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Actualmente es diputado Nacional por la provincia de Buenos Aires, pero antes supo ser ministro de Educación de la Nación. Durante el gobierno de Mauricio Macri.
Alejandro Oscar Finocchiaro es abogado y también fue director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires.
Y subsecretario de Políticas Educativas y Carrera Docente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Tribuna de Periodistas decidió entrevistarlo por el tópico educativo, pero también por otras cuestiones, como la negociación con el FMI. Aquí el resultado:
-La Argentina registró el peor desempeño de su historia en la evaluación Estudio Regional Comparativo y Explicativo (ERCE) que se realizó en 2019 y hoy estamos por debajo del promedio. ¿Qué reflexión le merece?
-Por supuesto que, en primer lugar, eso refleja cómo está nuestro sistema educativo. También debemos tener en cuenta que esta es una prueba que se hace cada 6 años y es muestral; se hace en 16 países de la región y se tomó una muestra sobre diez mil alumnos.
Para que tengamos una idea, en la última prueba Aprender, que hicimos durante nuestro gobierno, la hicimos con cuatrocientos setenta y tres mil alumnos. Y esto refleja claramente que es lo que tenemos que hacer, ponernos a trabajar acordando tres o cuatro ideas básicas para poder salir.
También le puedo decir que tiene algo positivo, y es que un espacio político como el kirchnerismo, que se resistió durante años a las evaluaciones -tanto es así que CETERA, que es el brazo educativo del kirchnerismo, nos hizo paro durante las cuatro pruebas aprender que hicimos- hoy esté discutiendo los resultados de esas evaluaciones. Eso, ya es positivo; que este gobierno haya entendido que hay que evaluar seriamente, y que hay que tomar la evaluación no como una crítica, sino como un diagnóstico para ver en que estamos acertados y en que estamos equivocados y corregir los errores y trabajar en lo que nos va mal es importante.
Durante nuestra gestión, después de conocer el resultado de las primeras pruebas aprender, que hicimos en 2016, implementamos una serie de políticas, como las "escuelas faro", que eran las 3.500 escuelas con mayor índice de vulnerabilidad socio educativa del país, y pusimos en ellas todos los recursos del estado, ya sea pedagógicos como económicos, y dos años después esas escuelas estuvieron por encima del promedio del resto. Eso quiere decir que se puede, cuando hay un estado que lo quiere hacer.
De hecho, en la última prueba Aprender aumentamos 7 puntos, que si bien no es algo determinante sí es muy significativo, e indica que esas políticas que estábamos implementando iban por el buen camino. Lamentablemente, el anterior ministro de educación del actual gobierno no lo entendió y no continuó con ninguno de esos programas.
-Sin embargo, la vocera presidencial, Gabriela Cerruti, dijo textualmente: "Cuando uno desinvierte en educación tiene consecuencias reales, esto es consecuencia de los cuatro años de desinversión del gobierno que nos precedió".
-Realmente no le respondería nada, sencillamente porque no sería serio. No es serio lo que dijo y no sería serio lo que yo podría responderle... supongo que eso lo dijo porque se lo habrán escrito en un papel para que lo diga.
Lo que si le puedo decir es que esto no tiene que ser algo para que los políticos discutan que es lo que pasó, sino que tiene que servir para proyectar futuro.
-En relación con el acuerdo con el FMI, desde el gobierno dicen que la oposición debe colaborar y acompañar. ¿Usted cree ue se podrá llegar a un entendimiento para finalmente firmar un acuerdo con el Fondo Monetario?
-Desde la oposición siempre se deben acompañar aquellas políticas que entendamos que son sanas y buenas para el país, y oponernos cuando entendemos lo contrario. Respecto a la cuestión con el FMI en particular, es muy difícil, y le explico por qué. El kirchnerismo nunca se ha caracterizado por entender ni la política ni la economía internacional. Imagínese que en el FMI saben perfectamente que Alberto Fernández es un presidente muy débil, tanto en el poder que detenta como en que un día dice una cosa y otro día dice otra, y que su vicepresidente, que es quien realmente tiene el poder hay veces que quiere acordar y otras no.
El acuerdo con el FMI se debe realizar sobre bases serias. Uno no puede pretender arreglar con el fondo y, por ejemplo, seguir manteniendo gastos totalmente innecesarios para el estado o emitir dinero con pautas de inflación altísimas o con promesas de futuras cosechas con estimaciones poco serias.
Es muy difícil, porqué quienes negocian del lado del FMI son técnicos, no son políticos. Por lo tanto, no vamos a acompañar ningún proyecto de acuerdo con el fondo que implique subir más impuestos o seguir con le emisión descontrolada o con la carrera inflacionaria.
Para darle una idea de lo que no entienden los técnicos del fondo es que con el "plan platita" para las elecciones el gobierno gastó 1.500 millones de dólares, que es el mismo monto de la próxima cuota que se les adeuda.
-¿Cuáles serían los principales proyectos a presentar por su bancada?
