Diario La Nación reveló que el juez federal de Río Gallegos, Claudio Vázquez, sobreseyó a la vicepresidente Cristina Kirchner en una causa por presunta evasión tributariaque se venía instruyendo en la justicia santacruceña desde 2017.

Según precisa el matutino, el magistrado dispuso el sobreseimiento a partir de un pedido de la Fiscalía Federal de la jurisdicción, “que con la firma del fiscal subrogante Julio Zárate, concluyó que debía cerrarse la investigación”, arribando a esa conclusión tras recibirun informe de la AFIP que afirmaba que la ex mandataria no arrastraba deudas con el fisco. Pero lo llamativo es que en 2018 un reporte del organismo tributario afirmaba lo contrario: que Cristina Kirchner debía más de $8 millones.

La noticia pone de manifiesto dos cuestiones. Por un lado, los aspectos técnicos del fallo que expone el grado de injerencia que ejerce la vicepresidente sobre la AFIP, y por otro, el avance del Poder Ejecutivo sobre otro Poder del Estado, en este caso, el judicial.

El juez que acaba de sobreseer a la vicepresidente, Claudio Vázquez, integra una de las ternas para ocupar la eventual Cámara Federal de Apelaciones con asiento en la ciudad de Comandante Luis Piedrabuena, provincia de Santa Cruz.

El pasado lunes 20 de diciembre, la ONG Red de Entidades por la Justicia Independiente en Argentina (REJIA), compuesta por 12 sociedades civiles vinculadas a la justicia y al derecho, le envió una carta al Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosatti, en la cual le solicitó que el máximo tribunal suspenda la habilitación de dicha Alzada.

De habilitarse, se trataría de la única Cámara “que funcionaría en una pequeña localidad de 6.045 habitantes2, que carece de juzgados federales de primera instancia y de aeropuerto comercial que permita vuelos de línea”, asegura la misiva. Y agrega que, además de ello, “cuenta con tan sólo 6 abogados matriculados, deficiente conexión a internet y un acceso por vía terrestre muy dificultoso, cuando no imposible, en particular durante el dilatado período invernal de la región”.

El dr. Claudio Vázquez fue designado al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Gallegos, mediante el Decreto 907/2020, publicado en el Boletín Oficial el 24 de noviembre de 2020, con las firmas del ex jefe de gabinete, Santiago Cafiero, y de la ex ministro de Justicia, Marcela Losardo.

El último 7 de octubre, la Comisión de Selección y Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura, a cargo de la diputada Graciela Camaño, aprobó el Concurso 364 destinado a cubrir tres cargos de vocal en la Cámara de Comandante Luis Piedrabuena,

La ternas aprobadas fueron las siguientes. Primera terna: Sergio Roberto Rocamora, Nelson Andrés Sánchez, Gustavo Alberto Ogni. Por su parte, la segunda terna la integran el citado Claudio Vázquez, Carlos Augusto Borges, Pablo Fernando Mansilla. En tanto, la tercera terna está compuesta por Emilio Ricardo Porras Hernández, Marcelo Hugo Bersanelli, y María Cecilia Cobas.

La Ley Nº 27.154, publicada en el Boletín Oficial el 17 de junio de 2015, dispuso que la Cámara Federal de Apelaciones de Comandante Luis Piedrabuena “tendrá competencia en materia civil, comercial, laboral, contencioso administrativa, ejecución fiscal, penal y de derechos humanos”. Y su jurisdicción “comprenderá la provincia de Santa Cruz, Tierra del Fuego e Islas del Atlántico Sur”.

En la carta de REJIA al dr. Rosatti, se aclara que “actualmente la Provincia de Santa Cruz solo cuenta con los juzgados federales de Río Gallegos y Caleta Olivia”, mientras que “la Provincia de Tierra del Fuego con los juzgados federales de Ushuaia y Río Grande”.

Esto también ocurre cuando hay en el país un 23% de jueces subrogantes, lo que expone el grado de dependencia de la justicia con el poder político. Sobre un total de 4.319 cargos de jueces en todo el país, tanto en el fuero ordinario como en el federal, y en todas las instancias, hay casi 988 juzgados y vocalías subrogadas.

La conclusión a la que se llega a partir de estas cifras es que 1 de cada 4 magistrados ha sido designado por un sistema distinto al establecido por la Constitución Nacional para el acceso a la magistratura. De acuerdo a los especialistas, la elevada proporción de jueces provisorios impacta, por sus deficiencias, en la garantía de independencia judicial.

La carta dirigida al Presidente de la Corte, firmada por el titular de REJIA, Raúl Aguirre Saravia, hace hincapié para fundamentar su pedido de no habilitar la Cámara Federal, en que su puesta a punto “plantea la exigencia insoslayable de una adecuada planificación y asignación de recursos públicos”.

“Como no escapa a vuestra consideración”, agrega, “la habilitación de esta cámara se encuentra aún pendiente, pues no cuenta todavía con el “crédito presupuestario necesario para la atención del gasto que su objeto demande, ni tampoco con la infraestructura edilicia y el equipamiento mobiliario e informático indispensable para su funcionamiento”.

