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Reelecciones e impuestos, la política cierra el año a contramano de la sociedad

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Juntos por el Cambio recibió un mandato básicamente negativo en estas legislativas: frenar abusos de poder y la voracidad extractiva de la política sobre la sociedad. No parece ser muy conciente de lo que se juega si viola esos encargos
Juntos por el Cambio recibió un mandato básicamente negativo en estas legislativas: frenar abusos de poder y la voracidad extractiva de la política sobre la sociedad. No parece ser muy conciente de lo que se juega si viola esos encargos

La política no dio descanso a lo largo de 2021, y parece que no piensa hacerlo tampoco en esta última semana, por más que la mayoría de los argentinos hayan entrado en el letargo de las fiestas y presten poca o ninguna atención a lo que hacen y discuten los gobernantes y la oposición en estas horas. Al contrario, pareciera que estos quieren aprovechar esa relativa falta de atención para apurarse a resolver temas particularmente complicados, con soluciones particularmente impopulares.

 

El cierre del año viene acompañado, así, de algunas discusiones bastante medulares para nuestro futuro político. Que pueden terminar de afectar el pacto de representación que la sociedad a duras penas sostiene con su dirigencia en los últimos tiempos, y que tambalea más y más cada vez que se tratan cuestiones que afectan la confianza de los votantes.

No estamos aún en un escenario de “que se vayan todos”. Pero convengamos que la idea no está del todo ausente, flota en el aire, alimentada por la sensación de frustración y el pesimismo generalizados. Que por momentos adquiere el tono de una verdadera pandemia de derrotismo colectivo: tan es así que “un país sin futuro ni líderes confiables” resulta una ajustada descripción de la Argentina de hoy para buena parte de sus ciudadanos.

Ese virus de la desconfianza se propaga rápidamente con cada manotazo que da el oficialismo para sobrevivir, a como de lugar, y con cada falta de reacción eficaz del lado de la oposición. Peor todavía cuando los manotazos encuentran más bien complicidad o colaboración, porque parte de la dirigencia opositora también aspira antes que nada a sobrevivir, y no es mucho más atenta que los oficialistas a los peligros de la desafección ciudadana.

El pacto fiscal que acaban de firmar casi todos los gobernadores (salvo los mandatarios de CABA, San Luis y La Pampa) con el presidente es explícito en cuanto a su finalidad: permitirle a las provincias seguir subiendo impuestos, como ingresos brutos, uno de los más nocivos para la actividad económica, o crear otros nuevos, como el de la herencia (que se debate también a nivel nacional, con lo cual no se sabe si es una carrera, a ver quién le gana de mano al otro, o piensan duplicar el cobro).

Algunos gobernadores, sobre todo los radicales, pero también Schiaretti y hasta Capitanich por el oficialismo, han dicho públicamente que no piensan hacer uso de esas libertades, que buscarán ajustar sus cuentas por otros medios y no cargarle el fardo una vez más a los contribuyentes. Pero no se entiende bien por qué ese compromiso es solo oral, y por tanto olvidable, mientras que el permiso de violarlo se lo llevan por escrito.

Lo que queda claro, y alimentará seguramente la desconfianza de los contribuyentes, es que enfilan para el lado contrario a lo que se habían comprometido en 2017: que irían paulatinamente disminuyendo las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos, cosa que en verdad muy pocos cumplieron. Y que aunque algunos no suban las alícuotas ahora, avalan a los que sí planean hacerlo y se reservan el derecho de imitarlos en el futuro, en caso de necesidad.

Para peor los mandatarios de la UCR hicieron alusión a un motivo bastante mezquino, y reñido con la justicia distributiva, para explicar la indisposición de la Ciudad de Buenos Aires a firmar el nuevo pacto: según ellos al distrito de Larreta “le sobra la plata”; algo en lo que ya había sido muy enfática Cristina Kirchner cuando el oficialismo nacional empezó a barajar la posibilidad de manotearle la coparticipación.

Larreta, por su parte, sigue insistiendo que no firma porque eso le complicaría el reclamo por la devolución de esos fondos. Aunque se sabe que hay otra razón de peso para no hacerlo: en CABA es donde más prendió hasta aquí el reclamo por bajar la presión tributaria, y que en las últimas elecciones expresaron, respectivamente, fuera del oficialismo local Javier Milei, y en su interna Ricardo López Murphy. Así que se entiende para Larreta no haya el mismo espacio para la ambigüedad que practican todavía con cierta soltura los gobernadores radicales.