-En primer lugar, tenemos un compromiso ante la sociedad que tiene que ver con trabajar sobre la reforma al Código Penal y al Código Procesal Penal y en cuanto a subir las penas de los delitos violentos, como por ejemplo, quitarles a los jueces la facultad de excarcelar a quienes lo cometan.
También tenemos un compromiso con el tema educativo. Por ejemplo, que no dependa de un gobierno la decisión de si se hacen o no las evaluaciones educativas; además crear un plan de emergencia educativa para infraestructura, conectividad, que tiene que ver con discutir seriamente como se llega a ese 6% del PBI que hay que invertir en educación, porque en realidad, el 75% de eso lo tienen que poner las provincias, que son quienes tienen a su cargo la gestión de las escuelas.
Creo, también, que debemos regular el derecho a huelga en el sistema educativo. No digo quitar, digo regular, que quede bien claro. Eso es necesario para que se pueda cumplir correctamente el calendario escolar.
Otros puntos que vamos a llevar al congreso es la reducción de impuestos a las PyMEs y modificar la legislación laboral.
Hay que lograr un delicado equilibrio entre la protección al trabajador, que por supuesto debe estar protegido, y también darle la seguridad a aquellos que generan empleo y riqueza para el país, porque hoy los empresarios, -y cuando hablamos de empresarios hablamos de PyMEs... hablamos de aquellas personas que tienen una ferretería, una pizzería, un pequeño súper mercado o una parrilla, no estamos hablando necesariamente de grandes empresas- tienen miedo de tomar empleados.
Una persona que tiene una PyME no toma empleados porque tiene miedo de que en 5 o 6 meses le hagan un juicio millonario. Entonces esa gente que hoy no es contratada está en el trabajo informal o va a los movimientos sociales.
Por último, vamos a seguir insistiendo con la ley de "ficha limpia" y el voto por boleta única, a lo que agrego que debemos avanzar en el voto electrónico.
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El pensamiento populista es perverso. La evaluación no es para discriminar en el sentido más peyorativo de la palabra, es para justamente evaluar en qué momento del aprendizaje están los alumnos, para poder retomar, corregir o apuntalar aquellos aspectos que todavía no han sido superados. Sin evaluación no hay modo de saber si el trabajo realizado ha sido efectivo o no, y cómo reparar los resultados insuficientes. Y los docentes TAMBIÉN deben ser evaluados, ¿o alguien se recibe, se pone el título bajo el brazo y ya está? La reválida del título se debería hacer cada siete años, al menos. Recuerdo que el kirchnerismo dispuso una 'beca/subsidio especial para los alumnos repitentes y si el docente promovía al alumno muchas madres se quejaban porque le quitaban ese subsidio. A ese nivel de indignidad arrastraron a la gente.
Toda huelga de un gremio estatal es política: La huelga es una herramienta económica de protesta. En la empresa privada, actúa afectando la productividad. Cada hora que se deja de trabajar implica dinero perdido. El éxito de la huelga depende de qué pérdida sea mayor: la causada por el paro o la provocada por los reclamos de los trabajadores. Cómo los trabajadores saben que si sus demandas son excesivas y la empresa pierde demasiada rentabilidad podría cerrar, poniendo en riesgo la fuente de trabajo, su único bien, casi nunca piden lo que no les pueden dar. El estado sólo debe garantizar la libertad de equilibrio. Por eso, en la Argentina, hace años que casi no hay grandes conflictos en la actividad privada. En los gremios estatales ocurre algo completamente distinto. El responsable de decidir si accede a las demandas, no pone en riesgo su capital. Es más, el capital en juego es, generalmente, el de los propios huelguistas, y del resto de la sociedad. El mecanismo de presión es diferente. Depende de que los perjudicados responsabilicen al gobierno del conflicto, y la popularidad de este decaiga. Por eso toda huelga estatal es política. Porque el mecanismo de presión es político y no económico, como en las empresas privadas. Cuando los reclamos son justos, la sociedad acepta solidariamente pagar los platos rotos. Por un tiempo. Cuando los días pasan, empieza a cansarse. El costo es cada vez mayor y empieza a cuestionarse si vale la pena pagarlo. Finalmente, el efecto político es, cuanto menos, neutro. Si no se vuelve francamente contrario a los funcionarios de paro. El gobierno no dará el brazo a torcer. Por eso las huelgas estatales son interminables. E inútiles para conseguir los fines que proclaman. Si el gobierno tiene voluntad política de ceder a los reclamos, no hará falta llegar al conflicto. Si no la tiene, y si realmente se quiere conseguir resultados favorables, conviene actuar a través de la actividad política y no embarcar la sociedad en un desgaste estéril.
Deberían estar prohibidas las huelgas nacionales. No puede ser que un gremio de la provincia X tiene un conflicto, y todos los gremios del país hacen huelga en defensa de ese gremio en particular. Estos tipos te paran el país entero a piacere, y extorsionan a las empresas o al estado cuanto les da la gana. Y por los motivos que le dan la gana. Recuerdo a los metro delegados de la CABA que dejaron a los trabajadores en largas colas de colectivos por días.