Más allá de caracterizarse por su extrema fragilidad y estancamiento secular, la economía argentina se define por sus desequilibrios e inconsistencias. No se trata de cuestiones inconexas: lo segundo es en gran parte causa de lo primero. Un entorno económico enmarañado y esquizofrénico no genera los incentivos necesarios para la inversión, el crecimiento, la generación de empleo genuino y de calidad, el aumento de las exportaciones y la acumulación de reservas; principales objetivos a los que Argentina debería apuntar. De hecho, los desbalances macroeconómicos actuales provocan el efecto contrario en cada una de estas dimensiones.

Sugerente es el informe que Goldman Sachs elaboró recientemente sobre la Argentina. En este, asegura que “a los inversionistas les preocupa con razón que un programa ligero del FMI que no induzca un reequilibrio macroeconómico tangible a corto plazo no mueva la aguja de las políticas y, por lo tanto, no mejorará el desempeño económico y permitirá que Argentina recupere el acceso a los mercados de financiamiento voluntario”. En otras palabras, el acuerdo con el FMI podría ser intranscendente si no está acompañado de una hoja de ruta (“a corto plazo”, se encarga de aclarar el informe) que impulse una corrección de las principales variables. Goldman Sachs es uno de los bancos de inversión más grandes del mundo, por lo que su visión debería resultarnos especialmente preocupante.

La aparición de mercados informales en la economía argentina

Los desequilibrios de la economía argentina, producto de un conjunto amplio de congelamientos, restricciones, cepos, regulaciones y una carga impositiva insoportable, estimulan la aparición de mercados informales o comportamientos especulativos que buscan eludir las barreras impuestas por el Estado o aprovecharse de las inconsistencias que este genera.

Uno de los aspectos en que se percibe más claramente la incongruencia del entorno argentino es en su esquema impositivo y la consiguiente redistribución de los recursos públicos a través de subsidios. Esta semana se debatieron cambios en el impuesto a los Bienes Personales, ya que el régimen de alta inflación con el que convivimos terminó distorsionando por completo la base imponible (al igual que sucede con el Impuesto a las Ganancias). El mínimo no imponible se terminó actualizando por tan solo un voto y a punto de tocar la campana que marca el cierre del año fiscal: si esto no se hacía, el tributo comenzaría a pagarse a partir de los dos millones de pesos, incluyendo a gran parte de la clase media.

Poco ha cambiado con la actualización en el impuesto a los Bienes Personales: nuestro sistema impositivo continuará representando una pesada carga para los contribuyentes (de hecho hubo suba en algunas alícuotas), que tienen que financiar un gasto público excesivo y por momentos irracional. La presión impositiva es uno de los obstáculos que desalienta la inversión e incluso la permanencia en el país, fomentando que algunos argentinos de alto patrimonio decidan cruzar el charco para radicarse en Uruguay.

Mientras tanto, el Estado subsidia el consumo de bienes importados suntuarios y las tarifas energéticas: una decisión que termina beneficiando en mayor medida a los sectores sociales más favorecidos. Ese es el nivel que alcanza la esquizofrenia argentina. Vale la pena recordar las palabras del propio ministro Guzmán en mayo de este año: “Los subsidios energéticos son pro ricos en un país con un 57% de pobreza infantil”. Un claro ejemplo de que los congelamientos sesgados por la ideología o los objetivos electorales pueden generar beneficios en sentido inverso al que se buscaría en un esquema más racional.

Una carga impositiva insoportable se combina con una macroeconomía inestable, y un política cambiaria y comercial repleta de cepos y restricciones. El desenlace de esta combinación viciosa es el creciente tamaño de la economía informal, en donde empresas y personas tienen cada vez más incentivos para la evasión y los mercados en “negro” se multiplican.

