161,000 millones y creció 65.6%. 

Es decir, que al mirar la ejecución presupuestaria se infiere que Guzmán financió la expansión del gasto en subsidios por congelamiento de tarifas, y la obra pública, en parte, bajando jubilaciones y salarios.

No sería extraño que el acuerdo para bajar el déficit fiscal sin bajar el gasto en obra pública trate de consolidar esta política, apurando el aumento de tarifas para reducir subsidios.

El único problema que tendría Guzmán en 2022 es que algunos de los ingresos extraordinarios que tuvo este año, como la alícuota incrementada de Bienes Personales para bienes en el exterior o el “Aporte Solidario”, no estarán el año que viene, lo cual obligará a por lo menos, tratar de reiterar el mismo esquema de ingresos del 2021.