Siguiendo con la tónica general “restauradora” y “antirreformista” que caracteriza a la gestión nacional, la bonaerense se ha venido planteando distintas alternativas para violar una de las mejores innovaciones introducidas en el distrito en tiempos de María Eugenia Vidal, el límite a la reelección de los jefes comunales, concebido para combatir la figura del “barón”, esos caudillos locales que desde 1983 a esta parte han dominado la política del distrito, se han mantenido en el poder a lo largo de décadas, igual que los jefes sindicales y los caudillos de las provincias más atrasadas del país, no precisamente porque sus gestiones sean impecables, y al contrario, han hecho mucho por convertir a la mayor provincia del país, en particular a su conurbano, en un monumento al fracaso de nuestra democracia.

La ley en cuestión, y en particular su reglamentación, tienen flancos débiles por los que se están colando los pícaros: unos cuantos intendentes del FdeT planean escaparle a la prohibición renunciando al cargo antes de cumplir la mitad de sus mandatos; otros empujan una reforma de la reforma, por medio de una nueva ley o de un fallo de la justicia, para empezar a contar el límite de una sola reelección a partir de 2023; y tanto unos como otros encuentran eco en jefes comunales de Juntos, o de otras fuerzas, que estiman en su caso no se justifica el celo prohibitivo, porque ellos sí están en condiciones de defender sus gestiones, y porque en otros casos ni siquiera aspiran a ser reelectos.

Todo lo cual revela, en última instancia, que lo que realmente está fallando en la provincia de Buenos Aires antes que nada es que los que gobiernan, en el nivel que sea y en nombre de quien sea, acepten que tienen que ajustarse a leyes generales, independientemente de los pillos o lo meritorios que sean o se crean.

El efecto inmediato, de todos modos, al menos en la esfera política, es más bien el contrario: la reforma se ha vuelto en contra de sus promotores. La ley de 2016 es motivo de escarnio para Sergio Massa, que ya no tiene mucho que perder en la provincia que vio nacer su Frente Renovador, así que tal vez mucho no se preocupe por el asunto, y para Vidal, que sí tiene aún un peso importante en el distrito, y está como gato panza arriba tratando de defenderlo tanto contra propios como contra ajenos.

Desprestigiar y debilitar a Vidal es vital para los restauradores y sus mandantes, los barones amenazados, porque no se trata solo de encontrarle la vuelta legal o judicial a las reelecciones. De lo que se trata ante todo es de que nadie con peso político los impugne ante la ciudadanía, nadie esté en condiciones o tenga interés en reivindicar la reforma de 2016, y le explique a los ciudadanos del distrito por qué que ella se cumpla es importante para sus intereses, para su capacidad de usar el voto para premiar o castigar a los partidos y sus caudillos, y lograr que alguna vez ese territorio deje de ser sinónimo de decadencia.

No es casual, por eso, que justo en estos días se esté alimentando desde la AFI y el oficialismo bonaerense un nuevo escándalo alrededor de la gestión de Vidal, ahora en relación con las denuncias contra el sindicato de la construcción de La Plata, que terminaron con el Pata Medina fuera del gremio y encausado. ¡¡¡“Lawfare!!!” , ¡¡¡“Mafia judicial!!!” denuncian los supuestos perseguidos por una gobernadora y una gestión que se atrevió a meterse con los mecanismos más turbios de la política provincial, y al menos a algunos de ellos los puso contra las cuerdas.

 
 