En uno de sus últimos párrafos, subraya que basta “advertir que ninguna de las leyes de presupuesto nacional sancionadas por el Congreso Nacional desde el año 2015 hasta el presente, han incluido la asignación presupuestaria correspondiente para dotar los recursos financieros que permitan la habilitación del tribunal en cuestión”. Por último, hace mención a un eventual “desfinanciamiento” del Poder judicial.

Si bien es cierto que el proyecto data de 2015, la creación de la Cámara es cuanto menos llamativa, resultando muy similar a lo ocurrido en 2010 con la AFIP de Ricardo Echegaray, que creó la División Río Gallegos, aglutinando allí las fiscalizaciones de Austral Construcciones, la empresa de Lázaro Báez.

Antes de ello, el organismo tributario, primero a cargo del actual ministro de Trabajo Claudio Moroni, y luego a las órdenes de Echegaray, comenzó a desmantelar la Seccional Comodoro Rivadavia. La razón de aquella decisión es que sus inspectores venían analizando el comportamiento fiscal de Gotti SA, la antecesora de Austral. Justamente, la pesquisa judicial de Río Gallegos que investigaba a Cristina Kirchner se realizó bajo la supervisión de la AFIP de Comodoro.

En febrero de 2020, la vicepresidente formuló una denuncia contra el ente recaudador por presuntos “manejos ilegales y operativos clandestinos” durante el gobierno de Mauricio Macri. Lo hizo a través de dos escritos, donde solicitó que se anule “todo lo actuado” y definió al accionar de la AFIP como una “maquinaria de persecución y hostigamiento a opositores políticos”.

Luego de ello, el 14 de diciembre del mismo año, fue el propio organismo, a través de su titular, Mercedes Marcó del Pont, el que amplió la denuncia, donde, haciéndose eco de lo señalado por su jefa, no solo advirtió sobre la existencia de una “matriz de persecución política”, sino que se valió de un típico argumento kirchnerista: habló de la creación de “una fuerza especial creada en el organismo con el fin específico de perseguir a la ex presidenta y sus hijos”.

El sobreseimiento de la ex mandataria que dispuso el juez Claudio Vázquez parece ir en ese sentido. Cristina Kirchner era en verdad investigada por presunta infracción del Régimen Penal Tributario. Concretamente, a una orden de la Fiscalía Federal de Río Gallegos emitida el 26 de octubre de 2017, en el marco del procedimiento de determinación de oficio en la causa 9958.

En la instrucción, también se analizaba la situación patrimonial de sus hijos Máximo y Florencia, a quien se le descubrieron US$ 4.664.000 en una caja de seguridad.

En una denuncia presentada hace pocas semanas, el ex subdirector general de Operaciones Impositivas del Interior de la AFIP, Jaime Mecikovsky, fuertemente hostigado por el kirchnerismo, sostiene en relación a este hecho que “en el caso de Florencia Kirchner la fiscalización que se inició guarda relación con chequear el origen y declaración de los fondos descubiertos”. Y agrega: “Este temperamento se hubiera practicado respecto de cualquier contribuyente” en dicha situación.

Pero el planteo de nulidad de la actual vicepresidente se apoyó en un tecnicismo. En sus descargos, adujo que no fue notificada de la deuda en cuestión. Pero en ningún caso niega la misma. 

El citado Mecikovsky señala en su presentación que “el agravio que manifiesta se refiere a la falta de notificación de la Orden de Intervención”, y añade que “aparentemente olvida (N. de la R.: Cristina Kirchner) que recién en diciembre de 2017, en virtud de la reforma operada en la Ley de Procedimiento Tributario por la Ley 27430, la notificación de la orden de intervención pasó a ser exigida legalmente”. Y remata: “Hasta este momento, no notificar la O.I. no era señal de clandestinidad”, como alega la ex jefa de Estado.

En otro de sus párrafos, el ex subdirector de AFIP, hoy confinado a una oficina sin internet, asegura que “la abstención de contacto con la contribuyente ordenada por la Fiscalía incluía obviamente no practicarle notificaciones”. Por lo que subraya que “los funcionarios de AFIP, cualquiera sea su jerarquía, no podemos desobedecer una orden judicial”.

En tanto, Mecikovsky no duda en afirmar que “la deuda que se estaba determinando no era fruto de una persecución sino de impuesto a las ganancias que no había abonado la contribuyente y, tanto lo sabía, que esa deuda correspondía que, en 2020, según noticias que tomaron estado público, solicitó la exención en impuesto a las ganancias de los conceptos por los cuales se le realizó la determinación de oficio”.

Y sostiene lacónico: “Resulta preciso recalcarle que intentar cobrar lo que el contribuyente no paga conforme es su obligación, no es ni hostigamiento ni persecución sino cumplimiento de las obligaciones que le competen a los funcionarios de la administración tributaria”.

Sin embargo, la AFIP de Marcó del Pont convalidó lo aducido por la vice. Y de ese modo, el juez Claudio Vázquez sobreseyó a Cristina Kirchner de la causa por presunta evasión.