Los vínculos de Sergio Massa con el mundo narco fueron desnudados por Tribuna de Periodistas en un par de investigaciones reveladoras, que trajeron “cola”.

Son relaciones que aparecen incluso en grabaciones en poder de la Justicia, que ponen al hoy titular de la Cámara de Diputados en un lugar incómodo. Sobre todo en sus días como intendente de Tigre.

Ahora, Carlos Pagni en su análisis semanal vuelve a revelar un nuevo vínculo. En el contexto de un expediente judicial que involucra a políticos, policías y funcionarios judiciales:

“El otro enigma es cuánta gente llevarán este viernes Massa y su Frente Renovador, que podrían sorprender con pancartas en defensa del fiscal Claudio Scapolán, acusado de regentear una banda de narcos en la zona norte. Malena Galmarini habría conseguido, ayudada por el gestor judicial Javier Fernández, que la Cámara de San Martín desplace del caso a Sandra Arroyo, que procesó a Scapolán”.

Hay que recordar que el fiscal de San Isidro fue procesado el 1º de octubre por la justicia federal como jefe de una asociación ilícita integrada también por policías que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes con causas armadas, informaron fuentes judiciales.

La jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, además, trabó sobre los bienes del fiscal -que está suspendido pero no preso, por sus fueros- un embargo por dos mil millones de pesos.

En la resolución, la jueza procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Asimismo, la jueza Arroyo Salgado mantuvo para Scapolán la prohibición de salida del país.

Dada la imposibilidad de detener por el momento al funcionario judicial, la magistrada dispuso diferir su eventual arresto “hasta tanto se resuelva el desafuero” del imputado.

Por ello, le requirió a la Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires, “la formación del proceso de enjuiciamiento y consecuente remoción” del fiscal.

También dispuso que se le confiera “inmediata intervención” al procurador general de la provincia de Buenos Aires, Julio Conte Grand, ya que dadas sus facultades como jefe de todos los fiscales bonaerenses, la jueza menciona que puede disponer “la remoción” contra un integrante del Ministerio Público “que haya incurrido en hechos o conductas que den lugar a su enjuiciamiento”.

“Esta pesquisa logró desenmascarar que las herramientas y potestades que muchos de los funcionarios ostentaban, fueron utilizadas ilícitamente para infundir temor en sus víctimas, actuar con aparente impunidad en el marco de los procesos penales y distorsionar la realidad de los hechos”, señala uno de los párrafos de la resolución de la jueza federal.

Arroyo Salgado sostuvo que la banda presuntamente liderada por el fiscal e integrada por varios policías de la bonaerense, actuaba “con el objetivo de sustraer material estupefaciente, coaccionar personas para obtener un provecho económico, permitir la sustracción de pertenencias de personas allanadas, e inventar y/o plantar pruebas de cargo”.

Desde que se hizo el primer allanamiento en la causa, en julio de 2020, Scapolán fue apartado de sus funciones como fiscal de San Isidro y puesto de licencia por la Procuración bonaerense pero hasta que no avance el jury de enjuiciamiento, seguirá siendo fiscal.

Scapolán eludió su indagatoria en el expediente en cuatro oportunidades con planteos de nulidad y recusaciones, hasta que finalmente en marzo, presentó ante la jueza un escrito en el que declaró que la causa estaba “montada” y que era víctima de una “cacería”.

Según la investigación, a la organización se le atribuye el robo de al menos 555 kilos de cocaína, 33.000 dólares y 386.000 pesos mediante extorsiones a narcos.

Los hechos que le imputan a Scapolán están vinculados al presunto armado de causas entre 2013 y 2015 cuando estaba al frente de la ex Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Investigaciones Complejas de ese departamento judicial, disuelta en 2016.

La imputación de la justicia federal es que Scapolán y un grupo de policías que trabajaba en la Delegación San Isidro de Investigaciones Complejas y Tráfico de Drogas Ilícitas de la policía bonaerense, armaban causas, pedían coimas a narcos y hasta se quedaban con droga de algunos operativos.

El más resonante de esos procedimientos fraguados fue el conocido como “Leones Blancos”, ocurrido en 2013en Moreno, donde se incautó un cargamento de alrededor de una tonelada de cocaína, aunque oficialmente sólo se consignó la mitad.

El fiscal federal que tuvo a cargo la investigación, Fernando Domínguez, imputó a 41 efectivos de la policía bonaerense y a tres abogados como integrantes de esa organización delictiva presuntamente liderada por Scapolán.

Actualmente, la causa tiene más de 30 procesados, 15 de ellos con prisión preventiva, y dos secretarios judiciales de Scapolán que inicialmente habían sido detenidos y procesados, fueron liberados por falta de mérito en diciembre pasado, a raíz de un fallo de la Cámara Federal de San Martín.

Los 15 procesados detenidos son los policías bonaerenses Adrián Gonzalo Baeta, Juan Magraner, Roberto Okurzaty, Juan Elizalde, José Delgado, Marcelo Di Rosa, Oscar Caviglia, Santiago Cabre, Alexis Tabares y Juana Medina; el ex efectivo Mario De Armas; el abogado Matías Pedersoli; y otras tres personas llamadas Cristian Seu, José Molina y Alejandro Javier Giancarelli.

El expediente tiene además algunos prófugos, entre ellos, el reconocido penalista Gustavo Semorile, que defendía a algunos de los narcos extorsionados.


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