7 comentarios Dejá tu comentario

  1. Anticipo de un país feudal: la república murió en las provincias El kirchnerismo se apropió de los beneficios que le reporta el sistema feudal en las provincias Fuente: LA NACION - Crédito: Alfredo Sabat Sergio Suppo 24 de diciembre de 2020 • 00:15 El modelo terminado no estaba en el escenario de La Plata. No hacía falta, no era necesario mostrarlo; mejor dejarlo perdido en esa ignorada inmensidad que es el país de las provincias. Que se tratara de un mimo a Axel Kicillof por su primer aniversario de la gobernación bonaerense funcionó como una buena excusa para no invitar a los demás gobernadores. Ellos son, al fin, el verdadero destino final del proyecto político de Cristina Kirchner y su anunciada sucesión política. Detrás del relato y de las batallas culturales que tanto enamoran a cierta autopercibida progresía que nunca antes había acertado un número en la rifa política del país, debajo de los discursos de unidad continental y del amor por la épica bolivariana, se esconde un modelo que tiene poco de izquierda y nada de democrático. El kirchnerismo llegó para beneficiarse de un viejo método político que destruye el sistema republicano desde su base, en cada provincia. Y ya no permite que ningún gobernador rompa el coro y se proyecte como presidenciable. El país feudalizado solo se hace visible en el escenario político cuando se rompe algún engranaje del sistema feudal que lo maneja. El mismo Néstor Kirchner instrumentó con rigor un modelo que cuando él llegó a gobernar Santa Cruz, el 10 de diciembre de 1991, ya tenía un notable desarrollo en otras provincias. Ese país interior, lejano y desconocido para el 40 por ciento de quienes conviven entre la ciudad de Buenos Aires y el colapsado conurbano, solo se hace visible en el escenario político cuando se rompe algún engranaje del sistema feudal que lo maneja. Dato para gente preocupada: la república ya no vive en casi ninguna provincia. Un asesinato perpetrado por algún hijo del poder; el exotismo de algún estadio o autódromo nuevo rodeado de ranchos sin cloacas, agua ni electricidad; un ahogo financiero que detona conflictos; una extralimitación muy grosera en la permanente supresión de libertades; la exposición de bandas narcos que rompen las estadísticas con sus crímenes. Algo extraordinario debe ocurrir para que alguna provincia se convierta en noticia por algunos días. Dato para gente preocupada: la república ya no vive en casi ninguna provincia. En el mejor de los casos, en algunas se guardan mejor las formas o todavía resisten frenos institucionales para las hegemonías. Por ejemplo: solo Mendoza y Santa Fe no reformaron sus constituciones para permitir reelecciones consecutivas. Hasta cierto punto, eso impidió enraizar sistemas unipersonales de mando por demasiado tiempo. Otro caso: Córdoba, tan admirada por el macrismo, tiene un sistema judicial dominado en plenitud por el peronismo, que gobierna la provincia desde 1999 por intermedio de solo dos dirigentes. Son amplia mayoría las provincias en las que el feudalismo completa todos los requisitos. Hay, por cierto, situaciones más críticas. Y son amplia mayoría en las que el feudalismo completa todos los requisitos. A saber: Reelección indefinida o sucesión dentro de una misma familia. Poder Judicial limitado a investigar y condenar ladrones de gallinas (siempre que el acusado no sea amigo del poder). Alineamiento sin condiciones con el presidente de turno a cambio de mantener su propio territorio a salvo. Ninguno o muy pocos medios de comunicación con posibilidades de expresarse libremente. Un selecto e impenetrable club de contratistas del Estado dominado por el gobernador. Espionaje policial a opositores para garantizar el chantaje. Niveles de pobreza y de fragmentación social congelados y sin posibilidades de recuperación. Servicios esenciales, como salud y educación, en permanente precariedad, con excepciones cada vez más escasas de centros con algún nivel de excelencia. El cuadro se completa con dos datos socioeconómicos: escasa actividad privada y abrumadora mayoría de empleados públicos. Un repaso de la situación en el interior y su comparación con la realidad metropolitana permitirán encontrar que las diferencias no son grandes ni las distancias tan largas. Un repaso por estos puntos y su comparación con la realidad metropolitana permitirán encontrar que las diferencias no son grandes ni las distancias tan largas. Parte de lo que falta son objetivos explícitos del oficialismo. Por caso, el sometimiento de la Justicia, el desprecio y los intentos de subordinar al periodismo o el desinterés por la educación. Paso a paso, el modelo final del país se parece bastante a las miniargentinas sumergidas en el atraso y la ausencia de normas. La alegre y cómoda liga que gobierna el país interior dividido en parcelas anticipa el camino

  2. NOVARO parece que la alfombra roja para el MONARCA GOBERNADOR DE CÓRDOBA la mandaron. Parece que el "INFLUENCER " llamado así por nuestros periodistas Militantes locales, parece, va a concurrir el 5 de Enero 2022 a la Reunión con GUZMÁN y los Gobernadores donde intentará explicar que no hizo en 2 (dos ) años. Otra noticia de córdoba, quién aterrizó en nuestra Municipálidad de la Ciudad , el impresentablede GABRIEL BERMUDEZ

  3. "Larreta, por su parte, sigue insistiendo que no firma porque eso le complicaría el reclamo por la devolución de esos fondos. Aunque se sabe que hay otra razón de peso para no hacerlo: en CABA es donde más prendió hasta aquí el reclamo por bajar la presión tributaria..."JAJAJAJAJA....JAJAJAJAJA....JAJAJAJA...

  4. Con el titulo basta. Son tan brutos qu dicen que tenemos una casta dirigente mafiosa y a contramano de la sociedad, y siguen hablando de democracia.

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