La economía informal provoca un aumento de la informalidad laboral

Paradójicamente, la economía informal ejerce un efecto amortiguador ante las dificultades que impone la economía formal, y termina funcionando como válvula de escape. Los sectores de menos recursos terminan siendo las principales victimas de un diseño económico que hace ya mucho tiempo no genera empleo de calidad. Según los últimos datos del INDEC, el 33% de los trabajadores asalariados se encuentra en una situación de informalidad (2,9 millones de trabajadores). Además, el despliegue de la informalidad laboral se profundizó a partir de la pandemia: según un estudio de la OIT, el 82% de los empleos surgidos en la Argentina después del segundo trimestre de 2020 no tiene protección social.

Evidentemente hay una informalidad cada vez más densa en el mundo laboral, con la particularidad de que hoy incluye también a profesionales independientes (como programadores, diseñadores web u otras actividades similares) que exportan servicios al exterior y eluden las pesificaciones de sus ingresos al tipo de cambio oficial y la elevada presión impositiva a través del cobro con criptomonedas. Siempre existieron mecanismos de evasión en los sectores medios y altos, pero ahora las posibilidades parecen ampliarse con las nuevas tecnologías. Esto se combina con salidas más tradicionales: cada vez hay más empresas “grises”, que pagan una parte de los sueldos en blanco y otra en negro. Muchos trabajadores prefieren cobrar de esta forma para evitar el impacto del impuesto a las ganancias.

Los productores de mayor envergadura también terminan apelando a la utilización de mecanismos informales para eludir un entorno impositivo y cambiario absurdo y a restricciones por momentos extremas (el sumun fue la prohibición a exportar carne que estuvo vigente buena parte del año). Surgen así maniobras de subfacturación, ocultamiento de ingresos y movimientos financieros, sobre los que hemos escuchado en más de una oportunidad.

Dólares: a cuánto cotizan y quiénes pueden acceder

Los sectores más sofisticados de la sociedad incluso logran hacer negocios aprovechando las inconsistencias del sistema argentino. El dólar “solidario” o “turista” (que unos pocos privilegiados pueden comprar, o que se accede a través de la tarjeta de crédito o débito) se ubica hoy en torno a los $177 (muy por debajo del precio de los mercados blue o contado con liquidación, cercano de los $205), esto genera un incentivo para la compra de bienes suntuarios en el exterior, debido a la brecha que existe entre ambas cotizaciones. Si dichos bienes logran importarse al tipo de cambio oficial ($106), se pueden hacer negocios de alta rentabilidad. Recordemos que el año comenzó con una decisión del BCRA prohibiendo la importación de algunos bienes de lujo, precisamente en un intento por evitar este tipo de maniobras y la sangría de reservas.

Otro caso: hasta hace muy poco, el gobierno intervenía en el dólar bolsa para mantener su cotización artificialmente baja, como un intento de contener la inflación y las expectativas de devaluación antes de las elecciones (la estrategia fracasó ya que el gobierno perdió las elecciones, la inflación no se contuvo y la expectativa de devaluación continúa). Los argentinos de clase media y alta, con conocimientos básicos del mundo financiero, podían acceder en octubre a un dólar aproximadamente a $170, mientras que los ahorristas de menores recursos terminaban comprando los dólares “blue” a $185 (o más dependiendo del lugar donde se encuentre la “cueva”).

Por otra parte, los entornos regulatorios caóticos implican también decisiones económicas muchas veces equivocadas. Como el sistema de precios funciona de manera subóptima, tomamos decisiones con información imperfecta o incluso totalmente equivocada, en un marco donde predomina la incertidumbre y la confusión. ¿Cuál es hoy el dólar de equilibrio de la economía argentina? ¿La tasa de interés será positiva o negativa respecto a la devaluación del dólar? Podemos hacer algunas conjeturas para responder estas y otras preguntas, pero nuevamente las certezas se nos escapan. Todo este entorno obliga a los actores económicos a tomar decisiones especulativas de cortísimo plazo, minimizando el riesgo, lo que implica una menor cuantía de recursos para la inversión productiva de más largo plazo. El gobierno del Frente de Todos que dice luchar contra la especulación, contradictoriamente lo que hace es incentivar los mecanismos de arbitraje de los sectores más sofisticados y con mayores recursos.